El TSJ de Castilla y León deriva la decisión sobre la financiación del Serla al juzgado contencioso-administrativo

La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado que carece de “competencia objetiva” para dirimir sobre si la financiación de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Fundación SERLA) es suficiente. La demanda, interpuesta por UGT y CCOO al entender que el Serla carecía de dotación económica suficiente, tendrá que ser llevada por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJCyL ha analizado la financiación del Serla y ha concluido que no está relacionada con las competencias laborales o sindicales de la administración. En cambio, el acuerdo y la orden que autorizan su financiación son el resultado de la forma en que la Junta de Castilla y León organiza sus recursos financieros, basándose en la idea de mantener un presupuesto equilibrado. Pero en ningún caso se trata de un asunto que tenga que ver directamente con una materia propia del orden social.

Es por esto que el TSJ ha entendido que no es la jurisdicción social la que arbitra el “control de las resoluciones administrativas sobre su reconocimiento y cuantía” y ha derivado la competencia al ámbito contencioso-administrativo. Al conocerse la sentencia, los sindicatos denunciante y la Junta de Castilla y León han valorado la resolución de forma diferente.

Los sindicatos critican que el TSJ “no ha entrado al fondo de la demanda”

UGT y CCOO han valorado que el TSJCyL “no ha entrado al fondo de la demanda” y han apuntado que para “dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones tendremos que seguir esperando durante al menos dos años una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al Serla”.

Esta prolongación de la “incertidumbre en los referente a la resolución de conflictos laborales” es perjudicial tanto para los trabajadores como para las empresas en nuestra comunidad, según representantes de CCOO y UGT en Castilla y León.

Los sindicatos también han recordado que han presentado una demanda en la que impugnan el acuerdo de la Junta de Castilla y León y la orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación Serla para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023.

Este acuerdo, como han indicado, concedió 400,000 euros al Serla para su financiamiento en 2023, reduciendo un 60% la financiación respecto al año anterior. Además, se excluyeron del subsidio el contrato del director del SERLA y los gastos de arrendamiento de sedes a partir del 1 de julio, trasladándolos a edificios de la administración.

También se estableció que el Servicio de Relaciones Laborales solo intervendría en conflictos colectivos, excluyendo los individuales entre trabajadores y empresas, que previamente se resolvían solo en Valladolid y limitando la intervención a mediadores o árbitros.

Los sindicatos han subrayado que el “Serla es un servicio público y que la Consejería no puede tomar decisiones unilaterales respecto a su funcionamiento, como se hizo en la propuesta mencionada.”

Valoración de la Junta de Castilla y León

Por su parte, desde la Junta de Castilla y León han apuntado que la sentencia recoge que “la Junta tiene la competencia para determinar la cantidad de financiación del Serla” al haber determinado que “la jurisdicción laboral no tiene la autoridad para cuestionar las decisiones administrativas” del Ejecutivo autonómico.

Como han explicado, el Serla se estableció mediante acuerdos entre las principales organizaciones sindicales y empresariales de la región: UGT Castilla y León, CCOO Castilla y León y CECALE. En un comunicado, desde la Consejería de la Presidencia han señalado que al ser una fundación pública de la Comunidad solo se cuenta con la única financiación de la Junta.

Omitiendo que la sentencia insta a los sindicatos a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Desde la Junta han precisado que el TSJ ha señalado que “la Sala de lo Social de Valladolid considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del SERLA no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria”.

Un financiación “imposible” según el director del Serla

La polémica sobre la financiación del Serla radica en el recorte por parte de la Consejería de Empleo de la financiación. Según el propio director del servicio, Julio Cordero, es “imposible” mantener el servicio con los 400.000 euros que da la Junta de Castilla y León. Como lo ha apuntó en septiembre cuando declaró como testigo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Según Cordero en el 2022 el gasto fue de 848.000 euros y el previsto para este año es de 865.000 euros. “No es posible mantener el servicio con menos”, explicó.

Los abogados de los sindicatos mayoritarios y la abogada del Estado pidieron al Juzgado que considere que el acuerdo de la Consejería de Empleo, dirigida por Vox, es “contraria a la normativa laboral”.

La Abogacía del Estado ha reprochado que la Junta de Castilla y León solo haya realizado un estudio “basado en la situación económica y no en las necesidades o el resultado del servicio”. “Deben garantizar su cumplimiento”, ha insistido. La Fiscalía, que apenas ha intervenido en la sesión, no ve “base suficiente” para continuar con el proceso judicial y se ha posicionado en una línea similar a la de la Junta de Castilla y León, cuyo letrado se ha amparado en la “potestad de autoorganización de la Administración”.

Entre la defensa de la Junta está que los presupuestos autonómicos “no son ilimitados” y “se tienen que controlar”, como manifestó el letrado del Ejecutivo autonómico. Desde esta administración también se planteó la posibilidad de que no sea solo la Administración autonómica la que financie el Serla, sino que también pueden participar los sindicatos, la patronal o incluso el Gobierno de España.