Castilla y León tiene 81 días de espera media desde que el paciente solicita la eutanasia hasta que se resuelve

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) reconoce que la eutanasia es un derecho que se va asentando —“Había mucha confusión todavía en el 2022”—, aunque todavía es muy lento. Entre que la persona solicita la eutanasia y la Comisión de Garantías aprueba o deniega esa petición, pasan 81 días de media en Castilla y León (fueron 114 días de media en 2022), una cifra muy superior a la que demanda la asociación, que cree que como máximo debería ser un mes.

La mayoría de las peticiones tardan 62 días (70 días en 2022) en resolverse, según los datos que les ha facilitado la Consejería de Sanidad después de que les diera información insuficiente y recurrieran al Comisionado de Transparencia. Fernando Sanz, integrante de esta asociación, reconoce una mejoría, pero reclama más agilidad a la Administración. En el 2023, se cumplió con el 44% de las peticiones, el mismo porcentaje que en España de media.

Desde que se implantó la Ley de la Eutanasia en Castilla y León (mediados de 2021) y hasta el 31 de diciembre de 2023, 63 personas presentaron una solicitud para fallecer de manera asistida, de los cuales solo se llevaron a término 23 prestaciones. Fernando Sanz, médico de familia jubilado ha puesto estos datos en relación con la población de Castilla y León. “Hemos calculado que hay una tasa de 0,43 fallecimientos por eutanasia por cada mil muertos, la mitad que la media nacional”, ha apuntado Sanz, que ha destacado que hay “enormes diferencias” entre autonomías.

La asociación Derecho a Morir Dignamente advierte que hay otras solicitudes que se 'pierden' porque el trámite no llega a iniciarse por diversos motivos, como que el médico responsable sea objetor de conciencia y no encuentre a otro para que tramite la solicitud. “Conocemos personal sanitario clínico y de gestión que ha hecho esfuerzos magníficos e incluso son punteros en el país sobre cómo organizar la respuesta; pero son iniciativas concretas. No hay una norma institucional. Hemos conocido casos brillantes que han sabido dar respuesta y casos penosos que no se pueden repetir”, ha señalado Sanz.

A su lado, ha intervenido Judit González, cuyo padre falleció como consecuencia de ELA sin siquiera haber podido rellenar el primer formulario de solicitud. Su médico de Familia —tras varios intentos— dijo que era objetor de conciencia y la familia recurrió a la médica especialista, pero el equipo donde lo llevó “nunca se puso en contacto”. “Hablamos con la Comisión de Garantía y nos llamaron un día después de que falleciera mi padre. Perdimos 24 días intentando iniciar el trámite”, ha lamentado González, que no ha podido contener la emoción al recordar cómo su padre había vivido esta enfermedad durante un año.

“El 28 noviembre ya no tenía fuerzas para andar y no se le entendía. Sufrió cada minuto de su vida. El 1 de diciembre murió esa noche solo, algo que jamás debió haber ocurrido. Debemos aprender a empatizar, merecemos poder morir siendo nosotros mismos y no morir atrapados en un cuerpo que ya no refleja quienes fuimos”, ha reclamado Judit González..

Como consecuencia de esta dilación del trámite, la asociación asegura que tiene contabilizados los suicidios de dos personas durante el tiempo que duraba la tramitación y otros dos cuando la solicitud ya estaba admitida pero el proceso no avanzaba. “Es inexplicable y una de las circunstancias que más hace sufrir a las personas”, ha lamentado Sanz.

El decreto del testamento vital tiene “criterios de nulidad”

La asociación Derecho a Morir Dignamente también ha informado negativamente sobre el decreto que la Junta de Castilla y León ha aprobado hace unas semanas sobre el testamento vital y las instrucciones acerca de los cuidados y el tratamiento de su salud. “Describe los posibles contenidos del testamento vital, pero no incluye la eutanasia”, ha señalado Fernando Sanz, algo que considera que pude ser “criterio de nulidad” porque se niega información de un derecho “a propósito” y porque además el decreto publicado en el Bocyl no incluye el formulario o el anexo.

“El modelo es confuso y no queda claro en qué circunstancias se deben tomar las medidas. Hay muchas instrucciones que no podría aplicar porque no están bien fundamentadas. Es difícil de interpretar”, ha reprochado Sanz, médico jubilado, que no ha recomendado utilizar el formulario que ha puesto a disposición la Consejería de Sanidad. “Vamos a recomendar que vayan a un notario o lo hagan ante tres testigos como recoge la Ley”, ha agregado.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha reprochado a la Junta de Castilla y León que “no se esfuerza demasiado” en informar y enseñar a la población sobre los testamentos vitales y que la accesibilidad para registrar estas instrucciones es “muy mala”. “Se le da una pobre consideración a un documento que tiene un enorme interés. Y es algo que tiene que cambiar”, ha reclamado desde la asociación Fernando Sanz.

A pesar de que la Junta de Castilla y León ha asegurado ante los medios que a partir de ahora los testamentos vitales se podrán tramitar en cualquier centro de salud, este punto no figura en el decreto cómo se va a hacer. “Es una chapuza. Alguien tendría que hacerse cargo de esto porque no es de recibo”, ha afirmado.