La defensa del principal acusado del caso Perla Negra, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, propone que el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declare en el juicio oral. Además solicita la testifical de otras 21 personas, entre las que se encuentran los dueños de el estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, el mismo que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro y que recibió de la Junta de Castilla y León más de cuatro millones de euros por unas obras adjudicadas a dedo.
La causa abarca tanto el arrendamiento y posterior compra de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid) que acabó en un sobrecoste millonario como la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó un sobrecoste. Ambas operaciones tienen en común algunos empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.
Las dos operaciones se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León. Según la Fiscalía, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
La Junta de Castilla y León pagó, a través de Gesturcal, por el edificio conocido como Perla Negra 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y abonó también 9.787.472,55 euros, por conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.
En cuanto a los terrenos del polígono de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.
Un consejero advirtió al expresidente de que el precio era “disparatado”
A lo largo de 112 páginas, el abogado de Delgado, para quien la Fiscalía pide 11 años por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia, un delito continuado de malversación de caudales y cohecho, intenta desmontar los delitos de los que se acusa su cliente, pero además alega la prescripción de los mismos. Se basa en el artículo 131 del Código Penal, que establece que los delitos que se imputan a Delgado prescribirían a los cinco años o, en todo caso, a los diez, en aquellos casos en los que la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. Así “puesto que en el relato de los hechos realizado tanto por el Ministerio Fiscal como por las distintas acusaciones se establece el año 2005 como fecha fundamental de cara a datar los acontecimientos que han dado lugar a las presentes actuaciones, los delitos en los que se encuentran subsumidos tales hechos habrían prescrito por el transcurso del plazo establecido”.
En cuanto a la petición de que el expresidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, testifique, está basada en la testifical del exdelegado territorial de la Junta, Pablo Trillo Figueroa, quien declaró en fase de instrucción que advirtió a Herrera del precio “disparatado” que se estaba manejando en relación al Perla Negra. En ese momento, Trillo era consejero de Gesturcal y se negaba a avalar la operación.
Tal y como recuerda el abogado de Rafael Delgado, Trillo relató al juez cómo respondió Herrera. “La contestación que obtengo del presidente, cuando me despido de él, es gracias por la información, te agradezco la lealtad, no conozco la operación, me voy a informar de la misma.” Lo que ocurrió es que la Junta, que iba a alquilar por un precio muy alto, acabó por comprar el inmueble y pagó, siempre según el relato del instructor del caso y de la Fiscalía, un sobrecoste millonario.
En descargo de Delgado, su defensa asegura que “no consta” que se extralimitara en el ejercicio de las facultades de administración patrimonial vinculadas a su cargo como consejero delegado de Gesturcal. Respecto al coste del Perla Negra, precisa que fue determinado por los directivos de la sociedad sin intervención alguna de Delgado “que se limitó a formalizar los términos del acuerdo determinado por aquellos”
Argumenta además que antes de formalizar la compraventa del edificio “se solicitaron informes de sociedades independientes que verificaron la viabilidad del proyecto planteado y un valor ajustado a precios de mercado actuando, de este modo, con la diligencia que resulta exigible a los responsables de la gestión del patrimonio público”. Sin embargo, tal y como publicó elDiario.es , hubo tasaciones que no llegaron al consejo de administración de Gesturcal y que otorgaban un precio notablemente inferior al edificio. En este sentido, la defensa recuerda que “no sólo se tomó en cuenta el informe de Tinsa de 24 de octubre de 2010 sino precios que se estaban abonando en otros proyectos similares, especialmente los determinados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en procedimientos expropiatorios”.
Por otro lado, para la defensa no se ha acreditado “la relación causa-efecto entre la administración del patrimonio público· imputable Delgado y el quebranto económico de la sociedad ADE Parques en el caso del Polígono de Portillo y tampoco se ha acreditado que ”haya percibido privilegios o favores económicos de parte de los acusados en relación a las operaciones de alquiler y posterior compraventa de la vivienda sita en el Paseo de Zorrilla nº 64 de Valladolid“. Esta vivienda, en manos de uno de los empresarios beneficiados por las operaciones de la causa, acabó en manos de Delgado. El hombre al que la Fiscalía apunta como su testaferro y que tras permanecer imputado ha quedado fuera del procedimiento, envió mails a la empresa que tenía el piso y llegó a ofrecerse a hacer facturas falsas de reformas para justificar la rebaja en el precio.
La Audiencia Provincial tendrá que estudiar ahora el escrito de Defensa de Delgado y el del resto de los acusados. Todos ellos argumentan, entre otras cosas, que no han recibido el procedimiento completo, lo que vulnera su derecho de defensa.