Las prioridades de PP y Vox en Burgos: 50.000 euros a una novillada y 'tijeretazo' de 119.000 a ONG que ayudan a migrantes

El Ayuntamiento de Burgos retirará los 119.000 euros de ayudas a las ONG ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural por considerar que  contribuyen “al efecto llamada” y a la “inmigración ilegal”. Así lo ha asegurado este viernes el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox) que ha comparecido en rueda de prensa para defender los presupuestos municipales para 2025.

Las cuentas municipales para 2025 contarán con la bonificación del IBI a familias numerosas, retrasar la entrada de la tasa de basuras a 2026, incorporación de la perspectiva de familia, estudio del plan de rebajas impositivas y bonificaciones para incentivar la implantación, conservación y transmisión de negocios. También 50.000 euros para “una feria taurina” que consistirá en una novillada.

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento burgalés ha definido a las cuentas para 2025 como “las más realistas de la historia” y que harán que, comparando con la “economía doméstica”, Burgos no viva “por encima de sus posibilidades”.

Del 'tijeretazo' a las ayudas a las ONG se libra Cáritas que contará con 19.000 euros. Sobre la entidad vinculada a la Iglesia, Martínez-Acitores no ha terminado de concretar los motivos aunque ha asegurado que no “colabora con el efecto llamada”. Para el vicealcalde, tras estudiar el objeto del convenio suscrito con las organizaciones y a qué destinaban las partidas, su “conclusión” es que “en un caso está justificada y en nosotros no”.

Durante su intervención, Martínez-Acitores ha querido quitar importancia a la cuantía suprimida a las ONG. “Estamos hablando de 119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, ha significado. Preguntado al respecto de la importancia de esta afirmación, el concejal de Vox ha apuntado que “en realidad dónde hay que hacer hincapié es en la dignidad, más que en la cantidad”.

La inmigración, “el grandísimo problema” en Burgos, según el Ayuntamiento

En la rueda de prensa, Martínez-Acitores ha tratado de justificar una nueva polémica contra los migrantes al señalar que tratan de poner su “granito de arena” al “grandísimo problema de la ”inmigración ilegal“. En junio de este año el vicealcalde trataba de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar ”posibles casos de empadronamiento ilegal“. Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos ”ilegales“ para ”recibir ayudas o intentar regularizar su situación“. También señaló un posible ”fraude electoral“ en estos empadronamientos además de apuntar que ”todas“ las causas están relacionadas ”con casos de inmigración ilegal“.

En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.

“La inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”

En la disertación de Martínez-Acitores para justificar retirar las ayudas de “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, el concejal de Vox ha indicado que considera que “la inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”. “A nosotros el problema de que fallezca gente en el Mediterráneo nos preocupa mucho”, ha apostillado.

“A Vox nos votan muchos inmigrantes. No solo nos votan, sino que tenemos simpatizantes afiliados aquí mismo, en la ciudad de Burgos. Simpatizantes, afiliados, cargos orgánicos que son inmigrantes”, ha señalado.

“Que lleguen aquí y que estén en condiciones pésimas, que vivan en guetos, que no tengan casi para comer, nos preocupa mucho, pero queremos afrontarlo de raíz”. Desde el Ayuntamiento de Burgos, como ha explicado, quien “reducir el efecto llamada” para evitar esta situación. Para ello, el vicealcalde ha indicado que se han destinado “esas partidas presupuestarias” a otros fines sociales de la Concejalía de Mayores, Juventud, e Infancia.

Con esos “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, como ha indicado el representante de Vox, la extrema derecha cercena dentro de las competencias municipales las ayudas a diferentes ONG burgalesas. El PP ha aceptado aunque es un acuerdo fruto de “una negociación, no un chantaje ni una amenaza”, como indicó este jueves la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP).

“Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox”, explicó Ballesteros.

Ballesteros detalló que en el borrador presupuestario mantienen en la misma cuantía que este año las ayudas a cooperación internacional, que también a petición de Vox se redujeron a la mitad, quedando en menos de 500.000, en la negociación del presupuesto de 2024, el primero del gobierno de coalición PP-Vox tras las elecciones de 2023. Lo único que recogerá el presupuesto de 2025 para las ONG será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30 % de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos.

PSOE ve en la medida “un perjuicio importantísimo a la ciudad”

La concejala del PSOE, Sonia Rodríguez, ha lamentado que la retirada de ayudas supone “un perjuicio importantísimo a la ciudad”, ya que “muchísimos vecinos y vecinas de Burgos van a dejar de recibir esos servicios especializados”.

La socialista ha señalado que el PP “no ha sido diligente en su defensa de los intereses municipales” y ha cedido a “las presiones de Vox” que sin más datos exclusivamente se basa “en eslóganes que vienen de Madrid”

En el PSOE han alertado de los recortes del PP y Vox en materia en las que la derecha radical populista está en contra, como la eliminación de ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad o la reducción a la mitad del presupuesto de la de cooperación internacional en los presupuestos para 2024.

Rodríguez ha reprochado a PP y Vox que rompan con convenios de colaboración que llevan “décadas” y que resultan “fundamentales” para el desarrollo normalizado de los servicios sociales de la ciudad. La concejala ha señalado el repentino “cambio de criterio” del equipo de gobierno puesto que el Ayuntamiento amplió los convenios el año pasado.

El trabajo de estas ONG, como ha explicado la edil socialista, “no solo se desarrolla gracias a la aportación municipal”, aunque son “imprescindibles” hay otras administraciones, empresas y particulares que contribuyen.“No se trata de cifras, de si es mucho o es poco, porque efectivamente el Ayuntamiento aporta poca cantidad para el beneficio que la ciudad y sus y sus ciudadanos obtienen”, ha matizado Rodríguez.

Sobre las palabras del vicealcalde en las que dice que las ONG contribuyen “al efecto llamado, la socialista ha aseverado que solo demuestran ”el desconocimiento asombroso de un responsable político municipal hacia el trabajo que realizan las asociaciones que trabajan en Burgos“.

La edil socialista ha indicado que la llegada de los inmigrantes a Burgos “siempre” ha estado vinculada a las oportunidades de trabajo. En una ciudad en la que la tasa de paro fue del 8,31% en septiembre de 2024, la relación entre ONG y empresas es necesaria para que las personas migrantes se incorporen al mercado de trabajo “con mayor eficacia con acciones de formación y asesoramiento de cara a la contratación”. “Las empresas también confían en estas entidades y recurren a ellas para mejorar su plantilla o porque tienen unas necesidades que no pueden cubrir con las ofertas actuales”, ha agregado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha ofrecido este mismo viernes al Partido Popular apoyar los presupuestos a cambio de que rompan con Vox. Este ofrecimiento también lo hizo el exalcalde de Burgos en septiembre pasado cuando en septiembre el secretario general de la formación, Ignacio Garriga quien advirtió que a su partido “no le temblará el pulso” de romper los pactos de gobiernos locales.

Las ONG estudian cómo atender a los migrantes tras la retirada de ayudas

Las ONG que atienden a migrantes en Burgos estudian cómo seguir atendiendo sin los recursos municipales a los cientos de personas vulnerables a las que ayudaban hasta ahora. Fuentes de Accem han señalado este viernes a EFE que la entidad recibió 28.188 euros el último año a través de este convenio, gracias al cual ha atendido de forma individualizada, desde hace más de 20 años, a 5.848 personas de 96 nacionalidades distintas. Esto ha posibilitado su plena inserción en la ciudad, “contribuyendo a la cohesión social y la convivencia intercultural en la sociedad burgalesa”. Otra ONG, Burgos Acoge atendió el año pasado a dos mil setecientas cuarenta y seis personas, según fuentes consultadas por este periódico.

Desde Accem han asegurado que les apena que se pierda “la larga y excelente” colaboración con la administración municipal, ya que considera que ha prestado “un gran servicio a la sociedad burgalesa en esta larga trayectoria”, que ha supuesto “un importante apoyo al tejido social de la ciudad”. Así ha sido reconocido, recalcan, con diferentes premios como el Reconocimiento Meninas Castilla y León 2023 de la Delegación del Gobierno.

Sobre qué pasará ahora, Accem ha subrayado que su prioridad “siempre son las personas”, por lo que estudia cómo solventar la situación para seguir atendiendo a los migrantes en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la Asociación Atalaya Intercultural, adscrita al Servicio Jesuita al Migrante, recibió el último año 13.000 euros gracias a este convenio, con el que han atendido a 385 migrantes en situación de vulnerabilidad, según han señalado fuentes de la entidad. La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda son personas latinoamericanas (sobre todo de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador) y marroquíes, muchos de ellos en situación administrativa irregular.

Del total de personas atendidas, 343 son menores y jóvenes a los que prestan apoyo escolar: les proporcionan el material que sus familias no pueden darles y refuerzo educativo, además de otras actividades como campamentos de verano o recursos de ocio para adolescentes. La asociación también se encarga de dar techo a 42 migrantes sin recursos, en tres pisos en los que viven familias y una casa de acogida en la que residen otras personas sin cargas familiares.

Desde la entidad han asegurado sentir inseguridad e impotencia al ver recortados los recursos del Ayuntamiento y aseguran que, más allá de la aportación económica, lo peor para ellos es el riesgo de perder el nexo que han construido con la ciudadanía desde hace 21 años, cuando comenzaron con su labor en la capital burgalesa.

De cara al año que viene, sin los recursos de la corporación municipal, intentarán seguir atendiendo al mismo número de personas o “a todos los que se pueda”, aunque prevén que tendrán que recortar recursos, como el material escolar que proporcionan a las familias.