La Asociación Benito Pellitero ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que exhume el cuerpo de Carlos Pinilla Turiño, sus padres, su hermano y su viuda, enterrados en el convento de las Clarisas de Zamora. Carlos Pinilla fue un gobernador falangista que consiguió ser senador en democracia por Zamora en Alianza Popular entre 1979 y 1989.
Carlos Pinilla fue gobernador civil de León y Zamora, subsecretario de Trabajo, procurador en las Cortes franquistas, delegado nacional de CAMPSA, Inspector nacional de la Vieja Guardia de FET y de las JONS, combatiente de la División Azul... “Fue la máxima figura franquista de la provincia, con un carácter represor”, explica Javier Rodríguez, historiador de la Universidad de León.
“Fue un falangista, adepto al régimen franquista, que participó en el golpe de estado de 1936 y no debe ostentar ningún reconocimiento por ello”, afirma la asociación Benito Pellitero en su petición, a la que ha tenido acceso este periódico. Los historiadores consultados por este periódico se muestran sorprendidos por que todavía queden elementos en su honor, dado que era “el más puro falangista guerracivilista y más radical”.
El presidente del Foro por la Memoria de Zamora, Eduardo Martín, da un ejemplo sobre el comportamiento de este falangista durante la Transición: “Cuando se votó la reforma política para entrar en democracia, Carlos Pinilla se ausentó de la votación. Adolfo Suárez debió de prometerle algún chollo y luego no se lo dio”. Mientras se votaba el proyecto reformista del Gobierno de Suárez, veinticuatro procuradores excusaron oficialmente su asistencia, entre ellos el hermano de Franco y varios miembros del bunker, como Bofill-Gasset, Calviño o Salas Pombo.
“No tiene sentido tampoco que los padres de un falangista fueran enterrados en el monasterio y no en el cementerio”, valora Velasco. Todavía no han obtenido respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. Preguntado por este diario, la Subdelegación asegura que está “en contacto” con el Ministerio, pero no da más información.
Pinilla perteneció al sector más inmovilista de las Cortes tardofranquistas, pero encontró acomodo en la democracia. Fue senador en tres citas electorales: 1979, 1982 y 1986. Pinilla falleció en 1991 y fue enterrado en el convento —como así era su deseo— con todos los honores: representantes políticos, religiosos y vecinos dijeron el último adiós a Pinilla, cuyos restos descansaban en un ataúd de nogal y fabricación italiana, “exacto al utilizado en los funerales de John F. Kennedy y Juan XXIII”, según informaba entonces La Opinión de Zamora.
El monasterio en cuestión daba servicio de lavandería a la Universidad Laboral —que actualmente es un instituto—, impulsada por Carlos Pinilla como subsecretario de Trabajo, bajo el mando del entonces ministro José Antonio Girón de Velasco. La asociación Benito Pellitero ha intentado acceder al testamento del exgobernador civil franquista, pero los historiadores no pueden acceder a los escritos notariales hasta cien años después del fallecimiento, explica el presidente de la asociación.
Pinilla se llevó documentación del Gobierno Civil y destruyó lo que quiso. Chantajeó a rivales del partido único, incluso extorsionó a un dirigente falangista pederasta de Zamora. “Se supo mover realmente bien”, valora Martín, que recuerda cómo Pinilla consiguió incluso el agradecimiento de familiares de fusilados por falangistas, a quienes llegó a ofrecer un puesto de trabajo lejos de Zamora.
La 'banda de Pinilla'
Fue gobernador civil en Zamora, donde tuvo problemas y recaló en León. Allí se llevó a un grupo de falangistas armados zamoranos que eran de su confianza. Javier Revilla es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de León. Él investigó la economía de posguerra y el estraperlo que vivió la provincia en los primeros años de la dictadura. Revilla apunta a una “red de estraperlo” organizada alrededor del gobernador civil, Carlos Pinilla.
El jefe Provincial del Servicio Nacional del Trigo acusó a Pinilla de actuar “al margen de la legalidad” y pidió “la correspondiente sanción a estos agentes o a quien proceda”. Revilla afirma que Pinilla se aprovechó de la autoridad que tenía en el régimen para “hacer negocio” con los productos durante el racionamiento. “No solo es que participara en la represión del otro bando, sino que fue contra todo aquel que no colaborase con él o que se le cruzase por el medio”, expone.
La 'banda de Pinilla' actuaba al servicio del gobernador civil e impuso “la ley del terror en León”, como lo denominó el investigador Carmelo Lucas del Ser. Su influencia era tal que consiguió desterrar a un alcalde de la época de Primo de Rivera y diputado conservador durante la II República, el abogado Francisco Roa de la Vega, que defendió a algunas familias que se vieron presionadas y obligadas a vender sus tierras.
“Pinilla intentó llevar a Roa de la Vega a La Cabrera para poner su vida en peligro, pero él consigue que lo destierren a Segovia”, explica Revilla. La demanda judicial de Roa de la Vega fue respaldada por el fiscal de León, pero fue un asunto que se silenció al llegar al Tribunal Supremo.
El falangista se atribuyó obras y acciones que necesariamente no fueron suyas. “En sus memorias, Pinilla dijo que fue uno de los fundadores de la Falange en Girona, pero no aparece en ningún papel. Se aprovechó de que muchos fallecieron para atribuírselo”, explica el historiador y presidente del Foro por la Memoria de Zamora.
“Pinilla era un cacique. Cualquier obra que había en Zamora se la atribuía él”, explica a este diario el presidente de esta asociación cultural, Eduardo Velasco. En muchos lugares de la provincia todavía se conservan calles y placas en su honor. “La represión fue muy dura en Zamora. En algunos pueblos se ejecutó al 3% de la población... a 25 vecinos en pueblos de 700 habitantes”, agrega Martín.
Todavía tiene una medalla de oro y un barrio en León
Velasco recuerda que hace siete años ya solicitaron a la Diputación de Zamora que retiraran a Pinilla la medalla de oro de la Administración.
Todavía se conserva también un barrio en la capital leonesa al que dio nombre este dirigente franquista. Este barrio fue construido sobre unas tierras cuyos propietarios vendieron esas hectáreas al régimen franquista, aunque no todas fueron por voluntad propia.
Hace diez años, la familia de Luisa Garrido Sánchez solicitó la nulidad radical del contrato que firmó ella en 1943 que aseguró haber sufrido amenazas para vender sus ocho hectáreas. La multaron con una sanción de 10.000 pesetas —más de 7.000 euros— y le amenazaron con imponer la misma sanción por cada día que mantuviera su negativa. El Tribunal Supremo desestimó la denuncia de la familia y rechazó que el Ministerio de Fomento indemnizara con 34,6 millones de euros a los herederos.
Este periódico ha contactado con el bufete de abogados que llevó el caso hace una década y la familia no se ha puesto en contacto con ellos para ver si pueden acudir a la Justicia ahora con la Ley de Memoria Democrática. El bufete advierte de la “inseguridad jurídica” que se puede producir porque entiende que esos delitos habrían prescrito.