El Gobierno se compromete a empezar a construir el Campus de la Justicia de Valladolid en 2024

El Gobierno y el Ayuntamiento de Valladolid han firmado este martes un acuerdo en el que el Ministerio se compromete a empezar a construir el Campus de Justicia en 2024. En el próximo 2023 se espera terminar la cesión y afectación de las parcelas de El Salvador y el aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega del Ayuntamiento al Gobierno.

La cesión de El Salvador está pendiente de la publicación de memoria y exposición pública de 15 días, y la propiedad del parquin ya está inscrita en el registro para que oficialmente sea reconocida como del consistorio, según ha explicado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

También está prevista para 2023 la licitación del anteproyecto completo y la redacción del proyecto de ejecución de la primera parte del proyecto, dotada con 50 millones de euros y en el que esperan habilitar el edificio principal en la parcela del antiguo colegio de El Salvador.

El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, ha considerado que lo más “lógico” es que los juzgados de Nicolás Salmerón, plaza del Rosarillo y de la calle San José serían los primeros en mudarse a “la plaza de la Justicia”. “Habría que contemplar también las nuevas necesidades, como que haya salas grandes, salas de juicio para celebrar macrojuicios y que puedan informar mejor”, ha añadido Carranza.

La ejecución de las obras de la primera fase terminarán, previsiblemente, en 2027, y en ese mismo año se redactará el proyecto de la segunda fase. Esta segunda fase —que incluirá el aparcamiento, entre otras instalaciones— se ejecutará entre el 2028 y el 2031.

“Es un compromiso de voluntades en un documento escrito sobre el Campus de la Justicia. El Ministerio ha sido sensible a las demandas de la ciudad y los colectivos implicados”, ha valorado Puente, que en octubre anunció que suspendía la tramitación ante la baja partida presupuestaria.

El Ministerio consignó 200.000 euros para 2023, una partida insuficiente para la licitación del anteproyecto y la redacción del proyecto de la primera fase, que se verá incrementada a través de fondos no territorializados.

El acuerdo incluye la posible reversión de la parcela de vuelta al Ayuntamiento si los plazos fijados tienen una “desviación” de un 30%, siempre que no sea por motivos ajenos al Ministerio como que una licitación quede desierta o que la empresa no cumpla. “Esto es una muestra de buena voluntad y hay que reconocerlo. Es una garantía de que va a salir adelante”, ha manifestado.