El obispo excomulgado asegura que las monjas cismáticas de Belorado no entregarán las llaves del monasterio

La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, bajo cuya tutela se han puesto las clarisas de Belorado y Orduña, acusa al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la comunidad religiosa a través de la excomunión y quedarse con los conventos, y avanza que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

Así lo ha asegurado en declaraciones a EFE José Ceacero, miembro de la Pía Unión erigido en portavoz de las monjas, quien ha insistido en que las clarisas ya no reconocen la autoridad del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por lo que no van a atender a ninguno de los requerimientos que formalmente les hizo el pasado 6 de junio.

“No van a entregar las llaves y menos con un requerimiento canónico”, ha afirmado, en referencia a la petición de que entreguen una copia de las mismas a Iceta, nombrado comisario pontificio por la Santa Sede, lo que le da plenos poderes administrativos, patrimoniales y religiosos sobre la comunidad, según el Arzobispado.

Ceacero ha recordado que el Manifiesto Católico y, posteriormente, la carta pública han sido la forma en la que las monjas han comunicado su salida de la Iglesia católica, y la prueba de que “ya no reconocen la autoridad del arzobispo” por lo tanto no se van a someter a ella, porque sería una incongruencia.

Las cuentas de las clarisas están “tuteladas”

El Arzobispado de Burgos niega haber “usurpado” las cuentas a la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia), pues el dinero sigue ahí y lo que pidan se les dará, al tiempo que aclaran que los requerimientos para que se presenten ante el Tribunal Eclesiástico tienen plazos de diez y quince días.

Las cuentas de las clarisas están “tuteladas”, han explicado a EFE fuentes del Arzobispado, dentro de las funciones que le corresponden al arzobispo, Mario Iceta, como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, que incluyen la administración del monasterio.

Han insistido en que ni se les ha usurpado el dinero ni se les ha robado, que sigue en las cuentas, de las que se continúan pagando nóminas y domiciliaciones, y que no se les ha dejado sin recursos, pues pueden solicitarlos a través de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.

La comisión delegada que visitó el jueves 6 de junio el monasterio de Belorado contó con una notario, la única a la que recibieron las religiosas, que fue la encargada de hacerles llegar las comunicaciones y los requerimientos oficiales.

El primero de ellos, que las monjas clarisas disponían de dos días hábiles para entregar una copia de las llaves del monasterio para que Iceta, como comisario pontificio, dispusiera de las mismas, si bien ello no supone que les hayan exigido que abandonen el convento.

El plazo finaliza este lunes, de modo que mañana “será tarde”, han insistido las mismas fuentes, que recuerdan que el requerimiento pasa por que entreguen la copia en la notaría pero que podrían hacerla llegar al Arzobispado de otro modo.

10 monjas requeridas ante el Tribunal Eclesiástico

En cuanto a los requerimientos entregados a las religiosas para que respondan de la acusación de delito de cisma, y que ellas mismas compartieron a través de la red social Instagram el pasado viernes, afectan a diez de las quince monjas que quedan en Belorado.

Se ha excluido a cinco, las más mayores y que no se han expuesto públicamente, pero el resto deberán aclarar una a una si ratifican su salida de la Iglesia católica, tal como se anunció el 13 de mayo con la carta pública y el Manifiesto Católico, o si se retractan, pues el Arzobispado insiste en que no se puede excomulgar a un grupo, sino que la excomunión es individual.

Tres de las religiosas, las tres que firman la denuncia contra Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho de libre asociación -entre ellas la exabadesa- disponen de diez días naturales para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico; el resto, de 15 días.

Los tiempos empezaron a correr el viernes 7 de junio, así que los plazos concluyen el 16 y el 21 de junio, y el Arzobispado preferiría que acudieran presencialmente para garantizar que son libres en la manifestación de su parecer, si bien las religiosas consideran que ya han dicho todo lo que tenían que decir.

Excomunión automática

En sus publicaciones en Instagram han insistido en que han sido “claras” en sus manifestaciones y declaraciones: el Manifiesto Católico y su carta pública, su petición de tutela a la Pía Unión Apostólica fundada por el excomulgado Pablo de Rojas, sus declaraciones en redes sociales y los vídeos y las fotografías compartidas.

Todo debería haber tenido como consecuencia, indicaban el viernes, su exclusión del ámbito de aplicación del Derecho Canónico. Y, de hecho, el Arzobispado lo considera causa de delito de cisma, con la pena de la excomunión, cuyo decreto tendrá que firmar Mario Iceta si, pasados los plazos dados, las religiosas no se retractan de todo lo que han dicho y hecho.

El Arzobispado de Burgos reconoce que están viviendo toda esta situación “con cierta pena” pues afirman haber tenido la mano tendida desde el primer momento y el caso acabará en los tribunales, dada la denuncia interpuesta por las religiosas, cuando han querido resolverlo con “diálogo y cordialmente”.

Denuncia que todavía no ha recibido la institución eclesiástica, aunque sí tiene constancia de que De Rojas, y el falso cura José Ceacero han recibido el burofax en el que el pasado 31 de mayo se les exhortaba a abandonar el monasterio de Belorado, y en el que han seguido acompañando a las religiosas.