La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, en funciones desde las elecciones del pasado domingo, ha dejado sobre la mesa “por pulcritud democrática” la adjudicación de la concesión demanial del estadio José Zorrilla y su entorno para la ampliación de la Ciudad Deportiva y la reforma del campo de fútbol.
Así lo ha explicado el alcalde en funciones, Óscar Puente, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha apuntado que adjudicar este acuerdo hoy podría “exceder del ámbito de decisión ordinaria de una Junta de Gobierno en funciones” y además lo considera “claramente incompatible” con el proyecto comprometido en campaña por el candidato del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, que planteaba una obra dentro del estadio “financiada en parte con dinero público”.
De esta manera, Puente ha apostillado que han preferido dejar la adjudicación sobre la mesa y que sea “él el que decida”, en referencia a Carnero, a quien da por hecho como alcalde a la espera de un acuerdo de investidura con Vox, ya que en los comicios municipales ganó las elecciones el PSOE, con los mismos ediles que el PP, once.
De hecho, Puente ha añadido que en cuanto a concluido la reunión ha llamado a Carnero para que conozca las razones de primera mano y pueda ejecutar sin condicionantes los proyectos comprometidos con los ciudadanos, lo que el candidato 'popular' “ha agradecido”.
La Junta de Gobierno podría haber incluido la propuesta de adjudicación al Real Valladolid de la concesión demanial del estadio y sus anexos por un periodo de 50 años para la construcción de la ciudad deportiva y reforma integral del estadio de fútbol José Zorrilla.
La concesión demanial supone que durante un periodo de duración de la misma el adjudicatario (es decir, el Real Valladolid) se compromete a ejecutar unas inversiones con el objeto de la concesión en el estadio y en los anexos.
La administración, ha explicado el Ayuntamiento, “no puede invertir en el objeto, salvo en este caso en los viales de uso público”.
Las razones de que el Ayuntamiento de Valladolid “ni otra administración” no pueda invertir son “que dichas inversiones se considerarían ayuda del Estado, algo expresamente prohibido en el ámbito de la Unión Europea, como certifican los técnicos municipales”.
Asimismo, Óscar Puente estima que desde el punto de vista democrático no es aceptable que un gobierno saliente adopte “en funciones” una decisión que impide realizar sus proyectos a quien puede contar con el respaldo para gobernar por mandato de las urnas y pactos postelectorales.
Por esta razón se ha decidido dejar el asunto encima de la mesa para que sea el alcalde electo quien adopte la decisión.
El regidor socialista en funciones ha explicado que este mismo martes el Real Valladolid solicitó la aprobación de la concesión, pero ha incidido en que al equipo de Gobierno no le parecía “de recibo condicionar la decisión de un gobierno que ha sido elegido por las urnas y que a partir del día 17 será el que previsiblemente tenga la responsabilidad de tomar las decisiones”.
Óscar Puente ha precisado que el proyecto que paralizado “hasta que llegue el nuevo alcalde”, y ha recordado que el Real Valladolid “tenía prisa porque su intención era empezar las obras en agosto”.