La sombra del 'pitufeo' persigue a Mañueco en plenas negociaciones para ser presidente

El presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, intenta estos días cerrar un acuerdo de gobierno con Vox, una alianza que convertiría a la comunidad en la primera con un partido de extrema derecha al frente del Ejecutivo. No es la única batalla que libra. Mientras negocia, los abogados del PP pelean en los juzgados contra una investigación por presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en la que sobrevuela el 'pitufeo', la técnica con la que se lava dinero mediante pequeñas transacciones bancarias para darle una apariencia de procedencia legal.

En la causa no sólo está imputado el partido como persona jurídica, también su presidente provincial, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez. El presunto delito se cometió en la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, cuando Mañueco concurrió a las primarias que acabó ganando y que a la postre le llevaron a presidir Castilla y León. De la nada, según se desprende de la investigación, y del “altruismo” de sus cargos electos, según el PP, se consiguieron más de 60.000 euros en una semana para que afiliados morosos votasen.

La fórmula la explicó el propio Iglesias en su primera y única declaración judicial –se acogió a su derecho a no declarar cuando debía hacerlo por segunda vez ya en calidad de investigado– en la que se refirió a una “maquinaria ingente” que se puso en marcha de manera “espontánea” el 10 de marzo de 2017, cuando se conoció que el entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera no se presentaría a la reelección; que Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, estaba dispuesto a asumir el mando; y que se enfrentaría al alcalde de León, Antonio Silván, que también quería estar al frente del PP autonómico. “Ilusionados” porque “un salmantino” pudiese alcanzar la presidencia de la Junta, cargos electos decidieron que había que poner una cantidad de “entre 300 y 1.000 euros” para pagar las cuotas impagadas de militantes, condición imprescindible para poder votar. A 31 de diciembre de 2016, el PP de Salamanca tenía 4.913 afiliados que no estaban al día en el pago de la cuotas.

Ingresos a nombre de afiliados sin autorización expresa

Así se organizaron dos grupos, uno en la Diputación de Salamanca, y otro en el Ayuntamiento, donde se recogía el dinero. Sin el menor asomo de apuro, se ha reconocido ante el juez que usaron dependencias de la Diputación y del Ayuntamiento así como personas que trabajaban para los grupos provincial y municipal para un cometido totalmente distinto al que tenían. Fue ahí donde se recibió el dinero, y se contactó, supuestamente, con los morosos, no se sabe con cuántos, para ofrecer el pago de la deuda. Posteriormente, el dinero se llevó a la sede del PP. Pero es que además de usar esas instalaciones para actividades del partido, no se dejó constancia ni de quién entregaba el dinero, de cómo lo entregaba ni tan siquiera a quién: no hay un solo recibo de entrega. Tampoco hay autorizaciones expresas de esos militantes en cuyo nombre, una administrativa del partido, hoy cargo de confianza en la Diputación de Salamanca, acudió a la entidad bancaria donde el PP tiene sus cuentas, para ingresar una por una la cantidad necesaria para satisfacer la deuda de cada uno. El juzgado no ha tomado declaración a los responsables de esa oficina para que expliquen cómo alguien puede ingresar dinero en nombre de una tercera persona sin una autorización, más si ello implica recuperar la condición de militante de un partido político que se pierde si no se abonan las cuotas.

Aparentemente, la 'operación Mañueco' fue un éxito: 1.400 militantes se inscribieron para votar en las primarias y finalmente lo hicieron 1200. De esos, 800 habían sido morosos y de ellos algo más de 500 dejaron de serlo gracias al “altruismo” del PP. En tan sólo una semana se consiguieron 61.937,65 euros y 41.490 euros corresponderían a la generosidad de senadores, diputados, concejales y asesores del PP. El resto del dinero recaudado corresponde a transferencias en cuenta entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, por un total de 4.012,15 euros; de cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria (7.004 euros); y otras cuotas abonadas por afiliados en la propia sede para el posterior ingreso nominativo en cuenta corriente (9.431,5 euros).

Declaraciones juradas a la desesperada, también de Mañueco

Para demostrar que 41.490 euros llegaron de esa operación altruista, el PP aportó varias 'pruebas': desde declaraciones juradas de los supuestos donantes, hasta extractos bancarios o recibos de cajeros. Pero en algunos casos se han metido recibos de 2018 (la recaudación fue en marzo de 2017), en otros extracciones de varias cantidades que no dejan claro que tuviesen tal fin, y en definitiva y en palabras del fiscal “un conglomerado desordenado” que dejaban sin justificar la procedencia de más de 24.000 euros. Además de imputar al partido, al presidente y a la gerente, se ha denunciado la situación ante el Tribunal de Cuentas. Mientras, el PP de Salamanca, ha intentado justificar a la desesperada el origen de ese dinero por segunda vez con una nueva tanda de declaraciones juradas, entre ellas, la de Alfonso Fernández Mañueco, tal y como adelantó esta semana elDiario.es.

Mañueco asegura en el escrito que aportó 1.000 euros para abonar cuotas de afiliados, una cantidad discreta para ser en su propio beneficio, y que no coincide con las extracciones bancarias por valor de 900 euros que remitió hace año y medio el PP al juzgado que instruye el caso. Aparentemente, con las nuevas declaraciones juradas, en las que aparecen donaciones tan dispares como las de cifras redondas de 500 y 1000 euros y otras de 1.240 y 1.700, se trata de cuadrar unas cuentas dudosas. Es más, las declaraciones juradas no corresponden sólo a los cargos electos, también a militantes de base. El asunto podría llevar a Mañueco a declarar en el juzgado, tal y como ocurrió con la primera lista de declaraciones juradas.

Donaciones prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos

Suponiendo que la versión del PP sea cierta, y se recaudase así el dinero, se trataría de una donación finalista. Los testigos que dieron ese dinero ya explicaron al juez que el objetivo era pagar cuotas impagadas para que más gente votase a Mañueco y, por lo tanto, conocían el destino que tendría su aportación. La Ley de Financiación de Partidos prohíbe expresamente las donaciones finalistas. Para rizar más el rizo, uno de los donantes fue el diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de Partidos, y muy recordado en Salamanca por haber perdido en un bar un sobre lleno de billetes. Bermúdez de Castro, obviando esa ley, declaró ante el juez que la recaudación “fue una cosa al margen del partido”, “una cosa entre amigos” y “altruista”.

Pero es que, además, las donaciones deben ingresarse en una cuenta habilitada para tal fin, y no se hizo. En su defensa, el PP sostiene que la operación no es más que un “pago de deuda a terceros”, el problema es que los que pagaban no sabían a quién ni cuánto estaban pagando. A quienes, por el momento, no se ha podido preguntar, es a los afiliados supuestamente beneficiados por la generosidad de los cargos electos. El PP pidió que se anonimizasen sus datos y se protegiese su “intimidad ideológica”, y así están en el juzgado. Cada militante figura identificado por iniciales y por el último numero y la letra de su DNI. El listado sin anonimizar también está en el juzgado, pero bajo llave. Ninguna parte puede acceder a esos datos.

Si tienes alguna información relacionada con esta noticia, escríbenos a pistas@eldiario.es