La privatización de los antígenos en Castilla y León y el caos de los contratos: de “personas” haciendo test a “técnicos de emergencias”

La Junta de Castilla y León privatizó la realización de test de antígenos y los dejó en manos de tres empresas que recibirán, según el portal de datos abiertos, más de seis millones de euros por un trabajo encomendado desde el 2 de enero hasta el 31 del mismo mes. Según el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “no es más que una previsión” de una situación que podría alargarse hasta febrero “sin en lugar de los 200.000 test previstos se hiciesen más de un millón”. Pero las órdenes de contratos de emergencia que dio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que ha facilitado la Junta a elDiario.es revelan la caótica gestión de los mismos. Según qué empresa opere en cada provincia, un dato que no aparece en las órdenes, las pruebas serán realizadas por “personas”, por “técnicos sanitarios” o por “técnicos de emergencias”. Además, los precios por día de esas unidades móviles oscilan entre los 950 y los 8.423 euros por día pero no se precisa cuántas se van a usar sino el máximo del que se dispone.

En las tres órdenes, se menciona  la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa a un marco común para el uso de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19. Entre otras cosas, considera la UE que hay que “garantizar que las pruebas rápidas de antígenos se lleven a cabo por personal sanitario cualificado u otros técnicos debidamente formados, cuando proceda, en consonancia con las especificaciones nacionales y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, y que estén sujetas a un control de calidad”. Sin embargo, en las órdenes esta consideración sobre la formación del personal no se cumple.

Así, en la orden de Ambuibérica, empresa fundada por un exalcalde del PP, aparece que los test se realizarán en un máximo de 5 unidades móviles de gran capacidad con 4 técnicos en emergencias sanitarias y en un máximo de 20 unidades móviles de pequeña capacidad con 2 técnicos en emergencias sanitarias, así como los precios máximos por jornada de las unidades móviles de gran capacidad, de 1.825,00 euros cada una y el de las unidades móviles de pequeña capacidad, de 950,00 euros cada una. Así los test los harán técnicos en emergencias sanitarias, o lo que es lo mismo, personal que va en ambulancias y cuya función consiste en prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al centro sanitario, llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. Nada se dice en esa orden de que tengan que tener una formación específica para la realización de test de antígenos.

En la orden de CSM, otra de las empresas adjudicatarias se precisa que se pondrán a disposición un máximo de 9 unidades móviles con 4 técnicos sanitarios, 3 administrativos o auxiliares administrativos y 3 personas de apoyo y coordinación cada una y que el precio máximo diario por unidad móvil será de 8.423,38 euros.

por último en la de Biorama Gijuelo SL, empresa de un exalcalde y exdiputado autonómico del PP que dejó la política hace tres años, se concreta que por la empresa se pondrán a disposición “un máximo de 12 unidades móviles con 7 personas para llevar a cabo las pruebas más un conductor” y que el precio aproximado por unidad móvil será de 5.000,00 euros. Así, en el caso de Biorama ni siquiera se especifica la formación de las “7 personas” que habrá en cada unidad móvil haciendo test.

Por otro lado, las tres órdenes comparten un apartado que dice textualmente que “los efectivos serán suficientes para ocuparse de los accesos al lugar donde se lleven a cabo las pruebas, el mantenimiento de las colas, la distribución de flujos de entrada y salida, etc, con especial atención a las personas de movilidad reducida”. Sin embargo lo que se ha podido ver estos días es que ha sido Protección Civil quién ha intervenido para garantizar la la seguridad y los accesos a estas unidades móviles.

La Junta admite el error después de doce días y con miles de test hechos por personal no cualificado

Doce días después de que entrasen en funcionamiento estas órdenes y con miles de test hechos sin supervisión y sin conocer la formación de quienes los realizaban, la Junta informaba de contrataría a enfermeras para “supervisar” la realización de las pruebas. En un comunicado recogido por Europa Press, el Consejo asegura que Vázquez ha “reconocido” el “error de base” en la contratación urgente de estas empresas, “que no partió de la Consejería de Sanidad, sino de la de Fomento”. Cuando los colegios de Enfermería denunciaron que eran los técnicos sanitarios y no los enfermeros quienes realizaban estos test, Vázquez defendió que se trataba de “personal sanitario relacionado con el mundo de la Sanidad” y aseguró que “no hay enfermeras”. El Consejo de Enfermería ha presentado una lista de 1.200 enfermeras dispuestas a hacer antígenos.