7 años y 9 meses de prisión para el funcionario del Ayuntamiento de Valladolid que se autoadjudicaba obras menores

La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman más 17 años de cárcel a los cuatro encausados por el denominado 'Caso Samaniego' por la adjudicación de obras menores municipales de forma irregular entre 2001 y 2014 -etapa en la que Javier León de la Riva era alcalde- al grupo de empresas perteneciente al clan familiar liderado por el que fuera jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, frente a los 35 y 45 que de forma global habían pedido las acusaciones pública y particular, respectivamente.

En su fallo, de 135 páginas, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Donis, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha impuesto la mayor pena a Luis Alberto Samaniego, en concreto siete años y nueve meses, seguido de su primo Antonio Bernardo Samaniego, condenado a cuatro años y nueve meses, mientras que sobre el hijo del primero, Luis Javier, y el contable del grupo, Miguel Ángel Rodríguez Patín, han sido condenados a dos años.

Los cuatro habrán de indemnizar, de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento, con casi 178.000 euros, con responsabilidad subsidiaria del grupo empresarial de los Samaniego. Además, Luis Alberto Samaniego y su primo Antonio Bernardo tendrán que hacer lo propio con otros 49.000 euros más al Ayuntamiento.

En su fallo, la Sección Segunda de lo Penal considera a Luis Alberto Samaniego, ex jefe del Servicio de Mantenimiento, autor de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, en concurso con otro delito continuado de fraude a la administración, así como de otro continuado de falsedad en documento mercantil a funcionario público, en concurso medial con un delito de estafa a la administración, de ahí los dos años y seis meses por el primero y cinco años y tres meses por el segundo, junto con su inhabilitación por ocho años y el pago de una multa de 10.800 euros.

Su primo, Antonio Bernardo Samaniego, ha sido también hallado responsable del primer delito, junto con otro de falsedad en documento mercantil efectuado por particular, en concurso medial con una estafa continuada, que le reportan una condena de dos años y tres meses por el primero y otros dos años y seis meses por el segundo, además de su inhabilitación por cuatro años y el abono de una multa de 5.940 euros.

Además, el hijo del primero, Luis Javier, y el contable, Miguel Ángel Rodríguez Patín, autores de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, en concurso con un fraude continuado a la administración, han sido condenados cada uno a dos años de cárcel y tres años y nueve meses de inhabilitación.

En la sentencia, sin embargo, se acuerda absolver a los cuatro del delito continuado de prevaricación administrativa y del de tráfico de influencias, de los que venían siendo acusados por el Ayuntamiento, y a Luis Javier y su primo se les absuelve igualmente de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por particular, en concurso medial con otro de estafa.

Quince años sin queja alguna

Durante el juicio celebrado el pasado mes de marzo, Luis Alberto Samaniego y su hijo, Luis Javier, como cabezas del clan familiar, defendieron la legalidad de sus operaciones y lo ajustado de sus facturas y coincidieron al señalar, en palabras del primero, que en “quince años de trabajos para el Ayuntamiento jamás ha habido queja alguna”.

Padre e hijo vinieron a indicar que la contratación de sus empresas por parte del Ayuntamiento, más de una docena, para la realización de obras menores fue absolutamente legal, una práctica “de toda la vida, desde la década de los setenta”, con sus mercantiles y otras de la competencia.

“Hemos estado trabajando quince años porque todos esos servicios ofrecidos eran baratos y buenos”, incidió Luis Alberto Samaniego, quien insistió en que “nunca jamás en la vida ha habido una queja ni se ha abierto expediente alguno porque no se hubiera ejecutado una de las obras ejecutadas o se hubiera aplicado un sobrecoste”.

La acusadora pública y exfiscal jefe, Esther Pérez, había sido categórica al afirmar en su informe final que “hay pruebas incontestables de que los cuatro acusados actuaron de común acuerdo y se concertaron” para asegurarse la adjudicación de buena parte de las obras menores del Ayuntamiento de Valladolid, trama que les dio sus frutos al asegurarse contratos entre 2001 y 2014 por importe no inferiores a los 10 millones de euros.

En este sentido, entendía que no era “fruto de casualidad” que tanto Luis Alberto como su hijo Luis Javier recibieran “pagos en metálico” de su grupo empresarial, integrado por trece mercantiles, al tiempo que consideró “absolutamente probada” la comisión por parte del primero de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, ya que su condición de funcionario en el periodo investigado como responsable de Mantenimiento, con competencia en dirección, supervisión y fiscalización, le prohibía contratar con sus sociedades.

En la misma línea que la acusación pública, el letrado del Ayuntamiento recordó que en 2014 el propio Luis Javier Samaniego, tal y como durante el juicio certificaron el secretario y el interventor municipales, llegó a reconocer su culpa y se 'confesó' con la responsable del Departamento de Patrimonio, su jefa jerárquica. “!Sabía que me iban a pillar!”, son las palabras que el acusador particular puso en boca del acusado durante el encuentro mantenido con Isabel Page.

El letrado censuró que incluso los trabajadores de las empresas de los Samaniego entraban en el Ayuntamiento para aprovisionarse de material que luego cobraban a la institución local y, asimismo, dejó entrever que la trama podría alcanzar todavía mayores proporciones por cuanto sólo se investiga la adjudicación de obras menores por parte de tres empresas de los procesados, en referencia a que el clan llegó a crear cerca de una treintena.

Con respecto a las peticiones concretas de las acusaciones, la fiscal del caso, que imputó por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento mercantil y estafa, había pedido para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel--en el delito de falsedad le aplicó la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pidió ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Pidió también que, de forma conjunta y solidaria, indemnizaran al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid elevó a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y solicitó para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebajó las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.