El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado este viernes una Proposición de Ley de “igualdad real y efectiva” de las personas LGTBI+ en la Comunidad. Una de las principales novedades es la inclusión del concepto 'sexilio', y más concreto en el medio rural, dentro del texto. Como ha explicado el procurador del PSOE, Miguel Hernández, “el 'sexilio' le sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI+”.
Según ha expuesto el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, la norma está destinada a “romper ese muro”. “Queremos que se le dé visibilidad, porque hemos visto también cómo, de forma inconcebible dábamos pasos atrás”.
Tudanca ha enumerado los incidentes con la bandera LGTBI en las Cortes desde que Vox accediera vía acuerdo con el PP a la Presidencia de la cámara en 2022. Además, ambos procuradores socialistas han recordado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la colocación de banderas y cómo en ciudades, como en Valladolid, se han registrado recientemente agresiones a personas del colectivo.
Hernández, que ha sido el procurador encargado de trabajar con los diferentes colectivos LGTBI+, ha señalado que esta ley con 76 puntos y tres disposiciones adicionales cubre la “necesidad” de un colectivo que, “estadísticamente” representa entre el 10% y el 15% de población.
Principales puntos
Uno de los principales “focos” que se va abordan en la proposición es el mundo rural. El procurador socialista ha indicado que Castilla y León es una “comunidad autónoma principalmente rural” y por ello se tienen que hacer políticas para el colectivo LGTBI+ que vive en los pueblos.
Es en el medio rural, como ha afirmado Hernández, dónde se lleva asociado un “agravante” en cuanto a “una doble discriminación”. Primero por “el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI”+ y, segundo, “por el mero hecho” también de vivir en este entorno.
La ley también recoge otras minorías, como las personas sin hogar, como personas que pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centra en personas mayores, que “durante mucho tiempo han tenido que vivir en ese ostracismo que no les han permitido ser o desarrollarse como personas”.
El proyecto es una trasposición de las normativas estatales a la comunidad, ya que Castilla y León es “la única” sin una ley LGTBI+ propia, como ha apuntado desde el PSOE. Más allá del 'sexilio', la ley contempla la formación de los profesionales del mundo de la sanidad, de la educación, de la cultura, a los funcionarios públicos de la junta de Castilla y León, del resto de administraciones públicas.
En Sanidad, la propia ley prevé actuaciones integrales y multidisciplinares en materia de intersexualidad o por ejemplo en los tratamientos de asignación de sexo. También se pide protocolos acordes a las necesidades de las personas LGTBI, “poniendo foco y especial atención en las personas trans”, ha desglosado el procurador.
Además, “se pide, se exige y se trabajará por una lucha contra la estigmatización de las personas enfermas del VIH, se garantiza la dispensación de la profilaxis post exposición y, en definitiva, cuestiones relacionadas en materia educativa, en materia sanitaria con las necesidades de las personas LGTBI+”, ha apuntado Hernández.
En Educación se quieren elaborar “programas y guías de educación sexual que hablen de la diversidad sexual” para la concienciación de padres y alumnos en materia de diversidad. Además, los medios de comunicación y la cultura son importantes en esta materia.
En el ámbito laboral, medidas para que “ningún trabajador se vea obligado a esconderse o a no trabajar en empresas o administraciones que persigan esa condición sexual” y “políticas de empleo activas”, ha señalado el representante socialista
Hernández ha matizado que la proposición “no es una ley contemplativa” y tendrá “un régimen sancionador” para quien incumpla lo que se establezca. “Se establece una serie de sanciones de infracciones que van lógicamente categorizadas en función de la condición de la víctima, la intencionalidad del agresor, la naturaleza o la gravedad del riesgo que se haya asumido, y el objetivo, como puede ser otro, que el de prevenir, reparar y corregir los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación, ha apostillado el procurador.
El PP, el único para negociar la aprobación
El principal escollo para esta Proposición de Ley se encuentra en las cifras parlamentarias. El PSOE cuenta con el punto de partida del 'no' de Vox, como ha indicado el portavoz de este Grupo en el parlamento autonómico, Luis Tudanca. El líder socialista ha señalado al PP, como única forma de conseguir que la iniciativa prospere.
Tudanca ha pedido al Partido Popular que “vuelva a la senda del raciocinio” y apoye su proyecto de ley como en Castilla-La Mancha,Extramadura y Canarias, donde los 'populares' permitieron sacar adelante las normativas autonómicas. “Con tal de que salga adelante estamos dispuestos a negociar lo que haga falta”, ha comentado Hernández para reclamar al PP que “se vuelvan a la senda de la centralidad y del raciocinio” para no “ser arrastrados por Vox”.
El líder de los socialistas no ha podido fijar en el calendario la fecha de debate de la iniciativa. Según ha explicado Tudanca, “PP y Vox” están haciendo que solo se pueda debatir un proyecto de ley en cada pleno . “Todo depende de cómo se levante el señor Pollán por la mañana, ante lo que ha instado al resto de Grupos a dar salida ”cuanto antes“ a todas las propuestas, que solo el PSOE en las últimas semanas ha registrado cuatro proposiciones de ley contando con la de este viernes.