Peligra una de esas colinas coronadas de robles y encinas tan características de la orilla del río Duero a su paso por Soria. Concretamente, el Cerro de los Moros, donde una empresa -Promotora Pilares del Arlanzón S.L., encabezada por el empresario Méndez Pozo- quiere construir 1.361 viviendas en unos 30 bloques de 6 plantas a los pies del Castillo de Soria, en la margen derecha del río Duero, una corriente a la que cantaban Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego.
Varias asociaciones e instituciones han mostrado su rechazo a este proyecto y abogan por limitarlo “lo máximo posible” para reducir el impacto sobre el paisaje. La sociedad civil empezó a organizarse después de que la organización ecologista ASDEN diera la voz de alarma. Desde la asociación conservacionista, Luis Giménez sugiere que se limite la edificabilidad de la zona y se permita la construcción de unas 400 apartamentos, pero no 1.300.
Las viviendas se edificarán, según lo previsto, cerca del Castillo -que mira al Duero- y enfrente de la ermita de San Saturio, recién declarada Bien de Interés Cultural. “Es una zona muy sensible, de gran visibilidad desde cualquier punto. Hay que mantener el paisaje”, subraya la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Numantino, Marisa Revilla. El Ayuntamiento alegó en este trámite para que se incluyera el cerro de los moros como Bien de Interés Cultural.
La empresa propietaria mantiene su propósito de edificar más de mil viviendas y espera tener la ordenación detallada lo antes posible, con la mirada puesta en octubre de 2022. La Ley autonómica establece que si en esta fecha no se ha desarrollado, el terreno pasará automáticamente a ser calificado como 'rústico' y, por lo tanto, no será urbanizable. “Si no nos movemos las asociaciones al principio, el permiso ya estaría dado”, valora la cofundadora de Hacendera -una asociación que promueve la economía sostenible en Soria-, Begoña Izquierdo.
Escritores, la Academia de Bellas Artes, Icomos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, en contra
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha mostrado su desacuerdo con esta iniciativa por el “múltiple impacto” que esta iniciativa tendrá sobre la zona, igual que la Real Academia Gallega de Bellas Artes. “La presión urbanística incide negativamente en el paisaje, entran en colisión con la valoración, conservación y el concepto mismo del paisaje”, sostiene la primera institución.
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha animado al Ayuntamiento a buscar una solución que evite esta actuación e insta a que la margen derecha del Duero sea protegido de forma permanente. En la misma línea se ha pronunciado el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos-ONG asociada con la UNESCO), entidad que ha reclamado la clasificación de la zona como bien de Interés Cultural.
“Soria ha perdido todos los trenes. Estamos en una absoluta decadencia y solo tenemos el paisaje y nos lo quieren arrebatar con iniciativas como esta, las macrogranjas, los macroproyectos solares y los fotovoltaicos”, lamenta la portavoz de Hacendera. “Es un disparate desde el punto de vista histórico, pero es que económicamente, la zona se desvalorizará”, rechaza Guillermo Sáenz, de la plataforma Soria por el Futuro, una organización creada únicamente para intentar evitar esta urbanización. Soria Por el Futuro ha reunido firmas de varios escritores, arquitectos, historiadores e ingenieros de caminos para mostrar su rechazo a este proyecto.
Desde el Ayuntamiento apuestan por dar una “solución equilibrada” que no suponga una “herencia” para el próximo equipo de gobierno que provoque “desembolsos económicos e incertidumbres”.
4.000 vecinos en el Cerro de los Moros
Estas 1.300 viviendas darían cabida a unos 4.000 vecinos en la ciudad de Soria, la capital más pequeña de España. Es una población equivalente a la de Ólvega, el cuarto municipio más grande de Soria. “Un proyecto de mil viviendas para una población de 40.000 habitantes es mucho. No sé hasta qué punto hay tanta demanda de primeras residencias en Soria”, plantea el investigador del Centre d’Estudis Demogràfics Miguel González Leonardo. “Habría que ver si el parque de viviendas está obsoleto y no resultan atractivas para la población. Hay que tener en cuenta también el volumen de inmigración, porque la población se ha mantenido estable en los últimos años”, valora.
Luis Giménez, arquitecto de la asociación ecologista ASDEN, sí ve viable esta propuesta, porque asegura que muchos sorianos residen en la capital, pero están empadronados en sus pueblos de origen. Este arquitecto estima que en realidad Soria tiene unos 60.000 habitantes de hecho.
Este es un proyecto muy inicial todavía, explica el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey. “Hay una ordenación de planeamiento. Se aprueba una modificación puntual que es la ordenación de la zona, se someterá a información pública, habrá alegaciones, una aprobación inicial, aprobación provisional y una definitiva, que lo hará la Junta de Castilla y León. Cuando esa modificación esté aprobada, proyecto de actuación de reparcelación entre los propietarios y se hayan puesto de acuerdo, presentarán un proyecto de urbanización, urbanizarán y se pondrán a construir”, concreta. A pesar de que está en las primeras fases, el Ayuntamiento ya ha rechazado la construcción de una carretera hasta la orilla del río, como pretendía la propietaria.
“Ninguno de nosotros es un radical, entendemos que la seguridad jurídica es un bien importante, pero Soria no es la isla de Manhattan, hay más zonas disponibles, se podría plantear una permuta o algo”, propone el portavoz de Soria por el Futuro. El concejal de Urbanismo se muestra “convencido” de que la ordenación que plantee la empresa propietaria solucione “la mayor parte” de las dudas que surgen al respecto.
La última propuesta de la propietaria es reunir esas 1.300 viviendas en la zona de Valobos, más próxima al final de la ciudad. “Quedaría más oculta a la mirada desde San Saturio, pero como mucho ahí podría edificarse 400 viviendas. Es una zona que permite una urbanización ligera, no 30 bloques”, calcula un ingeniero de caminos de Soria, Ricardo Mínguez, que muestra su rechazo al proyecto.
Posible indemnización
El alcalde de Soria aseguraba hace unos meses que el Ayuntamiento debería indemnizar a la propietaria con 44 millones de euros si modificaba la calificación del terreno Ese fue el precio inicial de venta antes del convenio de 2004, una cifra que rechaza Luis Giménez, arquitecto de la asociación ecologista ASDEN. “Yo he valorado el terreno y si tuvieran los derechos la empresa propietaria, no pasaría de 16 millones de euros”, calcula.
De todas formas, el consistorio desconoce cuánto pagó la empresa a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (el Sareb, el 'banco malo'), anterior propietaria del suelo. Giménez intentó pedir un certificado histórico de los terrenos, pero el Registro se lo denegó porque consideró que no era parte interesada en el caso. El Ayuntamiento asegura no conocer por cuánto dinero compró el terreno la empresa Promotora Pilares del Arlanzón. “El Ayuntamiento está contra las cuerdas y no se atreve a enfrentarse a la propiedad”, opina Ricardo Mínguez.
Un convenio “nefasto” entre una de las grandes familias de Soria y el Ayuntamiento
El germen de esta iniciativa se remonta a 2004, con un convenio firmado entre la empresa propietaria del terreno -una de las grandes familias de Soria- y el Ayuntamiento -en manos del Partido Popular- En ese convenio, el consistorio se comprometió a revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y permitir la edificabilidad del cerro de los moros a cambio de la cesión de unos terrenos -que luego nunca se ejecutó porque la empresa los vendió-. En ese convenio, la empresa se comprometía a ceder unos 50.000 metros cuadrados al Ayuntamiento en una zona sobre la que no tenía derechos. De hecho, ahora esta empresa reclama al consistorio tres millones de euros por el considera que parte de ese convenio se ha incumplido. Este convenio ha sido calificado por el alcalde como “el timo del tocomocho”, dado el resultado del mismo.
En 2006, el Consistorio permitió la edificabilidad de la zona, y el asunto se guardó en un cajón hasta hace unos meses. El Partido Socialista protestó contra el PGOU y llegó al poder en las elecciones de 2007 en minoría. El alcalde, Carlos Martínez, lleva en el cargo desde entonces, pero no ha cambiado la calificación del suelo del cerro de los moros.
A partir de 2006, la empresa propietaria tenía un plazo de 8 años para que se aprobase la ordenación detallada del desarrollo urbanístico de la zona. La cuestión compleja llega ahora, por el desacuerdo que hay entre varias asociaciones y profesionales y la opinión del Ayuntamiento. Los primeros sostienen que esos ocho años ya terminaron y, por lo tanto, la empresa propietaria de los terrenos ya no tiene derechos sobre el terreno. Por su parte, el Consistorio -su secretario, apuntala el concejal de Urbanismo- cree que esos ocho años no se han cumplido, porque desde 2006 ha habido varias interrupciones y la empresa mantiene sus derechos para edificar.
Saturio Hernández es abogado y secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). En su opinión, el Ayuntamiento no deberían indemnizar de ninguna manera porque la propietaria no ha desarrollado el sector en los últimos 15 años. “¿Cómo va a reconocer el Ayuntamiento un solo céntimo a unos señores que no han cumplido ni un solo punto de ese convenio?”, se pregunta Hernández, que ha seguido el tema en los últimos meses.
Un informe jurídico externo
Ante esta desavenencia, varias asociaciones han reclamado al Ayuntamiento que encargue un informe jurídico externo en un bufete de abogados “de prestigio” para saber con seguridad cuál es la situación y si el suelo puede ser recalificado como suelo urbano sin necesidad de indemnizar a la propietaria. “No es lo mismo que negocies sabiendo que tienes todas las de ganar o las de perder”, apunta uno de los portavoces de ASDEN. “Queremos que se aclare bien y se analice la situación jurídica, legal y urbanística para que el Ayuntamiento vea qué opciones tiene”, remarca Marisa Revilla.
El concejal de Urbanismo rechaza solicitar un informe externo porque sería “tanto como acabar diciendo que cada vez que un informe técnico no dice lo que uno quiere escuchar hay que pedir uno externo”. Además, no ve “habitual” pedir un informe externo “contra los informes municipales”. “No dudamos del valor y la independencia de nuestros técnicos”, remata.
El actual secretario del Ayuntamiento es el mismo técnico que validó ese convenio de 2004 que el concejal no duda en calificar de “nefasto”. Además, el concejal de Urbanismo asegura que ha consultado esta cuestión con un “asesor externo”, con quien también están trabajando en la reclamación judicial de los 3 millones de euros. Este asesor coincide con los técnicos municipales, según indica el edil. El Colegio de Ingenieros de Caminos también ha tendido la mano al Ayuntamiento, que ha rechazado la invitación.
Hernández, también secretario pero en otro Ayuntamiento, también rechaza la externalización de un informe jurídico. “La pregunta no es si se reúnen no sé cuántos informes jurídicos. La cuestión es: 'ese convenio genera algún derecho o no lo genera'. Porque se pueden reunir 10, 20 o 25 informes, pero la cuestión es: '¿Se tiene derecho a que edifiquen? Sí o no. Y nada más”, simplifica.