Unas 3.500 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, se han concentrado este miércoles en la plaza Mayor de Burgos para protestar contra la eliminación de los convenios municipales con tres ONG que trabajan con personas migrantes. La supresión de la partida dentro de los presupuestos de PP y Vox para 2025 de 119.000 de euros deja en el aire la situación de unas 7.000 personas y supone una “ruptura social”, como ha indicado la presidenta de Accem en Burgos, Gloria Aguilar.
Las organizaciones convocantes han expresado, en declaraciones recogidas por Burgos Noticias, que “Burgos está consternado”, además de “perplejo y desconcertado” por una medida que consideran “inexplicable”. En el comunicado han reprochado al equipo de gobierno que los motivos esgrimidos para justificar la eliminación de las ayudas demuestran un “gran desconocimiento de la realidad”.
Las tres ONG han calificado de “sorprendente y vergonzosa” la afirmación realizada por el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox), en las que se acusaba a Burgos Acoge, Accem y Atalaya de fomentar “la inmigración ilegal” y contribuir al “efecto llamada”. Haciendo alusión a estas palabras, las entidades han hecho un llamamiento a movilizarse, ya que el “verdadero efecto llamada” es el de la solidaridad, la responsabilidad y la coherencia.
En el comunicado leído durante la protesta, han atribuido la medida de Vox y PP en el Ayuntamiento de Burgos al “tacticismo político”. Las entidades han alertado de que el equipo de gobierno podrían llegar a imponer su criterio si no son capaces de presentar “resistencia suficiente ante lo que han definido como ”una deriva que daña la convivencia y la cohesión social“.
Con una pancarta principal con el lema “Burgos por la convivencia”, los participantes en la concentración han coreado gritos de: “más convivencia y menos exclusión” y “Equipo de Gobierno, aún estás a tiempo”. Las entidades han defendido el papel de los inmigrantes en la construcción de una sociedad “diversa, rica, plural y cohesionada.
La trabajadora social de Burgos Acoge, Nuria Revilla, en declaraciones recogidas por EFE, ha tildado de “injustificada” la decisión del equipo de gobierno municipal, a la que se han referido en el comunicado como “carente de sentido”, porque la presencia de personas migrantes no está generando problemas, sino que contribuye poderosamente a hacer una sociedad mejor, más diversa, rica, plural y cohesionada.
Los representantes de las ONG no han adelantado la posible convocatoria de nuevas movilizaciones y han insistido en su voluntad de diálogo para intentar revertir esta decisión del equipo de gobierno municipal que propuso Vox y aceptó el PP como condición para presentar un borrador de presupuestos conjunto con sus socios de gobierno.
Ayala (PP): “No hay opción de cambiar el presupuesto”
El Ayuntamiento de Burgos anunció el pasado jueves, 7 de noviembre, que retirará los 119.000 euros de ayudas a las ONG ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural por considerar que contribuyen “al efecto llamada” y a la “inmigración ilegal”. Así lo aseguró el viernes el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox). En la mañana de este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala (PP) ha señalado que no quiere “asumir” el coste de que no haya cuentas municipales para 2025 por lo que “en este momento no hay opción de cambiar el presupuesto”.
Las cuentas municipales para 2025 contarán con la bonificación del IBI a familias numerosas, retrasar la entrada de la tasa de basuras a 2026, incorporación de la perspectiva de familia, estudio del plan de rebajas impositivas y bonificaciones para incentivar la implantación, conservación y transmisión de negocios. También 50.000 euros para “una feria taurina” que consistirá en una novillada.
PP y Vox 'ya metieron la tijera' en materias en las que la derecha radical populista está en contra, como la eliminación de ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad o la reducción a la mitad del presupuesto de la de cooperación internacional en los presupuestos para 2024.
En junio de este año Vox trató de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, según el propio vicealcalde. Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos“ilegales” para “recibir ayudas o intentar regularizar su situación”. También señaló un posible “fraude electoral” en estos empadronamientos además de apuntar que “todas” las causas están relacionadas “con casos de inmigración ilegal”.
En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.