El colectivo Oficina Popular de Vivienda de Valladolid ha presentado este lunes en Valladolid una batería de propuestas que enviarán al Ayuntamiento de Valladolid en materia de alquileres y vivienda para la ciudad. Entre otras, reclaman al consistorio que utilice las herramientas legales a su alcance para expropiar viviendas a los grandes tenedores como bancos y fondos de inversión e incluirlas en el parque público de vivienda.
En una rueda de prensa celebrada en la Plaza de Portugalete, la asociación, que se presenta como herramienta de la clase trabajadora para la universalización de la vivienda, ha anunciado el inicio de la campaña “Casa para todas, paremos la especulación en nuestros barrios”, cuyo objetivo es presionar para que la nueva ley de vivienda estatal no se limite a actuar sobre las zonas tensionadas, tal y como inicialmente se ha propuesto, sino que las medidas de regulación se extiendan a todo el territorio respondiendo a las particularidades y problemáticas específicas de cada zona.
Según han defendido, uno de los aspectos propios de Valladolid es que, al contrario de ciudades como Madrid o Barcelona, la ciudad desde hace décadas se encuentra inmersa en un proceso de pérdida de población, y, sin embargo, se siguen edificando y aprobando planes para construir nuevas viviendas. “Algo totalmente innecesario desde el punto de vista de las necesidades sociales de vivienda y más en un municipio de estas características”, han indicado. En concreto, se han referido al Plan de vivienda de Valladolid 2021-2025 (en proceso de aprobación), donde se prevé la construcción de 2.269 viviendas sólo en el desarrollo de nuevos sectores gestionados por el Ayuntamiento, cuando existen entre 17.000 y 25.000 viviendas vacías en la ciudad.
Que el Ayuntamiento estudie la expropiación legal de las viviendas en manos de estos grandes tenedores no es la única de las peticiones anunciadas, y que esperan presentar al equipo de Gobierno próximamente. También reclaman que se dé alternativas habitacionales para las personas sin hogar de la ciudad, en lugar de apostar por el albergue municipal. Además, que Valladolid destine los recursos necesarios para la consolidación de un parque público de vivienda que permita atender a aquellas personas que han solicitado el alquiler de una vivienda protegida.
La OPV se reunió en el pasado con el concejal de Urbanismo, Manuel Sarabia, de Valladolid Toma La Palabra, y espera poder hacerlo también con otros ediles del PSOE, el grupo mayoritario que forma la coalición que gobierna en la ciudad y con más peso a nivel nacional y autonómico, ya que entre otro de los objetivos que busca el colectivo está que el Ayuntamiento renuncie a comprar viviendas de la SAREB (puesto que estas viviendas ya han sido pagadas con dinero público), así como instar al Gobierno central que cree con ellas un parque público de vivienda, y avance en una regulación del precio alquiler para todo el país.