El consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), ha eliminado la unanimidad en los acuerdos del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), lo que supone que el gobierno autonómico “estará liberado” a partir del 15 de agosto de las “cadenas sindicales” que “oprimían” al Serla.
Dos de las primeras medidas que prevé implantar el consejero serán el cambio de sede y la supresión del puesto de director general, cargo que asumirá la Dirección general de Trabajo, seg. Veganzones prevé también reducir el número de mediadores, ya que, a su juicio, este trabajo se puede hacer con un solo mediador por provincia. Todo ello se prevé que esté cerrado antes de que concluya el mes de agosto. CCOO y UGT votaron en contra de la adaptación de los estatutos a la nueva ley, CEOE se abstuvo y los patronos de la Junta apoyaron esta modificación.
El secretario de de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, reprochaba hace unos días que la Consejería “escondía” la “cobardía” de quien pretende “destruir un servicio” al culpar “a un tercero”.
Comisiones Obreras criticaba que la Consejería se 'preocupe' por los trabajadores tras tres meses de impagos y les 'mintiera'. “El SERLA no paga la Seguridad Social, porque no tiene fondos y no tiene fondos porque la Consejería le ha recortado la financiación”, afirmaba Fraile a través de un comunicado.
El consejero ha afeado que los sindicatos acusen a la Junta de “secuestrar” el Serla, cuando, a su juicio, “es todo lo contrario”. “Lo que hemos hecho es liberar al Serla de las cadenas sindicales que estaban oprimiendo y que estaban impidiendo que realizasen sus funciones con una doble perspectiva, con una mayor eficacia y eficiencia y con un mayor control del gasto”, ha señalado.
De este modo, Veganzones ha recordado que cuando Vox accedió a la administración ya puso de manifiesto un “desfase” entre ingresos y gastos en el Serla de “más de 70.000 euros”, lo que llevó a realizar una auditoria tras la que se “reformularon” las cuentas de esta Fundación. También ha asegurado que la Consejería de Hacienda ha vuelto a reclamar al Serla la justificación de 140.000 euros de las subvenciones que el organismo de arbitraje recibió en 2022.
En los últimos dos años, la Junta de Castilla y León ha reducido a la mitad su aportación, del millón de euros a los 400.000, con unos fondos cada vez más dirigidos. En la última aportación de 400.000 euros, se excluyó al director de la Fundación SERLA y se prohibió que se usara esa cantidad para pagar el arrendamiento porque la Consejería asegura que el pasado verano “se habilitó un espacio de trabajo gratuito”. Ese espacio que el director del Serla calificó como “una zona de paso” cuando declaró como testigo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha asegurado que estos cambios suponen un “paso más” hacia la “destrucción” del Diálogo Social. “El gobierno de PP y Vox va a destruir a la representación legítima y constitucional de los trabajadores”, afirmó este martes. Tudanca criticó que a la extrema derecha “todo” le parezca una dictadura menos “las de verdad” mientras “cambian las leyes” de manera unilateral “para cambiar las mayorías cuando estas no les favorecen”.
El consejero de Industria ha augurado que a los sindicatos finalmente no les quedará otro “remedio” que reconocer que estas medidas “van en buen camino” porque no es eficiente tener un instrumento privado financiado con fondos públicos para la mediación de conflictos individuales algo que “sólo funciona en Valladolid”, ya que “en el resto de la Comunidad lo hace la Junta”. “Se resisten a reconocer ese fracaso y lo único que queremos es que lo reconozcan y que el trabajo de la mediación, arbitraje y conciliación laboral se realice en toda la Comunidad en unos términos similares y homogéneos”, ha explicado.