No hay rastro alguno, más allá de las declaraciones, sobre el protocolo antiaborto que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), anunció el pasado 12 de enero y ha tensionado el pacto de gobierno entre PP y Vox. Una semana después, la Junta ha publicado el acta de ese consejo de gobierno. El protocolo no formaba parte de los acuerdos de esa reunión porque ni se estaba aprobando una normativa ni tenía una partida presupuestaria, pero sí se informó en lo que se denomina “toma en consideración”. En el acta se recogen tan sólo los acuerdos y nunca se mencionan temas de actualidad o tomas en consideración que se hayan tratado, de ahí que no haya una sola referencia a las medidas antiaborto. En la rueda de prensa de ese día, el portavoz de la Junta, Carlos Fernandez Carriedo, dio paso al vicepresidente y a las medidas diciendo: “Son medidas que han sido puestas en conocimiento del Consejo de Gobierno, tanto por el vicepresidente como por la Consejería de Sanidad, cuya aplicación se va a poner en marcha por la Consejería de Sanidad”
El único rastro escrito que hay, de momento, es la nota de prensa que se facilitó a los periodistas en esa rueda de prensa del pasado jueves y que sigue colgada en la web de la Junta. Elaborada por la Consejería de Sanidad, decía en su primer párrafo: “La Junta de Castilla y León promoverá una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias, como uno de los ejes de las políticas públicas de los próximos años y en consonancia con las acciones recogidas en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox”. Pero además, en otro de sus párrafos precisaba que se implantaría un nuevo protocolo: “La segunda medida se centrará en la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre. Como se sabe, el latido fetal puede identificarse en un estudio ecográfico a partir de la sexta semana de embarazo utilizando la técnica de Doppler. Si bien la recomendación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) es la realización de tres ecografías durante el embarazo en las semanas 12, 20 y 33 para el correcto control y seguimiento de la gestación, en situaciones específicas esta exploración puede llevarse a cabo con mayor frecuencia, incluyendo una primera ecografía entre la semana 6 y 9 del embarazo para el primer registro del latido cardiaco”.
Sin embargo, este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que se tratase de nuevas medidas y que se vaya a implantar un nuevo protocolo. Según él, ahora se trata de “actuaciones de mejora de las prestaciones sanitarias”. Pese a que se le ha preguntado en varias ocasiones cómo y cuándo se iba a informar a los médicos de las “actuaciones”, Carriedo ha esquivado la respuesta aunque ha reconocido que la nota de prensa del pasado 12 de febrero que no es “un protocolo”, pero que a la vez “sigue vigente”.
Tampoco desde la Junta quieren precisar cómo se ha pasado de anunciar el envío de una Instrucción a los médicos, a no precisar nada. Desde la Consejería de Sanidad tampoco quieren concretar si el consejero, Alejandro Vázquez, y García-Gallardo, llegaron a firmar el acuerdo con las medidas. Un acuerdo que, según ha reiterado García-Gallardo en los últimos días “fue, obviamente, consensuado con el consejero”. Es más, él llegó a asegurar en cuatro ocasiones en la rueda de prensa que las nuevas medidas serían “obligatorias para los médicos”.
Ahora, con la Junta intentando convencer a los medios de que sacaron de contexto la información que dieron por escrito y en rueda de prensa e intentando no responder al requerimiento de Moncloa con una “inadmisión” que es imposible, García-Gallardo permanece mudo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha pronunciado en Twitter, no para anunciar una rectificación, sino para denunciar la política “de acoso” del Gobierno nacional, que el pasado domingo pidió explicaciones sobre su intención de hacer escuchar el latido del feto a mujeres que quieran someterse a un aborto.