El primer mes de funcionamiento de las oficinas antiocupación de Castilla y León ha terminado con 35 consultas, la mayoría de ellas telefónicas. Salamanca, Soria y Ávila no han registrado ninguna incidencia, según los datos proporcionados por el gobierno autonómico. También ha habido 11 llamadas al 012 para preguntar por este asunto y los 125 accesos a la intranet y los 657 accesos a la página web oficial.
La directora general de Vivienda, María Pardo Álvarez. considera que todavía es “pronto” para evaluar la actuación de las oficinas antiocupación porque “muchos” ciudadanos no la conocen.
En la mayoría de los casos, las llamadas las hacían los propietarios que estaban preocupados por una posible ocupación y buscaban información sobre prevención. También criticaban la “falta de herramientas” de las comunidades de propietarios para combatir las situaciones de ocupación ilegal. Apenas ha habido casos en los que ha sido necesario contactar con la Policía o la Guardia Civil, aunque sí se reportaban problemas ante la “inacción” de la Sareb.
Según aclara el gobierno autonómico, el convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y las cámaras de la propiedad urbana no exige contraprestación económica. Estas cámaras son órganos de consulta y colaboración que “promueven el aseguramiento de la propiedad frente a posibles daños del arrendatario”. Cuentan con personal cualificado para “informar y asesorar” a los propietarios. “La pretensión del acuerdo es disuadir la práctica de la ocupación y tratar de generar seguridad en el tráfico jurídico. Incentivar a los propietarios para que pongan en el mercado de alquiler sus viviendas”, explica la directora general de Vivienda, María Pardo Álvarez.
Este era uno de los ejes de gobierno de la coalición PP Vox: “defender la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho”. Esta iniciativa se está extendiendo a otros territorios como la Comunidad Valenciana, Murcia o Madrid (donde no gobierna con Vox). En Extremadura también se está estudiando la creación de estas oficinas.
Estas oficinas arrancaron el 8 de junio con el objetivo de informar sobre la ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. A través de la página web de la Junta de Castilla y León están a disposición del usuario, con preguntas y respuestas sobre cómo evitar la ocupación y cómo actuar en un caso así.
En Valladolid no han recurrido a las Fuerzas de Seguridad en ningún caso
En Valladolid se han recibido diez consultas, pero en ningún caso han tenido que recurrir a las Fuerzas de Seguridad.
La oficina de Zamora ha recibido siete llamadas para preguntar por información general, solicitada por personas que estaban preocupadas por la posibilidad de que alguna de sus propiedades fuera ocupada. También ha habido otras tres personas que han acudido a la oficina para reunirse con el letrado: una ya estaba en vías de solución, otra por una ocupación que acababa de producirse en Benavente —y tras lo que intervino la Guardia Civil— y otra supuesta ocupación, que realmente se correspondía con una estafa de pago de primera mensualidad. Además, la oficina ha recabado información y es consciente de que en Benavente hay más de veinte casos de ocupación ilegal.
La oficina de León ha recibido cuatro llamadas: una persona llamó para solicitar información general, un presidente de comunidad que quería saber cómo podían actuar ante dos viviendas de la Sareb ocupadas; un inquilino cuyo contrato terminaba pero dejaba a otra persona viviendo en esa casa; otro por una vivienda con destrozos que había sido desalojada recientemente y preguntaba por la posibilidad de reparación y desescombro.
En Burgos, cuatro de las cinco peticiones fueron presenciales: dos solicitaban información preventiva y otro preguntaba cómo actuar ante una vivienda pareada ocupada con el consentimiento de uno de los propietarios de la vivienda, ya fallecido. El cuarto preguntaba por una vivienda que no constituía “propiamente morada” y se le informó de un posible delito de usurpación.
Preguntar por viviendas propiedad de una empresa ocupadas
El presidente de una comunidad de propietarios llamó por teléfono a la oficina de Burgos para preguntar por posibles medidas ante las cuatro viviendas propiedades de una empresa que habían sido ocupadas. Esta persona estaba preocupada por la “Inacción” de la empresa y las “molestias y sensación de inseguridad” que tenían los vecinos
En Segovia han preguntado por un edificio vacío de varios propietarios —que están tramitando sus herencias—. “Ninguno ha hecho nada de los herederos de las viviendas, pero saben que están ocupadas porque han cambiado la cerradura del portal y ningún propietario puede entrar al edificio. Se ve que las viviendas están habitadas. Observan que se han ido ocupando progresivamente”, informa la cámara de la propiedad urbana de Segovia, que les ha recomendado interponer una denuncia, que finalmente los propietarios no han puesto.
También han recibido una llamada para saber cómo actuar ante un inquilino muy antiguo que ha dejado de trabajar y ha dejado de pagar la renta y los suministros. Se presentó su abogado por impago de renta y otras cantidades asimiladas; aún no hay señalamiento. Esta situación no es realmente un caso de ocupación y la oficina recomienda que también inste a los servicios sociales por si hay posibilidad de que el inquilino reciba algún tipo de ayuda para solventar su situación.
Piden derogar la Ley de Vivienda
“La propietaria de la vivienda se interesa por la situación actual de la vivienda con la nueva Ley, que considera que tiene que ser derogada en caso de haber cambio de Gobierno con las próximas elecciones, pidiéndonos que esta solicitud se haga llegar a la consejería de la Junta de Castilla y León”, refleja el balance de la cámara de la propiedad urbana.
La Ley de Vivienda que aprobó el Congreso de los Diputados en abril de este año modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje para aquellos tienen 10 o más inmuebles y si hay vulnerables económicos. El objetivo es dar tiempo suficiente a las administraciones para encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables sin limitar ni eliminar los derechos de los propietarios.
En Palencia se han recibido cuatro consultas telefónicas: dos vecinos de una comunidad que tiene varios pisos de la Sareb ocupados mostraban su preocupación y pedían información sobre cómo actuar, incluido por empresas de desocupación. También llamó una persona que estaba tramitando un desahucio (pendiente de resolver) por falta de pago que preveían posibles problemas de ocupación ilegal. La última llamada se produjo tras la publicación de un artículo sobre la visita de la directora general a la oficina de Palencia por un caso de impago del alquiler.
El 19,7% de las viviendas de Castilla y León están vacías (se usan menos de 15 días al año), el 6,9% están casi vacías y el 13,8% tiene un uso esporádico. En 2022 se produjeron 85 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en Castilla y León y se ejecutaron 1.596 lanzamientos, el 4% de todos los lanzamientos que ejecutaron los juzgados españoles, según los datos del Poder Judicial.