¿Cuándo dinero cuesta matar un lobo ibérico en Castilla y León? La respuesta rápida, para no pillarse los dedos, es que unos miles de euros. Pero no es fácil concretar la cifra que le cuesta a un cazador acabar con la vida de este animal que desde hace pocos meses goza de la mayor protección posible en España por considerarse especie en extinción y, por tanto, tiene prohibida su caza. Además, con esa protección acordada por el Gobierno llegó la polémica constante, sobre todo convertida en arma política.
El precio por abatir un ejemplar de canis lupus signatus con todas las de la Ley se acaba de airear debido a un litigio administrativo interpuesto por un club de cazadores por no poder cazar precisamente los lobos en la marañan judicial de los últimos años en Castilla y León que ha mantenido a este animal a salvo de las balas.
Este club pidió a la Junta de Castilla y León que les pagaran daños y perjuicios por no poder disparar contra los lobos en dos modalidades deportivas dentro del coto que gestionan. No pudieron hacerlo porque aunque la Junta de Castilla y León se lo había autorizado para el año 2018, por aquel entonces el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León suspendió por sentencia todo el plan autonómico de aprovechamientos comarcales de lobo en todas las provincias al norte del Duero, León incluida, para tres temporadas: de 2016 a 2019. El motivo fue una denuncia de la asociación conservacionista Ascel, basado en las 'chapuzas' autonómicas para estimar su población.
9.291 euros pedían los cazadores por “daños y perjuicios”
La primera cifra del coste de un lobo aparece en la petición de indemnización que los cazadores de este club le exigen a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que preside el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones por no poder matar entonces una pieza que suponían concedida en las modalidades de aguardo o espera y rececho en su coto de caza: 9.291 euros. Es el “importe con que valora el ejemplar de lobo, por no haber podido recibir el ingreso” que este club de caza había calculado recibir por el ejemplar.
Este litigio se ha planteado ahora en 2022 ante el Consejo Consultivo de Castilla y León, organismo autonómico para mediar en este tipo de conflictos, aunque la entidad le da la razón a la Junta y se la quita a los cazadores: no ha lugar al pago de responsabilidad patrimonial. Y eso a pesar de que la resolución admite que el Gobierno autonómico tardó casi un año en contestar al club, al que previamente había concedido y entregado los correspondientes precintos para esta caza. Sin embargo, la Consejería alega precisamente que al no contestar, el resultado final fue de denegación “por silencio administrativo”.
El “valor de mercado”
Aparte estas disquisiciones, lo cierto es que la Junta no comparte la valoración económica del daño por no poder cazar su lobo y contrapone lo que cree que es el “valor de mercado”: 2.500 euros. Ese es el precio de la cabeza de un ejemplar de lupus ibérico que plasma en sus informes la Consejería de Medio Ambiente.
Sin embargo, existe otra cifra prácticamente intermedia para este mismo hecho cinegético: 6.000 euros. Es una cuantía 'de Ley'. Y es que se trata del dinero que establece la Junta de Castilla y León, tanto para machos como para hembras, en su polémica Ley de Caza aprobada el pasado año 2021, llamada Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Polémica porque también se aprobó sorteando otra sentencia condenatoria del TSJ a la Junta, que de hecho dejó en 2019 a todo el territorio de la Comunidad sin caza, a causa de los muchos defectos de la norma que los jueces observaron.
Lo que suma la Ley de Caza
En ella, el Gobierno autonómico introduce un anexo final con el coste de cada una de las piezas cinegéticas permitidas, y en el caso del lobo aparecen esos 6.000 euros dentro de la caza mayor. Se trata de la segunda mayor cuantía después de los 12.000 euros de los machos de cabra montés (la hembra 'sólo' 4.000), y por encima de los 5.000 euros de un rebeco.
Precisamente, esta inclusión de la especie entre las cazables, y su cuantía, es motivo de la denuncia promovida por el Gobierno central contra la Junta de Castilla y León, y que esta semana ha sido admitida a trámite en el Tribunal Constitucional, por entender que seguir manteniendo la caza del lobo en su normativa contraviene la protección para toda España aprobada el pasado mes de septiembre.
Fue entonces cuando se decidió la inclusión del lobo ibérico en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre), una medida denostada políticamente por Castilla y León, Galicia, Cantabria o Asturias, criticada también por cazadores y organizaciones agrarias y aplaudida por organizaciones conservacionistas. La cuantificación de 6.000 euros como cifra oficial por matar a disparos un lobo parece, así pues, la más certera.
186 lobos cazados legalmente en León en ocho años, 356 autorizados
Cabe recordar que sólo en la provincia de León, la que mayor población tiene en la comunidad autonóma, en los últimos ocho años (desde 2013 a 2021) han muerto por disparos de cazadores, con el visto bueno oficial de la Junta, un total de 186 ejemplares de lobo. Son datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ya publicados por ILEÓN.
Son muy poco menos de la mitad de los 356 autorizados a abatir por parte de la Consejería en las diferentes comarcas leonesas, cifras que contrastan cuando las cifras del último censo oficial existente sobre la especie en la provincia, que suma un total de 433 ejemplares estimados.
Eso en cuanto a las muertes 'oficiales', que por tanto en seis años habría supuesto al menos un beneficio de 1.116.000 euros solo en la provincia de León, lo que arroja multiplicar los 186 ejemplares muertos por los 6.000 euros por cada cabeza. Y eso sin sumar los numerosos ejemplares de lobo que todos los años mueren por otras causas, como furtivismo, atropellos o hasta envenenamiento. Por poner un ejemplo, y de nuevo con cifras oficiales autonómicas, en 2017 los abatidos por cazadores fueron 24 pero otros nueve murieron por alguna de las otras causas.