Vox ha registrado en el parlamento autonómico una propuesta de reforma del Diálogo Social contra el “monopolio” de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y la principal asociación empresarial (CEOE), para eliminar “privilegios sindicales” y promover una “gestión eficaz” de los recursos públicos.
“Queremos abrirlo, democratizarlo, quitar el monopolio a la UGT, CCOO y CEOE, y reforzar el papel de la sociedad civil en el debate público de Castilla y León”, ha argumentado este jueves el portavoz parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo, un día antes de la presentación de nuevos acuerdos alcanzados en el Diálogo Social.
Autónomos y pymes
Esta reforma, a través de una proposición de ley para modificar la de 2008, pretende abrir la representación de autónomos y pymes dentro del Consejo del Diálogo Social, con el fin de incorporar a otros sindicatos como CSIF, CONFERCO y USO, en el plano laboral, y a la asociación de autónomos ATA en clave empresarial, ha puesto como ejemplos.
Vox propone, en este punto, la consideración de sindicato mayoritario al que haya obtenido al menos el 3% del total de delegados de personal o miembros del comité de empresa, o el 10% en el caso de un ámbito específico dentro de la administración autonómica.
En el supuesto de las organizaciones empresariales, se considerarán mayoritarias las que agrupen el 5% o más de las empresas y de los trabajadores, o bien las que reúnan también un 5% pero de las personas físicas que estén comprendidas en los dispuesto por el primer artículo del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Piden su apoyo a UPL, Soria ¡YA! y Por Ávila
García-Gallardo no teme al rechazo parlamentario de esta propuesta: “Somos inasequibles al desaliento, no perdemos la esperanza”, pero ha añadido que partidos como la UPL, Soria ¡YA! y Por Ávila “tendrán que dar explicaciones si no la apoyan”.
Otros puntos de la reforma del Diálogo Social se refieren al valor del presidente del Consejo del Diálogo Social, al conferirle la potestad de ratificar todos los acuerdos que sean adoptados.
El número de representantes en el Consejo de los sindicatos y asociaciones empresariales será determinado con arreglo a un criterio de “paridad”, y en ningún caso “percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos”.
Vox defiende que no va contra UGT, CCOO ni CEOE
“No es una normativa contra UGT, CCOO y CEOE”, ha aclarado el portavoz parlamentario de Vox y vicepresidente del gobierno autonómico hasta hace dos meses, sino que los recursos públicos “se gestionen con eficacia y se dirijan a donde haga falta, con seriedad y responsabilidad”, ha precisado.
García-Gallardo desea unos sindicatos “que de verdad defiendan los intereses de los trabajadores y no que hagan el paripé, que vendan una apariencia para proteger sus privilegios, ya caducos, y engordar sus cuentas de resultados”.
Se ha anticipado así a la presentación de nuevos acuerdos del Diálogo Social prevista para este próximo viernes: “¿Cuántos millones le va a costar a Mañueco su nuevo abrazo con UGT, CCOO y CEOE? ¿Por cuántas monedas de plata se van a vender éstos a Mañueco par dar una impresión impostada de Paz Social?”, se ha preguntado.
Apuesta por “un nuevo modelo donde el dinero favorezca la eficacia, las necesidades sociales, y no para financiar los privilegios de los líderes sindicales mayoritarios”, ha insistido tras rechazar el Diálogo Social emprendido por Juan Vicente Herrera en 2008 y el modelo “continuista de Fernández Mañueco”.
Acusan a Mañueco de “venderse a la agenda de la izquierda”
El líder autonómico de Vox ha acusado al presidente de la Junta de “venderse a la agenda política de la izquierda” a través de los acuerdos del Diálogo Social, y aclarado que su grupo no negociará su propuesta a cambio de acuerdos parciales relacionados con la tramitación de los presupuestos de la comunidad o el techo de gasto.
Preguntado por la presentación de esta reforma tras la salida de Vox del gobierno autonómico y no antes, cuando tenía responsabilidades de gobierno, ha explicado que este planteamiento ya lo había reivindicado pero entonces “de un modo discreto y reservado” dentro del ejecutivo autonómico en aras a “la lealtad” a su socio.