UGT de Castilla y León ha criticado la política “errática” de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ante las propuestas presentadas por el consejero del ramo, Mariano Veganzones, en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo y ha afeado que firme convenios con diputaciones “sin el conocimiento” de los agentes del Diálogo Social.
Así lo señalan desde el sindicato ante la aprobación, por parte del consejero Veganzones de tres puntos, recogidos en la convocatoria, que competen a las subvenciones a entidades locales de la comunidad autónoma, tanto en materia formativa como de contratación, las propuestas de necesidades formativas para trabajadores ocupados y las relativas a trabajadores en situación de desempleo.
Tal y como ha indicado el secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, “no se ha realizado ningún seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Empleo de Castilla y León en los ejercicios 2021-22 y 2022-23, ni propuestas, ni debate ni diálogo”.
Además, ha añadido que “se ha anulado el presupuesto para que los agentes sociales con mayor representatividad” gestionaran “los programas de orientación, formación e inserción laboral para la totalidad de los castellanos y leoneses”.
Por lo tanto, y en palabras de Santa Eufemia, “al no tener constancia de cómo se llegan a desarrollar las propuestas, ni los itinerarios, ni las necesidades formativas, así como la creación de subvenciones de empleo” solo pueden “votar de forma negativa”.
Por otra parte, el representante de UGTCyL ha señalado “otro debe importante” en la actuación del consejero Veganzones al mantener sin dirección al ECyL desde hace 10 meses, por lo que “resulta irrisorio hablar de empleo, estrategia de orientación, formación e inserción ante la desidia manifestada por el responsable de Empleo en Castilla y León”.
“Con el despropósito de la Junta en cuanto a la gestión y ejecución de los fondos transferidos con relación a la estrategia de empleo estatal, el Ministerio penalizará a Castilla y León en los fondos presupuestarios para 2024, y será la ciudadanía de la comunidad la que pague las consecuencias de la errática y destructiva política de la consejería de Empleo, con la anuencia del presidente Mañueco”, ha zanjado.
Y en lo que respecta al ámbito local, según el secretario de Acción Sindical, “deberán ser los ayuntamientos y diputaciones quienes denuncien la imposibilidad de llevar a cabo con éxito las medidas del Plan de Desarrollo Local, ante la dejadez de la consejería de Empleo, tal y como ya ha ocurrido en 2022”.