En 1998 se instaló en Ólvega (Soria) el primer parque eólico de Castilla y León. Veinticinco años después, hay 4.558 aerogeneradores y 260 parques en una comunidad que lidera la producción de energía renovable, con una trama de corrupción pendiente de juicio y un rechazo social en muchos pueblos, que no encuentran en la energía renovable una solución demográfica.
Castilla y León es la Comunidad con más potencia electrónica instalada desde hace más de una década. Según los datos de 2022 de la Consejería de Medio Ambiente, la Comunidad tiene más de 6.600 MW de potencia procedente de la energía eólica. Las plantas eólicas de Castilla y León representan el 22,1% del toda la potencia eólica instalada en España. La mitad de la energía renovable que produce Castilla y León procede de las plantas eólicas, según los datos de la Red Eléctrica Española (REE). Castilla y León genera casi el doble de energía de la que consume.
El director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Heikki Willstedt, califica la de Castilla y León como una “historia de éxito”. “La energía eólica ha puesto a la Comunidad en el mapa mundial. Muchos países tienen menos potencia instalada que Castilla y León”, explica en conversación con este diario. Willstedt destaca la visión del gobierno autonómico, que “impulsó una tecnología cuando no estaba tan desarrollada”.
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) no ha querido atender a este periódico a pesar de sus varios intentos de contactar.
La trama eólica: comisiones para obtener permisos de construcción
De los 260 parques eólicos operativos de Castilla y León, 168 fueron construidos entre los años 2001 y 2010. Pero no todo el sector ha vivido un camino de éxito. Casi diez años después de que la inspección de Hacienda denunciara decenas de millones de euros en comisiones a altos cargos de la Junta a cambio de permisos para construir parques eólicos, continúa pendiente de juicio la trama eólica, el mayor caso de corrupción en Castilla y León.
Algunos altos cargos exigieron a promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización entre 2000 y 2015.
En julio, el Tribunal Supremo daba la razón al principal acusado en la trama eólica, Alberto Esgueva, consejero delegado de la Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006 y el mayor beneficiado en la trama. El Alto Tribunal considera que la primera inspección que dio origen a la investigación judicial no es válida porque se produjo desde Valladolid y no desde Madrid, donde sus empresas tenían la sede fiscal. Esto libra a Esgueva de pagar más de 20 millones en impuestos y da al principal acusado un arma para tumbar todo el procedimiento.
El principal acusado en la trama eólica es el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, que fue alto cargo entre 2003 y 2011. La Fiscalía pide 42 años de cárcel para Delgado y 239 millones de euros en multas. El sumario judicial establece que Rafael Delgado tenía bienes y capital que no se correspondían con los ingresos procedentes de su trabajo en el gobierno autonómico ni con su profesión posterior, que se atribuyen a la “actividad ilícita” relacionada con la trama eólica y el caso de la Perla Negra, por el que Fiscalía pide otros once años de prisión.
Rechazo social en muchos pueblos
La sociedad civil se ha organizado en muchos pueblos en contra de los macro parques eólicos por su impacto medioambiental y gran tamaño (hace años medían 75 metros y ahora se proyectan aerogeneradores de 240 metros de altura). “También hay que tener en cuenta los desmontes necesarios con el riesgo de escorrentías que hay”, explica el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Merindades, David José Díaz, que se muestra “en contra de hormigonar el campo para salvar el planeta”.
“Hay kilómetros y kilómetros de vía aérea de alta tensión y se puede perder hasta el 30% de la energía, pero económicamente conviene a las empresas”, expone el portavoz de la plataforma burgalesa, la provincia con más parques eólicos de Castilla y León.
Hace unos días miles de personas salieron a las calles de Ponferrada para oponerse a la proliferación “descontrolada” de proyectos fotovoltaicos en la comarca del Bierzo, algunos de ellos entre viñedos y parcelas agrícolas y de frutales. De hecho, la semana pasada las Cortes de Castilla y León acordaron instar a la Junta a que impida los parques eólicos y fotovoltaicos en viñedos o cultivos permanentes.
Willstedt comprende que haya cierto rechazo social en los pueblos, aunque subraya que las exigencias y la sensibilidad de las Administraciones Públicas “han aumentado mucho” y por eso apuesta por encontrar un equilibrio, también social. “Los parques dejan dinero en los pueblos a través de los impuestos o del arrendamiento de tierras y con ese dinero los ayuntamientos pueden sufragar parte de los gastos del consumo eléctrico. Hay ayuntamientos que lo están negociando”, asevera.
Desde la plataforma Rural Sostenible, Susana Dávila rechaza la estrategia de descarbonización en beneficio del medio ambiente si ahora “se destroza” la riqueza natural que tienen zonas como El Bierzo, una comarca que está viendo cómo en los últimos años se proyectan muchos parques eólicos y fotovoltaicos.
Algunas plataformas sienten alivio porque varios proyectos se hayan descartado por su impacto medioambiental o por la presión vecinal, como el de Bermillo de Sayago, en Zamora, que de momento está paralizado. “Para la empresa es un chollo alucinante, pero dan migajas”, expresa el portavoz de Otra vez no en Sayago, Delfín Martín, que advierte de un “despliegue especulativo” con la “excusa” del medio ambiente.
El director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la AEE calcula que el plazo medio de tramitación de los parques eólicos suele ser de cinco o seis años. “Hay muchísimos parques en tramitación y algunos ya se están 'cayendo'. En los últimos dos años se ha 'caído' uno de cada cuatro proyectos, y muchos han sido reducidos por las Administraciones”, explica Willstedt.
Martín asegura que el proyecto de Sayago (66 aerogeneradores de 246 metros de altura) no tenía “sentido” en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. “Eso crea cero empleo local, de vez en cuando hay alguien que se acerca a echar un vistazo y ya”, explica el zamorano, que apuesta —como tantos otros— por comunidades energéticas autosuficientes de energía solar.
Los empleos, fuera de los pueblos
El Banco de España abordó la cuestión laboral en un informe de manera específica y concluyó que los municipios en los que se instalan plantas eólicas se produce una reducción del desempleo solo durante su fase de mantenimiento, pero carece de efecto sobre el empleo local. “Es plausible que una gran fracción de los beneficios laborales se acumulen fuera de los municipios donde se realizan las inversiones”, zanja este estudio.
La entidad propone promover comunidades energéticas locales para que los residentes tengan intereses en los nuevos proyectos, reducir los precios de la electricidad para los residentes locales, aumentar los impuestos de los inversores y reservar cuotas para proyectos locales en el sector de energías renovables. El documento de trabajo plantea también que se prioricen los proyectos que proporcionen mayores beneficios para los municipios en los que se instalan los parques eólicos.