Castilla y León declara Bien de Interés Cultural al conjunto etnológico del Campo Petrolífero de Ayoluengo. Durante 53 años, los pozos de Ayoluengo —antes conocidos como Valdeajos—en Sargentes de la Lora fueron la única explotación comercial de crudo de España, hasta que en 2017 terminó su concesión.
El director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, ha explicado que la autonomía está asistiendo a un “cambio de paradigma” en el concepto de patrimonio cultural, que se ve “ampliado con nuevas categorías como la del patrimonio minero” y la oportunidad de poder incorporar “las instalaciones industriales que van cayendo en desuso”.
Para ello, la Consejería de Cultura y Turismo ha trabajado con el Ayuntamiento de Sargentes de la Lora, con el fin de preservar el patrimonio cultural que atesora este municipio. “Hemos mantenido varias reuniones con el Ministerio de Cultura y Deporte y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de poder compatibilizar el desmantelamiento de algunas centrales, según establece la política sobre energías renovables, con la protección del importante valor cultural que atesoran, ya que son bienes del patrimonio industrial, testimonio de una forma de vida del pasado de nuestro país y del contexto socioeconómico de otras épocas”, ha asegurado el director.
En este sentido, ha apostado por aunar esfuerzos “entre todos” para conservar algún resto de estas fábricas y elaborar una adecuada documentación, que permita transmitir a las siguientes generaciones una memoria de lo que hubo, y así no perder este valioso patrimonio cultural.
Desde el punto de vista del patrimonio cultural, se considera de valor relevante y singular, y por lo tanto protegido en la declaración de Conjunto Etnológico, el territorio y paisaje constituido por el campo petrolífero, incluidas las instalaciones y elementos que son consustanciales a la actividad desarrollada en ellos y que ayudan a comprender el bien cultural, su función y que contribuyen a la creación del paisaje industrial que debe protegerse, así como el archivo de toda la documentación generada por la explotación a lo largo de su historia.