El acoso en Castilla y León a las banderas LGTBI: de la guerra en Valladolid al veto de Vox en las Cortes

Valladolid y el resto de Castilla y León han sido uno de los campos de batalla sobre la colocación o no de la bandera LGTBI en los edificios de las administraciones. Este lunes, el Tribunal Supremo ha dado 'luz verde' a que las banderas arcoíris ondeen en los edificios públicos al entender que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”. Los jueces han decidido dar la razón en la colocación a la Diputación de Valladolid y al Ayuntamiento de Zaragoza frente a las denuncias de Abogados Cristianos.

En junio de 2020, tras ponerse la bandera arcoíris en la sede de la Diputación de Valladolid —en el céntrico palacio de Pimentel de la capital— con motivo de la celebración del Orgullo, Abogados Cristianos y Vox pusieron una queja en la institución a los pocos minutos que derivó también en ir a los juzgados. En el escrito señalaban que no se cumplía con la ley de banderas de 1981 que recoge la imparcialidad política de las instituciones. Una semana después, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid mandó retirar, como medida cautelar, la enseña tras la demanda de Abogados Cristianos —que tiene su sede en Valladolid—.

El argumento usado en ese momento bebía de una sentencia de Tribunal Supremo que indicaba que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente” el uso “ocasional” de banderas no oficiales. Abogados Cristianos también se querelló por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar (PP), algo que el juez desestimó.

En diciembre de 2020, un juez condenó a la Diputación de Valladolid por poner una bandera LGTBI en el balcón al considerarla “política e ideológica” y dio la razón a Abogados Cristianos. La sentencia, al igual que para tomar las medidas cautelares, se basa en la aplicación de una polémica jurisprudencia del Tribunal Supremo de mayo de año, que interpretó de manera restrictiva el uso de banderas no oficiales en sedes institucionales en una sentencia, bien sean estas de naturaleza independentista, que era el fondo del asunto entonces, o reivindicativa, como la del colectivo LGTBI.

El juez del Juzgado Contencioso-Administrativo 3 de Valladolid, Francisco Javier Zatarain y Valdemoro, aseguraba en la sentencia contra la Diputación “que la carga ideológica de esta simbología (la bandera LTGBI) no puede ni negarse ni desconocerse si se utiliza la más mínima de las lógicas”. Por ello afirmó, además, que aunque la Diputación alega que no colocó una bandera sino una colgadura cree que esto “no añade ni quita nada al debate”. Y reprocha que “esa colgadura situada en un balcón diferente a aquel en el que se colocan las banderas oficiales no es, sino una simple burla a la soberanía del Tribunal Supremo (aparte de ir contra las propias manifestaciones colgadas en su web que la califica como bandera).

El magistrado aseguró que la Constitución impone “que las administraciones públicas han de actuar con exquisito respeto al mismo, y consecuentemente, cuando decidan colocar cualquier bandera o equivalente, verificar la nula carga ideológica de la misma”. El juez consideró ideológica la bandera de colectivo LGTBI, ya que, según precisó, “la propia RAE en la acepción número 8 del sustantivo bandera la define como 'causa que se defiende o por la que se toma partido', son hechos notorios la apropiación -o si se prefiere lucha política- suscitada en relación con la ideología de género, la situación del colectivo LGTB, que evidentemente precisa de protección para obtener una igualdad efectiva, las agresiones a determinados líderes políticos en las manifestaciones que este colectivo convoca, o la proliferación de recursos ante el Tribunal Constitucional o jurisdicciones ordinarias, frente a decisiones políticas de uno u otro sesgo, etc.”

La sentencia condenó a la Diputación de Valladolid a pagar las costas del proceso, cantidad que limita a 1.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ya en 2022, dio la razón de nuevo a Abogados Cristianos.

La Diputación interpuso un recurso de casación en noviembre de 2023 ante el Tribunal Supremo al conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitía sentencia el 13 de junio de 2022 en la que consideraba que la colocación de la bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera el principio de neutralidad ideológica o política. El Tribunal Supremo admitió el recurso que ha propiciado la sentencia conocida este lunes.

Las banderas LGTBI de Zaragoza y Valladolid “no contradijeron la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, ni quiebra la neutralidad que deben mantener, sino que se inscribe en la línea de las actuaciones que han de llevar a cabo para promover la igualdad”, como recoge la sentencia del Tribunal Supremo.

La Justicia dio también la razón al Ayuntamiento de Valladolid

En 2021 y 2022, Abogados Cristianos trató de hacer lo mismo en el Ayuntamiento de Valladolid que hiciera en la Diputación Provincial. El lobby de 'ultracatólico' cargó contra la colocación de enseñas al entender que se vulneraba el principio de neutralidad ideológica. Para este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a pesar de una sentencia previa sobre el mismo caso en contra de la Audiencia Provincial de Valladolid, sí señalo que la colocación de las pancartas de los colectivos LGTBI y transexual en el ayuntamiento de Valladolid se hizo “acorde al ordenamiento jurídico”

Según las dos sentencias a las que tuvo acceso elDiario.es, el TSJCyL se posiciona a favor de la colocación de las banderas ya que entendió que “los poderes públicos deben fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”.

Lo que parecía una victoria en la ciudad el Pisuerga, pronto quedó opacado. La sentencia del TSJCyL se dictó en octubre de 2023, ya con Partido Popular y Vox al frente del Consistorio. El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, decidió no hacer lo mismo en el balcón del ayuntamiento que PSOE y VTLP a pesar de que el TSJ determinara que es legal. El alcalde aseguró que era una decisión suya, ya que en el balcón solo iba a haber “símbolos oficiales” y no ninguna enseña o cartel de ningún tipo, incluido el repostero de Semana Santa, que se colocó en 2023 pero no en 2024.

El regidor dijo que no había recibido presiones de Vox aunque su teniente de alcalde, del partido de extrema derecha, se jactó de esta decisión. Carnero, como presidente de la Diputación (con mayoría del PP), colgó varias veces la bandera LGTBI en el balcón de la Administración en su etapa entre 2011 a 2019.

En cualquier caso, Jesús Julio Carnero ha anunciado que no colocará la bandera LGTB ni ninguna que no sea oficial en el balcón a pesar del permiso del Tribunal Supremo, algo que el ministro de Transportes y exalcalde, Óscar Puente, ha tachado de “homófobo”.

La alcaldesa de Burgos, contra la bandera LGTBI en edificios públicos

En Burgos el Ayuntamiento tampoco ha colocado desde 2023 la bandera. Sin ninguna sentencia en contra en su ciudad, la alcaldesa Cristina Ayala (PP), defendió que “no se puede colocar en ningún edificio público” aludiendo a una sentencia del TSJ. Todavía con Vox, antes de romper este noviembre, su posición era la de iluminar con los colores frente a colocar en el balcón o en algún edificio anexo municipal la enseña, tal y como reclamaba la oposición del PSOE:

En Salamanca, el PP de Carlos García Carbayo se escuda en que la fachada de la casa consistorial es un BIC y, por tanto, cualquier elemento como una bandera no es posible ubicarlo. El motivo alegado es la protección patrimonial de la plaza y de la fachada, que, sin embargo, el Ayuntamiento no tiene en cuenta en Semana Santa cuando cuelga los estandartes (reposteros) de las cofradías de su fachada. En este caso, con mayoría absoluta y sin necesitar de otros concejales, el Ayuntamiento opta por llevar la bandera LGTBI a la fachada del Teatro Liceo de la ciudad.

La Presidencia de las Cortes de Castilla y León, de Vox, contraria a la bandera

Desde la llegada de Vox a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, se ha apartado del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Pollán (Vox) se negó a mostrar apoyo a la defensa de cualquier colectivo desde la institución para evitar la bandera arcoíris. Para el presidente de las Cortes “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de la ultra derecha chocó con el Grupo Parlamentario Socialista, quien lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI. Esta misma acción se ha realizado desde otras instituciones, como los despachos del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid.

En los tres años en los que Vox atesora la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que accedió gracias al acuerdo con el PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido un año sin polémica sobre la colocación o no de la bandera.

En 2023 Pollán reclamó la retirada de la bandera LGTBI+ y llegó a amenazar con ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que la retirasen, además de emprender acciones legales. Abogados Cristianos también quiso intervenir en contra de esta actuación. El presidente de las Cortes intentó proclamarse vencedor del enfrentamiento dando como una victoria la retirada de la bandera. El PSOE le desmintió y le replicó que fue algo acordado previamente, ya que solo la mantendrían colgada entre el 27 y el 29 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó quitar la bandera LGTBI del parlamento autonómico como pedía Abogados Cristianos.

Este año, el presidente de las Cortes mandó una misiva adelantando que se iba a abordar “la regulación” de los espacios comunes del parlamento autonómico “ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas” que realizaba el PSOE en torno a colgar la bandera

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el expresidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) y ahora secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, ha celebrado la sentencia. Poner la bandera “no solo es legal, es razonable dado que defiende valores constitucionales de igualdad y diversidad. Hoy tenemos un país mejor”, ha señalado en la red social X.

Para el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, “el lobby LGTB ha colonizado el Poder Judicial”. El ahora portavoz de Vox en las Cortes, ha calificado de “demencial” la sentencia y ha agregado que “el verdadero totalitarismo” sigue “su avance”, mientras que “el establishment mediático sigue intentando convencerte de que la amenaza es la 'ultraderecha'”.

Castilla y León tiene una asignatura pendiente en materia de derechos y libertades del colectivo LGTBi. Todavía tiene que crear una ley autonómica y es de las pocas comunidades que no tiene una norma propia. Preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI —prácticamente redactada dos veces cuando se metió en el cajón por la llegada de Vox— la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.