La última reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León servirá, el jueves, para aprobar el Decreto que regulará las condiciones de la prórroga presupuestaria a la que se ha visto abocado el Gobierno autonómico por no conseguir apoyos para ni tan siquiera presentar un proyecto de ley de Presupuestos al Parlamento autonómico.
Será el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien detallará el contenido de ese decreto que, al contrario de lo ocurrido hace un año, cuando la Junta prorrogó las Cuentas casi con el proyecto de ley en la recámara y con el propósito de comenzar a tramitarlo en enero, en esta ocasión no se atisban opciones de contar con un nuevo presupuesto en lo que resta de legislatura.
Normalmente, ese decreto de prórroga, al que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha tenido que recurrir en cinco ocasiones durante los casi seis años de presidencia que lleva, trata de dar cobertura legal a la gestión administrativa de unos créditos que necesariamente tendrán que ser modificados a lo largo de 2025.
Entre otras cosas, porque muchas de las partidas incluidas en los presupuestos de 2024 ya se habrán gastado al concluir obras o inversiones, y tendrán que encontrar un nuevo destino por parte del Gobierno autonómico, en este caso pese a no contar con el respaldo del Legislativo.
Cruce de reproches y estrategias
Precisamente esa falta de acuerdo parlamentario ha derivado en los últimos meses en el principal argumento de enfrentamiento entre el Gobierno, ahora con el PP en minoría, y la oposición que desde las reuniones iniciales mantenidas en septiembre ha desconfiado de la voluntad real de Mañueco de llegar a un acuerdo presupuestario.
Sin negociación previa con la oposición y sin precedentes en la historia autonómica, el presidente optó por presentar el 15 de octubre su propuesta de techo de gasto y un anteproyecto de ley de Presupuestos, pero con el formato de la habitual presentación del proyecto de ley que posteriormente se registraba en las Cortes para su tramitación.
Ese movimiento fue observado desde el primer momento como un primer acto preelectoral por parte de la oposición, que denunció que la ristra de partidas e inversiones 'vendidas' por Mañueco y el PP como si fueran parte del proyecto de ley no presentado carecían de valor, al no contar con el apoyo necesario de las Cortes.
Todo hacía indicar que, al llegar al debate parlamentario, la propuesta de techo de gasto de la Junta sería rechazada en las Cortes por una oposición que dejaría en minoría al PP, pero todo cambió al anunciar el PSOE que se abría a abstenerse en esa votación para intentar buscar un acuerdo sobre las partidas que debía incluir el proyecto de ley de Presupuestos.
¿Farol presupuestario?
Como si de una partida de cartas se tratase, el PSOE ha denunciado en las últimas semanas que el “farol” que Mañueco intentó jugar con el techo de gasto le salió mal y ahora tiene que disimular con unas rondas de conversaciones para un posible acuerdo presupuestario que no verá la luz, dadas las distancias que existen entre las exigencias de la oposición y la negativa del PP a cambiar determinadas partidas de lo que fue su propuesta de máximos, cuantificada en el anteproyecto de ley alumbrado el 15 de octubre.
Sin embargo, el consejero de Economía y Hacienda, como encargado de sacar adelante las cuentas, ha mantenido el pulso negociador con varias rondas de contactos que han ido perdiendo fuelle a medida que se ha acercado el final del año.
La última de estas rondas, en teoría telefónica, está anunciada para esta semana marcada por las festivas jornadas de Nochebuena y Navidad, por lo que nada hace indicar que haya posibilidad de avanzar en una negociación vacía de resultados.
El consejero detallará el jueves si ha llamado o no a sus interlocutores y, de hacerlo, si esa conversación ha ido más allá de felicitar la Navidad y de plantear buenos propósitos para 2025, entre los que no parece fácil que vaya a darse un acuerdo presupuestario.