La Seguridad Social reclama al gigante español Glovo 346.559,42 euros de cotizaciones no pagadas por sus trabajadores de León que han trabajado como 'falsos autónomos' desde que empezó sus operaciones en la ciudad en febrero de 2019.
En la denuncia presentada en los Juzgados de lo Social en el mes de junio, y a la que ha tenido acceso este periódico, se relata que hasta 142 repartidores o 'riders' que han prestado sus servicios a la empresa tenían condiciones “idénticas” y que son las mismas que el Tribunal Supremo ha identificado como probadas para una relación laboral por cuenta ajena. Los gigantes del sector, Glovo y Deliveroo fundamentalmente, acumularon hasta la entrada en vigor de la 'Ley Rider' más de 50 sentencias que obligaban a sus trabajadores a cotizar por cuenta ajena.
En la denuncia leonesa, la Seguridad Social detalla las inspecciones realizadas a Glovo desde que entró a operar en la ciudad, iniciadas en febrero de 2020 hasta octubre del mismo año mediante visitas a las zonas donde habitualmente esperan los 'riders' las órdenes de trabajo. Todos los trabajadores confirmaron estar dados de alta como autónomos y tener contratos con Glovo. La inspección de la Seguridad Social en León concluyó que Glovo imponía unilateralmente todas las cláusulas contractuales y que era titular de los activos esenciales de la actividad, la plataforma tecnológica, por lo que la relación “debe ser calificada como laboral común”.
El primer mes de operaciones de Glovo en León (febrero de 2019) la empresa tenía 30 repartidores, que se incrementaron hasta los 73 activos en octubre de 2020, una cifra que no paraba de crecer mes a mes. En la provincia de León además de en la capital Glovo opera en Ponferrada, Astorga y Bembibre, y en Castilla y León en todas las capitales de provincia y otra media docena de las principales localidades.
En la demanda de la Seguridad Social contra Glovo figuran como codemandados 142 repartidores domiciliados en León y su alfoz, que en algún momento de los 21 meses investigados estuvo trabajando para la empresa con sede en Barcelona. Todos han sido citados para aclarar su relación con la compañía, dentro del procedimiento habitual de la Seguridad Social. El juicio contra Glovo tendrá lugar el 2 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 1 de León.
Una sentencia del Tribunal Supremo en septiembre de 2020 resolvía la controversia sobre la relación de los repartidos de plataformas, en particular Glovo, concluyendo que era 'laboral', por lo que debían abonarse las cotizaciones no realizadas y regularizar su situación.
En mayo del 2021 el Gobierno aprobó la llamada 'Ley Rider', que entró en vigor el pasado mes de agosto aunque las empresas anunciaron que seguirían usando autónomos para sus repartos. La empresa contaba en la entrada en vigor de la 'Ley Rider' con entre 9.000 y 11.000 repartidores autónomos, explicaban a elDiario.es fuentes de la compañía, y anunciando que contrataría laboralmente 2.000 mensajeros para empezar a cumplir con la ley.