Carnero y Vox rechazan los presupuestos participativos en Valladolid por su “proceso arbitrario y sesgado”

El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por Partido Popular y Vox, ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto General para el año 2025 (444 millones) tras las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado. Su presidenta, Margarita García, ha intervenido en el Pleno para defender las propuestas vecinales y la “falta de compromiso económico” para ejecutar los proyectos de los Presupuestos Participativos 2022-2023.

Este proceso comprometía inversiones elegidas por la ciudadanía por 10 millones de euros, que debían presupuestarse en los ejercicios de 2024 y 2025. El pasado año, el Ayuntamiento presupuestó 2 millones de euros, por lo que restaban aproximadamente 8 millones de euros para el resto de propuestas ciudadanas. Si bien existen algunas partidas presupuestadas para estas inversiones ciudadanas, como 150.000 euros para proyectos o 30.000 euros a través de la Fundación Municipal de Deportes, no se han incluido todos los compromisos.

La presidenta ha recordado las palabras del alcalde, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de las cuentas, con las que situó “a las personas en el epicentro de la gestión”. García ha cuestionado esta afirmación, afirmando que “no está tan claro si se olvida del compromiso adquirido con la ciudadanía con los presupuestos participativos”. Margarita García ha calificado de “desprecio a la voluntad popular, la participación ciudadana y el proceso” la decisión del equipo de gobierno. “Palabras muy bonitas, nada más que eso”, ha sentenciado durante su intervención.

Para argumentar su decisión, el equipo de gobierno se ha basado en dos premisas: los presupuestos participativos no son de obligado cumplimiento y las propuestas fueron arbitrarias y sesgadas. Sin embargo, tanto PP como Vox han afirmado “defender” la participación ciudadana. “El mayor presupuesto participativo de Valladolid sería el soterramiento”, ha señalado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco.

Blanco además ha considerado que las alegaciones vecinales responden a “razones ideológicas”. “Los presupuestos participativos del 2023 no fueron serios, fue un proceso arbitrario y debe hacerse con rigor, transparencia e instrumentos jurídicos válidos, no pueden realizarse con ocurrencias o propuestas sesgadas”, ha insistido el titular de Hacienda. Blanco, en referencia a un informe del secretario, ha sentenciado afirmando que “los presupuestos participativos que venían haciéndose en Valladolid no eran más que un ejercicio de propaganda política sin base jurídica”.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, el portavoz de Vox Alberto Cuadrado, ha calificado los proyectos como “bien intencionadas propuestas ciudadanas”, pero ha recordado que “las asociaciones vecinales reclamantes no son titulares de un derecho que genere una obligación al Ayuntamiento para adoptar un crédito en el Presupuesto”.

Además, ha insistido que las propuestas ciudadanas del proceso de presupuestos participativos “no generan una obligación de ser aprobadas”. “No hay precepto legal ni título legítimo que obligue a tener un crédito necesario para cubrir los presupuestos participativos”, ha finalizado Cuadrado.

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha cuestionado el “respeto” del equipo de gobierno a la participación ciudadana: “Van a los concejos abiertos a hacer el paripé”. Anguita ha argumentado que “prefieren invertir el dinero en obras sin sentido” y se ha referido a las intervenciones en el viaducto de Arco de Ladrillo, en el carril bici de Isabel La Católica o el Puente de Poniente, “obras sin sentido” para la portavoz. “Los presupuestos participativos no son del anterior equipo de gobierno, ni del actual, son de la ciudadanía de Valladolid”, ha subrayado Anguita.

Rechazada la aportación económica a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Otra de las alegaciones presentadas por la federación vecinal era reclamar al Ayuntamiento incluir en el Presupuesto la aportación económica correspondiente del Consistorio a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, situación que sí ha comprometido la Junta de Castilla y León. Esta alegación también ha sido rechazada por el equipo de gobierno.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha señalado al alcalde por “boicotear la integración ferroviaria, jugando con el dinero de los vallisoletanos” y le ha recordado que “ya hubo un alcalde que lo hizo, acabó sentado en el banquillo de los acusados y librándose de la cárcel por los pelos”.

Herrero ha insistido en que Carnero ha contraído “por su cuenta y riesgo” una deuda de 11 millones de euros con la SVAV, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento no ha pagado el dinero pendiente y tampoco ha utlizado ese dinero para las “inversiones anunciadas a bombo y platillo para el 2024” con esos fondos.