El PP de Burgos dice que “no eliminaría” las ayudas a las ONG que trabajan con migrantes si gobernase “en solitario”

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos ha culpado a Vox, su socio en el consistorio, por suprimir las ayudas por valor de 119.000 euros a las tres ONG que trabajan con personas migrantes en la ciudad. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha indicado que su partido “no habría eliminado estas ayudas si hubiera gobernado en solitario” pero, al estar en coalición, “cada uno ha incluido o ha eliminado partidas en lo que considera relevante o prioritaria dentro de su proyecto político”.

La también presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha afirmado que la supresión de ayudas por importe de 119.000 euros forma parte de la negociación de los socios para aprobar un presupuesto de “250 millones de euros”. Ballesteros ha señalado que “una de las prioridades de Vox” era eliminar estos convenios por lo que han optado a concedérselo para poder sacar adelante las cuentas municipales.

“Sabemos y conocemos las implicaciones que tiene esta eliminación de los convenios; somos conscientes de las consecuencias de este tipo de decisiones”, ha aseverado la concejala.

Para este miércoles, se ha convocado una concentración en la plaza Mayor de Burgos a las 20.00 horas en contra de la medida. Sobre esta manifestación, Ballesteros ha negado categóricamente la asistencia de cualquier miembro del PP. “Sería ilógico que hubiera concejales del Partido Popular en una manifestación en la cual nosotros también asumimos esa responsabilidad política de aprobar un presupuesto en el cual estas partidas se eliminan”, ha apuntado.

Este lunes, Cáritas Burgos emitía un comunicado en el que anunciaba que no iba a suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes mientras no se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto del Consistorio para 2025 a Burgos Acoge, Accem y Atalaya. A este respecto, la concejala 'popular' ha manifestado está en su “derecho de renunciar a esta colaboración con el Ayuntamiento de Burgos”, una cuantía que asciende a 19.000 euros en el caso de la entidad.

Una de las incógnitas es quién va a asumir las funciones que PP y Vox van a dejar desiertas. Ballesteros ha apuntado que “es un impacto negativo” la medida porque “ va a hacer que el Ayuntamiento tenga que asumir” al formar parte de sus competencias y que tendrán que realizar los trabajadores sociales del consistorio. Según ha destacado la concejala, además tendrán que hacerlo sin ampliar plantilla, ya que el número total viene fijado por la Junta de Castilla y León.

“Impactará negativamente en la labor que tengan que desarrollar (los trabajadores sociales del Ayuntamiento), porque será más trabajo a mayores el que tengan que hacer si estas entidades no desarrollan su labor”, ha añadido Ballesteros.

La portavoz ha señalado que PP y Vox no se plantean romper el pacto de gobierno a pesar de las críticas internas y externas que hay y el ofrecimiento del PSOE para sentarse a negociar un apoyo a las cuentas municipales. Ballesteros ha agregado que aunque “el borrador de los presupuestos está cerrado” siguen habiendo conversiones sobre la polémica medida.

Tudanca (PSOE): “Sigue siendo inconcebible que el PP no se quite el lastre”

El secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, ha recordado que cuando pidió al PP que renunciara a sus acuerdos municipales era por “algo”: para evitar esta situación “repugnante y miserable”. “No han querido renunciar a gobernar con extrema derecha porque se parecen tanto que son indistinguibles. Sigue siendo inconcebible que el PP no se quite el lastre y sea cómplice de posiciones racistas y machistas de la extrema derecha para conseguir el poder”, ha protestado el líder de la oposición autonómica.

Luis Tudanca ha destacado la “lección” que ha dado Cáritas al Ayuntamiento de Burgos al renunciar a la ayuda municipal hasta que vuelvan a incluir las subvenciones a las tres ONG burgalesas que llevan años “trabajando por la convivencia y la integración”. “Ha sido Cáritas quien les ha dado una lección que no van a olvidar jamás”, ha zanjado este martes en una rueda de prensa en Valladolid. 

El Ayuntamiento de Burgos anunció el pasado jueves, 7 de noviembre, que retirará los 119.000 euros de ayudas a las ONG ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural por considerar que contribuyen “al efecto llamada” y a la “inmigración ilegal”. Así lo aseguró el viernes el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox).

Las cuentas municipales para 2025 contarán con la bonificación del IBI a familias numerosas, retrasar la entrada de la tasa de basuras a 2026, incorporación de la perspectiva de familia, estudio del plan de rebajas impositivas y bonificaciones para incentivar la implantación, conservación y transmisión de negocios. También 50.000 euros para “una feria taurina” que consistirá en una novillada.

PP y Vox 'ya metieron la tijera' en materias en las que la derecha radical populista está en contra, como la eliminación de ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad o la reducción a la mitad del presupuesto de la de cooperación internacional en los presupuestos para 2024.

En junio de este año Vox trató de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, según el propio vicealcalde. Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos“ilegales” para “recibir ayudas o intentar regularizar su situación”. También señaló un posible “fraude electoral” en estos empadronamientos además de apuntar que “todas” las causas están relacionadas “con casos de inmigración ilegal”.

En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.