El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presiona y dice que los servicios jurídicos desaconsejan pedir el toque de queda. Así lo ha asegurado a los medios antes de participar en la IX Edición del curso de verano Prensa y Poder organizado por el Colegio San Gabriel. “Mañana puede que tomemos decisiones o no”, ha remarcado el presidente autonómico después de que este miércoles la consejera de Sanidad explicara que van a estudiar si pedir el toque de queda en algunos municipios o si rebajan toda la Comunidad a nivel 2 de alerta.
Mañueco ha apuntado que el jueves el Consejo de Gobierno analizarán el informe de los Servicios Jurídicos, cuyo contenido todavía no conoce, aunque después de hablar “largo y tendido” con el director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que ese informe “va a desaconsejar que podamos solicitar el toque de queda”.
La incidencia acumulada está en 698 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que Mañueco ha calificado como “elevada” y ha asegurado que hay otros criterios como la ocupación en planta y en la UCI. Si la incidencia supera los 250 casos, se activa el nivel de alerta muy alto. Además, la ocupación en los hospitales ha empezado a subir, aunque a nivel autonómico siguen en nivel de alerta 'bajo. Burgos, sin embargo, tiene un 20% de las camas de UCI con pacientes con COVID y un 7% de COVID en planta.
El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, es un hombre de confianza de Mañueco, con el que trabajó entre 2007 y 2011 cuando Mañueco era consejero de Interior y Justicia. Su último puesto fue director de Ordenación del Territorio y Administración Local, donde también trabajó en las políticas de juego y apuestas y la gestión de las elecciones autonómicas de 2019. Además, fue en las listas electorales por Valladolid y y elegido procurador, aunque luego fue nombrado director de los Servicios Jurídicos.
Aunque ha asegurado no tener todavía el informe, Mañueco ha apuntado que “viene a analizar y reflexionar sobre los criterios del TSJ y el criterio del propio Tribunal Supremo tras varios autos de esta naturaleza”. Además, ha subrayado que la Junta mantiene su apuesta por los test de cribados entre los jóvenes a pesar de que la semana pasada el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, asegurara que estos cribados empezaban a tener una “utilidad dudosa” porque el grado de transmisión es tan alto que “genera un problema de sobreasistencia en Atención Primaria”. En la misma línea se pronunciaba el martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que priorizaba los cribados asistenciales sobre los masivos.
Mañueco ha reclamado un consenso “multilateral” y un cogobierno “real” en la gestión de fondos europeos y ha insistido en la vuelta de la mascarilla obligatoria en los espacios abiertos a pesar de que él no la llevaba durante su intervención. “Sánchez mandó un mensaje equivocado, dio la falsa idea de que el virus ya no estaba entre nosotros. Sánchez se equivocó y debe corregir cuanto antes”, ha exigido el presidente 'popular' que dirige Castilla y León en coalición con Ciudadanos.
Igea tiene “pocas esperanzas”
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha afirmado este miércoles en Palencia tener “pocas esperanzas” de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de luz verde al toque de queda en la Comunidad, como sí ha sucedido en la Comunidad Valenciana, informa Europa Press.
A la espera del informe de los servicios jurídicos de la administración regional, Igea ha destacado lo difícil que es explicar a los ciudadanos “que lo que lo que es posible en una comunidad es imposible en la de al lado”, ha indicado ante de participar en la jornada 'Problemática y abordaje de las sujeciones. La voz de los expertos' .
“Hemos leído el auto la sentencia que dice claramente que estas medidas solo se pueden tomar al amparo de lo previsto en la Constitución para los estados de excepción, alarma y sitio. Tenemos que analizar qué es lo que dice el auto del TSJ en Valencia, a ver si hay un margen entre uno y otro que nos permita entrar, pero lo que es terrible es que después de 16 meses todavía en este país no haya jurisprudencia, ni una norma, ni una ley” ha aseverado.
Según el vicepresidente de la Junta, de no aprobarse habría que implementar otras medidas, aunque ha destacado que la intención del Gobierno regional no es la de hacer daño a un sector, porque si se desplaza el ocio del interior al exterior, a los domicilios, parques, no se gana nada y se perjudica a la hostelería. “Tampoco podemos no hacer nada, no podemos dar el mensaje de que aquí no pasa nada, tenemos que tomar decisiones, porque lo que hemos visto es que la ola está creciendo a una velocidad desconocida” ha añadido.
“Tomamos decisiones la semana pasada pero no ha pasado tiempo suficiente para ver su impacto” ha recordado, mientras apuntaba que espera que la quinta ola no tenga el mismo impacto asistencial en los hospitales que las anteriores y que la letalidad sea baja.
Al respecto, ha explicado que las tasas de hospitalización en Castilla y León por 100.000 habitantes y de ingresos en UCI “están en la media de la Nación” y que aquí se realizan 2.900 test cuando la media nacional es de 2.000. “Con los cribados y con la búsqueda activa de casos siempre supone un incremento de la incidencia que algunos aprovechan para decir que estamos otra vez peor que nadie” ha subrayado.