La presunta financiación ilegal del PP de Salamanca: decenas de ingresos de cuotas atrasadas de afiliados dos días antes de las primarias

La acusación particular del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca durante el proceso de primarias, Foro de Izquierdas Los Verdes, ha presentado al juez que instruye la causa pruebas “extraídas de la Contabilidad Oficial del PP”, en concreto de la plataforma informática Lanza, en la que están registrados los nombres y apellidos, cuotas ingresadas, lugar, fechas, DNI, teléfonos  y dirección de  más de 12.000 afiliados desde enero de 2012, y que presuntamente vieron abonadas sus cuotas atrasadas para poder votar en las primarias de marzo de 2017.

En el escrito que ha presentado al Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, aportan extractos de esa contabilidad que han obtenido. Según explica la acusación, el programa Lanza está integrado en todas las delegaciones del Partido Popular para la gestión integral de los afiliados y el cobro de las cuotas, una base de datos donde se registran las altas y las bajas, si han votado o no y su situación financiara respecto de las cuotas. Es también desde ese programa desde donde se remiten antes del día 30 de junio de cada año en curso la contabilidad del año anterior al Tribunal de Cuentas. Las contabilidades del Partido Popular son autónomas a nivel agrupación municipal, provincial, autonómica y nacional.

Más de 250.00 euros

Siempre según la versión de la acusación, los dos candidatos de las primarias, Alfonso Fernández Mañueco, que las ganó y hoy preside Castilla y León, y Antonio Silván, junto al entonces coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maíllo, calcularon que se necesitaban más de 250.000 euros para poner al día las cuotas de los morosos. Según esa teoría, entregaron a los “ingresadores/conseguidores” que tenían en cada provincia, las cantidades necesarias en dinero b y en billetes pequeños. Los ingresos eran de 155 euros y de 15 en el caso de los miembros de nuevas generaciones, que para votar sólo necesitaban estar al día de los pagos en el último año.

Las cantidades se abonaron en la semana del 13 al 17 de marzo de 2017, y especialmente, los días 15,16 y 17, “poniendo como concepto el nombre de cada afiliado moroso, en la mayoría de los casos en cajeros automáticos -menos en ventanilla- haciendo el ingreso de un afiliado seguido del otro”. En León la cifra final total ingresada ascendió a 20.000€, aunque el cálculo inicial era de 30.000. Aseguran que Fernández Mañueco recibió los 10.000 sobrantes, si bien esta afirmación no está apoyada por ninguna prueba documental o testifical, al menos en el escrito.

En los extractos aportados puede verse por ejemplo lo que ocurrió en Salamanca, donde “todos los afiliados morosos captados para Mañueco”, aparecen en un listado en el que se consigna que todos los ingresos de los atrasos, con el concepto 'cuota 2012-13-14-15-16'. Los abonos se realizaron en el mismo banco, dos días antes de las votaciones, y todos con el mismo importe, 155 euros. Los ingresos, subrayan, se producen “sin solución de continuidad” sin que se registrasen en ese mismo día otros asientos contables de afiliados que pagasen una sola cuota. Además prácticamente todos los afiliados que aparecen, 35 hicieron el ingreso el 15 de marzo de 2017 en el mismo pueblo. En concreto, 29 morosos saldaron su deuda con el PP en Encinedo y 6 lo hicieron en Castrillo. Y otros dos también ponen al día sus pagos al día siguiente en Encinedo.

También explican cómo se produjo un “error interpretativo” en León, donde los “conseguidores” entendieron que se tenían que abonar cuatro cuotas y no cinco, por estar el año en curso, y por las que se pagaron en ese caso 124 euros. Hubo más errores, según la acusación particular, y que es que apareciesen miembros de Nuevas Generaciones con pagos asociados de 124 euros cuando sólo debían pagar 15.

Además de aportar una parte de estos documentos, la acusación hace un relato de hechos en el que incluso se refiere a un problema personal del presidente de Castilla y León, y se refiere a los conseguidores como “procesionarias del pino” unas orugas que se desplazan cubriéndose la cabeza unas a otras y las que el miembro principal es una hembra.

Entre las muchas diligencias que pide, solicita la testifical de todos los gerentes del PP de las sedes provinciales de Castilla y León también del de la autonómica, así como la de políticos en activo o ya retirados entre los que figura Fernando Martínez Maíllo. Entre esas 39 personas proponen también a Antonio Silván.

Aseveraciones “ofensivas y novelescas”

El PP de Salamanca en su escrito de alegaciones no entra en “las muchas aseveraciones ofensivas” o “carentes del más mínimo sustento”, que, a su juicio, realiza la acusación particular, si bien entiende que pretenden extender de forma indebida el objeto de la causa. Señala que esta se produce por una denuncia “anónima” y circunscrita a unas determinadas anomalías supuestamente producidas en el ámbito del Partido Popular en Salamanca con motivo de las primarias de 2017. Indica que tanto el auto de la Audiencia Provincial de Salamanca de 8 de abril de 2020 como el posterior auto del Juzgado de 26 de junio “acotan perfectamente el objeto de la instrucción, al confirmar el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento en lo relativo a la existencia de posibles delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad y otros posibles ilícitos vinculados a tal proceso electoral de elecciones primarias del Partido Popular de Castilla y León celebrado en Salamanca durante marzo de 2017”.

Pero la reapertura deberá determinar si “con ocasión de la puesta al día de pagos de cuotas atrasadas de afiliados del PP de Salamanca” pueden existir indicios racionales de haberse cometido un delito de financiación ilegal de partido político; o, por el contrario, “tan sólo existe un pago de deuda ajena”. Por ello entiende que no se puede ampliar “de forma exponencial” el objeto de la causa “tanto en su ámbito objetivo, subjetivo, como territorial; efectuando un relato de hechos absolutamente nuevo -además de ”novelesco“ y carente de todo sustento”, referido a ámbitos y personas del PP de Castilla y León y nacional que “nada tienen que ver con la denuncia inicial y para los que ni siquiera este Juzgado sería competente -tanto desde un punto de vista territorial, como subjetivo de los pretendidos ”implicados“”, por lo que no se puede abrir una “causa general” y “prospectiva”. relativa a todo el proceso de primarias en Castilla y León “o a toda la contabilidad del Partido Popular ya sea a nivel local, autonómico e, incluso, de índole nacional”. El PP de Salamanca señala que se están pidiendo testificales de personas ajenas al PP de Salamanca y al objeto de la causa.

Así, el PP se niega a que se practiquen diligencias dirigidas a determinar si la hoja de inscripción para votar en el proceso electoral de referencia se firmó o no personalmente por el afiliado inscrito; o si el pago de las cuotas atrasadas del afiliado se realizó por él o por tercero: o si, en este caso (pago por tercero) se realizó con conocimiento/consentimiento del afiliado, o a que se investiguen las cuentas del partido “a ningún nivel territorial”. “La instrucción debe limitarse a verificar que los pagos de cuotas atrasadas de afiliados realizadas durante el proceso electoral se realizaron por personas concretas e identificadas (cargos públicos u otros) evitando que pudieran considerarse anónimas”, sostiene.

De este modo rechaza todas las testificales porque se refieren a personas “totalmente ajenas al proceso de elecciones primarias” o por relacionarse con hechos fuera del objeto del proceso, o por ser “irrelevantes”. También rechaza casi toda la prueba documental que pide la acusación particular y se refiere también al vídeo de un militante ya fallecido que relata quién le pidió que votase a cambio de pagar los atrasos de las cuotas. “Resultan, con el mayor de los respetos por la cuestión de que se trata, de todo punto irrelevantes para la causa -por más que se le haya tratado de dar máxima difusión mediática a su existencia y al margen ya de otras consideraciones como falta de garantías u otras subyacentes, etc-”. Para el PP, “la mera lectura de la transcripción literal de su contenido que se incluye en el escrito de la acusación popular, se refieren a hechos que han quedado ya fuera del objeto del proceso” y no hay ninguna referencia a la financiación ilegal.

El PP denunciará a la acusación particular por el acceso a la contabilidad y a los nombres de sus afiliados

El PP también pide al Juzgado que se le facilite testimonio del escrito de la acusación particular “en el que, además de reproducir listados de afiliados del Partido Popular con sus datos personales que se afirma haber extraído del Programa Lanza donde se contiene la contabilidad oficial de dicho partido político, se jacta de forma expresa de tener en su poder, literalmente”. La intención del PP de Salamanca es “iniciar las actuaciones oportunas ante la Agencia de Protección de Datos” para saber cómo se ha accedido a esa documentación por parte de personas no autorizadas y quién ha podido tener acceso así como el tratamiento, uso y destino que se puede estar haciendo de ellos, “en orden a su salvaguarda y protección y a la determinación de las consiguientes responsabilidades, sin perjuicio de otras acciones, incluidas las penales.

Según el Partido Popular, los datos a los que ha accedido la acusación son de “una muy especial y máxima protección por afectar a derechos constitucionales fundamentales –entre otros, a la libre adscripción política y a la privacidad de la misma- de todos esos miles de personas de cuyos datos se dice abiertamente que se dispone”. Recuerda que el juzgado está instruyendo la causa con especial cautela, ya que se le requirió unos listados de afiliados anonimizados.