Vox quiere retirar el sueldo y exclusividad de Francisco Igea en las Cortes de Castilla y León después de que el informe de los Servicios Jurídicos del parlamento rechazara la petición del PP de aplicar a Igea el Pacto Antitransfuguismo y expulsarle del Grupo Mixto.
Actualmente hay tres miembros en el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, inicialmente formado por Podemos, Por Ávila y Ciudadanos. Dos procuradores —Pablo Fernández, de Podemos, y el exvicepresidente autonómico y ex de Ciudadanos, Francisco Igea— de los tres que componen el Grupo Mixto se rotan para llevar la portavocía del Grupo Mixto. Cada seis meses, uno de los dos tiene dedicación exclusiva, asignada con 76.737,08 euros anuales.
Tras el primer intento fallido del PP por reducir la participación de Francisco Igea en el parlamento autonómico, ahora el partido de extrema derecha pide a la Mesa de las Cortes modificar ad hoc un acuerdo del mismo órgano de 2021. Vox pretende retirar la dedicación exclusiva que pueden tener los miembros del Grupo Mixto si el procurador no está adscrito a ningún partido por haber sido expulsados o haber abandonado la formación por la que se presentó en las elecciones autonómicas.
“Hoy tenemos un nuevo capítulo de 'Matemos al señor Igea', que empieza a ser una serie larga”, ha ironizado Igea a través de la red social X, que ha llamado al portavoz de Vox, Carlos Menéndez, el “chico de los recados” del portavoz 'popular', Raúl de la Hoz. “la persecución y ganas de silenciar a este procurador empiezan a rayar en el acoso y probablemente en lo delictivo, si alguien tomara una decisión de este tipo”, ha advertido Igea, que no cree que la Mesa de las Cortes vaya a aprobar esta modificación que plantea Vox.
“No es admisible que se siga lucrando, pese a su condición de tránsfuga, de la percepción de una dedicación exclusiva”, defiende Vox, que cree que privar a Igea de la dedicación exclusiva no afecta a sus funciones y derechos, sino que “obedece al criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrara la voluntad política”. También prevé adaptar el reglamento para evitar que Igea “siga gozando” de los “privilegios” de ser el portavoz del Grupo Mixto y que deje de cobrar su dedicación exclusiva “por representarse a sí mismo”.
El partido de Santiago Abascal quiere retirar el régimen de dedicación exclusiva a Francisco Igea —o a Pablo Fernández, que sigue en Podemos—, aunque sí permitirle cobrar las compensaciones e indemnizaciones por gastos derivados de la asistencia a las sesiones y reuniones de los órganos de la cámara, según el escrito, al que ha tenido acceso este diario.
El procurador Francisco Igea considera que de esta manera Vox pretende “limitar la capacidad de acción” y sus “derechos a la participación política” como representante público, según su escrito a la Mesa de las Cortes.
El exvicepresidente autonómico cree también que, de aceptar la petición de Vox, los miembros de la Mesa podrían incumplir el artículo 542 del Código Penal —por impedir el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes— y de prevaricación al dictar una resolución “a sabiendas de su injusticia”. Además, asegura que esta modificación podría incurrir en el “fraude reglamentario” al pretender “introducir una previsión dictada únicamente para procuradores no adscritos”.
Los servicios jurídicos de las Cortes de Castilla y León calificaron a Igea de “tránsfuga”, pero no ve posible aplicar el Pacto Antritransfuguismo —al que Vox no pertenece— por “la falta de adaptación del reglamento” porque no se contempla la posibilidad de que un procurador del Grupo Mixto pueda ser no adscrito. “Ningún procurador puede ser expulsado ni puede abandonar el Grupo Mixto”, asegura el informe jurídico, lo que para Vox supone “una laguna legal” que impide aplicar “las merecidas consecuencias jurídicas”.