La alcadesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha dado marcha atrás en la polémica retirada de ayudas a las ONG que trabajan con inmigrantes en los presupuestos de 2025, impuesta por Vox para sacar adelante las cuentas municipales del gobierno que preside y que han generado una ola de rechazo vecinal y social.
Ayala ha anunciado que el PP recuperará esas ayudas en el proyecto de presupuestos 2025, lo que deja en manos de su socio de gobierno cumplir su amenaza y no apoyar las cuentas y dejar el gobierno municipal si no se llevaban a cabo esos recortes, que han provocado duras críticas de la oposición, los sindicatos y organizaciones sociales y vecinales. La alcaldesa ha reconocido que la concentración multitudinaria de rechazo a la medida “nos ha hecho pensar”.
“Nosotros no vamos a romper esa estabilidad”, señaló la alcaldesa de Burgos para asumir lo que Vox pueda hacer en este momento, rechazar los presupuestos y salirse del gobierno municipal. Y recordó que para sacar adelante las cuentas municipales existen alternativas como la moción de confianza si Vox se niega a apoyar las cuentas.
De momento el PP llevará los convenios con las ONG con una enmienda que llevará a la Comisión de Hacienda el martes que viene. En ella figurará que se mantenga una partida económica con las tres organizaciones vetadas por Vox “con las mismas cifras” que en 2024. Ayala ha asegurado que de la decisión se ha informado al PP de forma vertical, desde el presidente provincial, Borja Suárez; al presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. En este sentido, ha reconocido que el responsable del partido a nivel autonómico, Fernández Mañueco, y la secretaria general, le han mostrado su convencimiento de que “era el paso que había que dar”
Este miércoles una manifestación multitudinaria llenó la Plaza Mayor de la ciudad castellana para protestar contra la medida impuesta por Vox y aceptada inicialmente por el PP de eliminar las ayudas a las ONG que trabajan con migrantes, que motivó que otras como Cáritas rechazaran cualquier ayuda del consistorio burgalés. La supresión de la partida dentro de los presupuestos de PP y Vox para 2025 de 119.000 de euros deja en el aire la situación de unas 7.000 personas y supone una “ruptura social”, explicó la presidenta de Accem en Burgos, Gloria Aguilar.
La crisis en el gobierno municipal de Burgos se desató al conocerse que Vox había impuesto al PP la desaparición en los presupuestos del 2025 de la partida destinada a las entidades que atienden a la población migrante de la ciudad, que hasta ahora gestionaban las organizaciones ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural. Acto seguido otras organizaciones como Cáritas anunciaron que renunciarán a ayudas del consistorio si no daba marcha atrás. En la mañana de este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala (PP) señaló que no quería “asumir” el coste de que no hubiera cuentas municipales para 2025 por lo que “en este momento no hay opción de cambiar el presupuesto”.
La decisión del Ayuntamiento motivó a Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, a advertir al Ayuntamiento de Burgos que peligraba el título de 'Ciudad Amiga de la Infancia', según reconoció la portavoz municipal este jueves, Andrea Ballesteros.
Vox asume la marcha atrás si el dinero va a “inmigración legal”
El grupo municipal de Vox anunció minutos después de la comparecencia de la alcaldesa que asume la marcha atrás del PP, presumiendo además del apoyo a las cuentas que consideró “un hito” por “realistas”. Vox reconoció que la cuestión de negativa a fondos a las ONG que trabajan con migrantes fue “un acuerdo en el borrador de presupuestos con nuestro socio” y que “por las razones que sea” van a enmendar esos presupuestos.
“Había un acuerdo de borrador con Vox pero ahora desde el PP van a enmendar”, ha señalado el vicealcalde y portavoz Fernando Martínez-Acitores. “Nosotros, partiendo de la base que somos muy cuidadosos y queremos que los ciudadanos de Burgos sean referente en la convivencia y en la solidaridad y las cosas se realicen conforme a la ley y una regulación ordenada, vamos a hacer una transaccional a esa enmienda”, señaló. Su propuesta es condicionar que “esas partidas sean siempre referidas a la inmigración legal, a la inmigración regular”. La extrema derecha condiciona que “no se destine ni un euro a situaciones de inmigración ilegal”. Para ello pedirán comisiones de seguimiento de que “esto sea así”. Además Vox pedirán que la misma cantidad destinada a esas asociones se amplíe en los conceptos “mayores, infancia y juventud”. “Está abierto este proceso”, aseveró el portavoz de Vox, sin querer concretar a preguntas de la prensa si el gobierno se mantiene. Al menos hasta la comisión de Hacienda del próximo martes seguirá unido, aunque no hay pacto, “nos hemos comunicado uno a otro lo que vamos a hacer”.
Alcaldesa gracias a Vox
Cristina Ayala llegó al puesto de alcaldesa de Burgos tras las elecciones municipales de mayo del 2023, cuando gracias a un pacto von Vox logró los apoyos para conseguir el cargo, aunque en campaña electoral había insistido al PSOE que se dejara gobernar a la lista más votada. El PSOE ganó con 12 concejales pero la suma de los 11 del PP y los 4 de Vox entregó el gobierno municipal a Ayala.
En junio de este año Vox trató de hacer que la Policía Municipal de Burgos realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, según aseguró el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, difundiendo el bulo de un posible “fraude electoral” en estos empadronamientos además de apuntar que “todas” las causas están relacionadas “con casos de inmigración ilegal”. En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala desautorizaró a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.
La salida de Vox en el gobierno de la ciudad de Burgos se produce en un contexto de enfrentamiento entre PP y Vox en Castilla y León tras la salida hace meses de la extrema derecha del gobierno de Mañueco. Ambos partidos gobiernan también en la ciudad de Valladolid, entre otras poblaciones de la comunidad, donde como mucho en febrero de 2026 tendrá que haber nuevas elecciones.