Después de la reunión de la nueva consejera de Empleo, Leticia García, con los miembros del Diálogo Social celebrada esta semana, se produce el primer acercamiento en la mediación laboral (Serla) que reventó Vox. El gobierno monocolor de la Junta de Castilla y León permitirá pagar las deudas que tenía el Serla de 2023 y 2024: los gastos de alquiler, el sueldo del director del Serla y otros gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales.
El Consejo de Gobierno ha ampliado los posibles destinos de los 400.000 euros que la coalición PP-Vox dio para este ejercicio, la mitad que antes de que entrara a gobernar el partido ultraderechista después de meses de denuncias por parte de los sindicatos, que reprochaban que el Servicio de Relaciones Laborales estaba “en quiebra técnica”.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que con esto se pretende “seguir garantizando” el funcionamiento del Serla, que según él no se ha cerrado, a pesar de que ya no atendía conflictos laborales individuales para la provincia de Valladolid: en febrero de 2024 ya calculaban los sindicatos que había al menos 500 mediaciones que no se habían celebrado. Fernández Carriedo ha asegurado que se garantizará el funcionamiento del Serla “con el mayor nivel de austeridad posible” y ha puesto en valor que este es “un servicio relevante para conflictos laborales” y que permitió “evitar huelgas y reducir la conflictividad”.
Fernández Carriedo ha apostado por “examinar” si la Junta de Castilla y León es capaz de “prestar el mejor servicio posible con el menor gasto posible” y ha insistido en debatir si otras administraciones públicas deberían también financiar el Serla. “Quien no tiene la culpa es el gerente del serla o el propietario de esos locales”, ha zanjado.
Dos años llenos de conflictividad
El Serla ha sido uno de los objetivos que se había fijado el exconsejero de Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, durante sus dos años al frente de esta área. Este mes de junio, suprimió la unanimidad dentro del Serla para “liberar” al servicio de las “cadenas sindicales” que la “oprimían”. Veganzones tenía previsto cambiar la sede, suprimir el puesto de director general, reducir el número de mediadores para finales de agosto, unos planes que en principio no continuarán tras el cese del consejero, que se dio de baja de Vox horas antes de que Mañueco le destituyera tras la ruptura de Vox con el Partido Popular en todas las autonomías en las que gobernaban.
En abril la Junta consiguió desbloquear una partida económica para el Serla con 400.000 euros, igual cantidad que en 2023, a pesar de que hasta 2022 la fundación estaba recibiendo 800.000 euros aproximadamente. Sin embargo, entonces el Consejo de Gobierno (PP-Vox) se excluía al director del servicio y el pago del alquiler del local en el que trabajaba.
En abril de este año, las seis personas que trabajan en el Serla presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque no habían cobrado el sueldo de los tres meses anteriores.
En septiembre de 2023, y ante el juzgado, el director del Serla, Julio Cordero, veía “imposible” mantener el servicio con estos 400.000 euros. Cordero declaró como testigo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia después del recurso interpuesto por UGT y CCOO contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y la concesión de 400.000 euros para la Fundación del Serla. El Juzgado de lo social del TSJ derivó el caso al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo porque consideró que carecía de “competencia objetiva” para dirimir sobre si la financiación del Serla es suficiente o no.
El acuerdo aprobado es fruto del compromiso adquirido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo este mismo lunes con CEOE, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social y constituye“ el punto de partida” para abordar las dificultades económicas de la Fundación.
“El objetivo del Gobierno autonómico es alcanzar un acuerdo tripartito consensuado, con criterios de eficiencia económica y seguridad jurídica, que dé estabilidad a la Fundación”, señala el gobierno autonómico a través de un comunicado.