Vox anuncia la disolución del organismo de mediación laboral SERLA en Castilla y León por la “falta de financiación” autoimpuesta

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha anunciado este viernes que inicia los trámites para la disolución de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA). El titular de la cartera, Mariano Veganzones, de Vox, toma esta decisión tras mantener una reunión con el patronato de la entidad por “el endeudamiento actual y la falta de financiación”.

Vox pone punto y final así a un organismo que solo en 2022 realizó 3.534 procedimientos de conciliación en conflictos individuales, una cantidad que es la más alta de su historia, y que ni aún así ha servido para convencer al partido de extrema derecha, que como ya ha anunciando en multitud de ocasiones tiene como objetivo recortar en 20 millones las subvenciones al Diálogo Social, lo que supone, acabar con un servicio del que permite llegar a buen término y sin pasar por los tribunales los conflictos laborales.

El motivo esgrimido por Vox, en un comunicado ,es que el SERLA carece de financiación y, por ende, se encuentra en una situación de endeudamiento. Esta situación se debe a que no cuenta con partida presupuestaria para este 2023 y que la Consejería ha autoimpuesto en las cuentas autonómicas aprobadas en diciembre.

En el encuentro que ha tenido lugar entre Consejería, patronal y sindicatos, según ha relatado la propia Junta, “se ha propuesto una cofinanciación asumiendo desde la Administración Pública el mismo coste que supondría la prestación de estos servicios a través de las Oficinas Territoriales de Trabajo y que el resto de los costes de mantenimiento del SERLA corran a cargo de los firmantes del acuerdo interprofesional”. La respuesta de los agentes sociales a esto ha sido negativa.

La patronal, por su parte, ha ofrecido que “el SERLA atienda únicamente los conflictos colectivos”, según la nota. “Para ello”, han relatado desde la Consejería, “desde la Dirección General han indicado que habría que revisar la eficacia y la productividad del servicio porque actualmente es ineficiente y deficitario”. Una vez más, en el texto compartido, se hace mención a su falta de rentabilidad económica y función a pesar de que el historial de este organismo se vuelve a incidir en el aspecto económico por lo que los sindicatos han rechazado también esta propuesta.

La solución de la Consejería pasa porque las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Junta que vienen asumiendo esta labor en todas de las provincias de la Comunidad excepto en Valladolid.

Desde la llegada de Vox a la Junta, el Serla y el Diálogo Social se han visto en el punto de mira de la formación de extrema derecha. La predecesora en el cargo de Veganzones, Ana Carlota Amigo, de Ciudadanos, en 2020 señalaba la “voluntad” de la Junta de Castilla y León de mantener el apoyo a la Fundación Serla para que las organizaciones sindicales y la patronal “sigan desarrollando, en su seno las labores de mediación y arbitraje que les son propias”.

Tirando de hemeroteca, en 2016, el que fuera portavoz de Empleo de PP en las Cortes y ahora portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz afirmaba que el Serla aunque “más costoso” para la Junta, genera un ahorro para la sociedad en su conjunto y para los tribunales, al evitar el litigio por el acuerdo de las partes, lo que lleva a no tener el coste de los honorarios de abogados y procuradores, así como el tiempo y los plazos en procedimientos “a veces traumáticos”.

Volviendo al presente, en diciembre de 2022, el consejero de Economía y Empleo y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba que el 1 de enero el SERLA “seguirá existiendo” y también los contratos de los trabajadores que desarrollan su labor en él porque “no ha habido ninguna decisión” que diga lo contrario, a pesar de que no dispondrá de presupuesto en las cuentas autonómicas. No mentía el portavoz.

Este organismo clave en las relaciones laborales nació en 1997 fruto de un acuerdo del Diálogo Social firmado por el gobierno del PP, el mismo partido político que va a permitir que ahora no cuente con aportación económica. CCOO y UGT han destacado la incertidumbre que crea esta situación ya que no se sabe que va a pasar con las personas trabajadoras en este servicio, ni con los conflictos que tienen cita para enero, ni adonde deben acudir las personas trabajadoras cuando ocurra un conflicto laboral.