Un centenar de jueces, procuradores y miembros de la judicatura se han manifestado este viernes frente a la Audiencia Provincial de Valladolid para mostrar su apoyo a la magistrada de Santa María la Real de Nieva (Segovia), María Sonsoles Sanchidrián Velayos, que fue atacada por un hombre al que había condenado un día antes. La judicatura vallisoletana condena la agresión y reclama más seguridad, sobre todo, en partidos judiciales pequeños.
El presidente en funciones de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, José Luis Ruiz Romero, ha leído el comunicado de repulsa que ha terminado con un aplauso como homenaje a la jueza y a su familia tras la “bárbara agresión” que sufrió a la puerta de su juzgado. “Es terrible que un juez pueda ser agredido por cumplir con su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, han señalado.
Además, como ya hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, los magistrados reclaman “seguridad presencial” en todas las sedes judiciales y especialmente en los juzgados únicos, que se hallan “a merced de ataques”. Romero terminaba el comunicado preguntándose si la agresión podría haberse evitado de haber contado con medidas de seguridad.
A la manifestación ha asistido la jueza Patricia de Blas Pérez, magistrada Juzgado Primera Instancia de Medina de Rioseco, uno de los partidos judiciales de Castilla y León que carece de estas medidas. “Recientemente con el tema de la pandemia nos han instalado un portero automático, pero para controlar el aforo. Es lo único. No hay presencia de seguridad privada ni policial”, explica a las puertas de la Audiencia Provincial.
Según relata De Blas, su juzgado no tiene ni vigilantes, ni arcos de detección de metales, ni cámaras de seguridad. “Es absolutamente deficiente y estamos totalmente desprotegidos”, resume. Asegura que en alguna ocasión han tenido que llamar a las fuerzas de seguridad después, pero que su presencia no es inmediata. “Estamos expuestos. No solo los jueces, también los letrados, otro ciudadanos y los funcionarios de justicia”.