La candidata a las primarias de Ciudadanos para presidir la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, concedió más de 400.000 euros en contratos públicos al responsable de las obras de la casa que su marido, el empresario patatero Francisco Javier Meléndez, reformó con todo tipo de lujos. Esa vivienda, ubicada en un pequeño pueblo de Valladolid, supuso una disputa entre Meléndez y sus padres tras ejecutar una ampliación que costó 1.165.390 euros de los que no ha acreditado el origen.
Tal y como informó eldiario.es, el contratista de las obras de ampliación en la casa de los suegros de Clemente, Raúl David Rodríguez Ibáñez, realizó durante una década trabajos para la Consejería de Agricultura primero y para las Cortes de Castilla y León después, durante las etapas en que la entonces dirigente del PP estaba al frente de esas dos instituciones. El montante total de sus facturas abonadas por ambas instituciones entre 2009 y 2018 es de 459.058,14 euros.
Según la documentación a la ha tenido acceso eldiario.es a través de su buzón de pistas anónimas, en la etapa en la que Silvia Clemente era consejera de Agricultura (2007-2015), Rodríguez Ibáñez, como autónomo y también como administrador único de la empresa Reparaciones Rada SL, encadenó contratos menores en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), entidad pública dependiente de Agricultura y también en la propia Consejería. Desde 2009 y hasta 2015, percibió un total de 423.694,98 euros por estas licitaciones.
Rodríguez Ibáñez es amigo de Francisco Javier Meléndez, el marido de Silvia Clemente. Cuando comienza la relación entre ambos, en 2009, Rodríguez Ibáñez empieza a trabajar para el Gobierno de Castilla y León. En ese año, el montante de sus facturas a la Administración regional fue de 116.220 euros. Su primer contrato en el ITACyL, un organismo público adscrito a la Consejería de Agricultura, fue de 15.098,15 euros, para una limpieza de tejados, canalones y bajantes. Detrás vinieron otros de mayor cuantía e incluso duplicados. Según consta en la documentación en poder de esta redacción, cobró dos facturas por el mismo concepto: “Nave almacenamiento Zamadueñas”. Una es de 27.582,76 euros y otra de 28.880,64 euros. Este fraccionamiento evitó que el trabajo tuviese que someterse a un procedimiento de concurso público, al que la ley obligaba en ese momento para adjudicar obras que superasen los 40.000 euros (el tope hoy está en 50.000).
A principios de 2010, momento en el que comienzan las obras de reforma en la casa de los suegros de Clemente, y en las que Rodríguez Ibáñez actúa como contratista, sus trabajos en el ITACyL y en la Consejería de Agricultura que presidía Silvia Clemente le hacen ganar más dinero, en concreto 202.751 euros (122.735 con el ITACyL y 80.016 con la Consejería de Agricultura).
El empresario empezó a facturar en marzo de ese año por “mantenimiento de inmuebles”, cobrando facturas mes a mes de la administración por una cantidad que oscilaba entre los 5.800 y los 5.900 euros. En algunos casos cobró dos veces por el mismo concepto, como en mayo de 2010: en la documentación constan dos pagos por el mantenimiento de inmuebles ese mes, con 100 euros de diferencia.
Estos contratos menores se prolongaron hasta diciembre de 2012, año en que acabó la ampliación de la que entonces era la residencia familiar de Clemente y su pareja. Esa facturación de “mantenimiento” mes a mes y con el mismo objeto explica que esos contratos a dedo no tuviesen que pasar por una licitación pública. Después de 2012 sus contratos fueron disminuyendo considerablemente. En 2013 apenas facturó a Agricultura 1.500 euros.
Desde que Clemente dejó la Consejería de Agricultura, ITACyL no ha requerido de empresas externas para esas tareas de mantenimiento. Según fuentes consultadas por este diario, esas labores se encargan al propio personal aunque a veces se complementa con contrataciones para obras concretas. Por este concepto, y desde que Clemente dejó la Consejería, Agricultura ha abonado aproximadamente unos 12.000 euros al año, una cantidad muy alejada de las facturas que emitía Rodríguez Ibáñez, de casi 6.000 euros mensuales. Antes de 2010, el ITACyL no tuvo a ninguna empresa contratada para el mantenimiento de inmuebles.
La empresa de la que Rodríguez Ibáñez es administrador único, Reparaciones Rada, tampoco había tenido relación contractual con la Junta antes de 2009 y cuando la tuvo, fue con Agricultura en la etapa Clemente. Aunque en el detalle de pagos al que ha tenido acceso este diario aparece uno de 2018 por unas obras de reparación de un falso techo, se trata de una obra contratada en 2015 cuyo importe no se abonó hasta tres años después.
La relación de Reparaciones Rada SL con la Consejería de Agricultura acabó cuando Clemente salió de esta, en 2015, y asumió su siguiente cargo, el de presidenta de las Cortes de Castilla y León. En ese momento, la empresa hizo un pequeño cambio en su denominación comercial para pasar de Construcciones Rada a Construcciones y desarrollo de servicios Grupo Rada.
En las Cortes de Castilla y León no se realizan obras, pero la empresa de Rodríguez Ibáñez sí que ha prestado servicios en los tres últimos años, por un importe algo superior a los 35.000 euros. El contratista pasó de reparar tejados, verjas y muros, a trasladar muebles de un lugar a otro. Se trataba de trabajos bien pagados: en un sólo día le reportaban cantidades superiores a los 5.000 euros.