El portavoz municipal del PSOE de Salamanca, José Luis Mateos, ha denunciado este jueves que hay más de 200 pisos turísticos ilegales en la ciudad y que el Gobierno del PP “ha mirado para otro lado”, una situación que a su juicio no va a resolver la nueva ordenanza municipal que se tramita sobre este asunto.
“El Partido Popular no se ha tomado esto en serio. Esta ordenanza ha llegado tarde, han ignorado durante mucho tiempo el impacto de los pisos turísticos en Salamanca, es insuficiente, y no cambia nada”, ha dicho Mateos en una rueda de prensa para presentar la veintena de alegaciones de su grupo municipal a la ordenanza.
Y ha añadido: “Lo que se debería haber hecho desde el principio era un cambio del plan general de ordenación urbana para abordar el uso turístico que se estaba dando de la vivienda en nuestra ciudad”.
La ordenanza municipal, que tiene más de 80 alegaciones de diferentes organizaciones y entidades, ha suscitado el rechazo de los propietarios porque no quieren que se les aplique una norma de manera retroactiva.
El PSOE defiende que lo primero es que el Gobierno municipal ejerza “la clausura y las sanciones” por los incumplimientos del plan general de ordenación urbana, un documento que no modifica la ordenanza en trámite y que estipula que en los edificios donde haya residencia habitual y turística, ésta última sólo pueda ubicarse en la planta baja o la primera planta.
“Hay cientos de viviendas que no se van a legalizar nunca y siguen funcionando. Cada miércoles tenemos noticia por la Policía de pisos turísticos a los que no se les da el permiso, porque están por encima del primero, y siguen funcionando”, ha indicado el concejal socialista Chema Collados.
El PSOE de Salamanca ha exigido al Gobierno del PP que “de una vez por todas cierre todo piso que no sea legal”, al considerar que estos propietarios “ejercen una competencia desleal respecto a los que se gastan el dinero para hacer las cosas bien” y que “esta situación está afectando a la convivencia social”.
Entre las alegaciones socialistas a la ordenanza están el limitar al 1 % en cada zona el número de pisos turísticos respecto al total, así como que los que tienen menos de 10 años de antigüedad no se pueda usar para este fin, por considerar que eso perjudica el derecho a la vivienda.
Asimismo, exigen que haya un consentimiento expreso de la comunidad de propietarios a que haya pisos turísticos en el edificio, que estos inmuebles tengan un sonómetro y un detector de humos y que siempre se exija la cédula de habitabilidad.