Incendios forestales

Castilla y León ampliará hasta 12 meses la duración de los contratos de prevención de los incendios

Castilla y León se compromete a ampliar la duración de los contratos de prevención de los incendios: hará fijos a los 780 trabajadores públicos con un contrato fijo discontinuo. Es decir, más del 90% del operativo público pasa a trabajar los 12 meses del año. Sin embargo, esto está pendiente de aprobarse en el convenio colectivo del personal de la Administración autonómica y el de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RTP), en la que negocian otros sindicatos (como CSIF y TISCyL) y la Consejería de la Presidencia.

Habrá que “buscar labores” para personal como los vigilantes de una torre, que no van a estar en su puesto en pleno invierno con el monte nevado, por ejemplo. El acuerdo no especifica qué trabajos realizarán estos empleados, sino que se irá “concretando” para “reforzar el trabajo del operativo”, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las cuadrillas de Tragsa y otras empresas que hayan superado el concurso público —unas 1.700 personas aproximadamente— también ampliarán la duración de los contratos: de 7,6 meses de media pasarán a un mínimo de 9 meses.

Así lo han firmado la Junta de Castilla y León, UGT, CCOO y CEOE en el seno del Diálogo Social, una herramienta que han defendido todas las partes. Además, el gobierno autonómico se compromete a duplicar el presupuesto para 2025 hasta 126,88 millones de euros. En esta cantidad —ha concretado Juan Carlos Suárez-Quiñones— no se incluye el coste del personal, que va aparte y supone 85 millones de euros anuales. 54 millones de euros se destinan a los salarios de los trabajadores públicos y 31 millones al personal contratado por Tragsa y las cuadrillas licitadoras de contratos.

Más cambios en prevención de incendios

Los centros de mando estarán activos todos los días del año las 24 horas del día. El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva: un primer turno de 12 meses en 2023 y un segundo en 2025.

Las cuadrillas terrestres, helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada reforzarán sus dotaciones fuera del verano y trabajarán como mínimo 9 meses al año, lo que permitirá incrementar las superficies sobre las que se realicen tratamientos silvícolas. También se hará un esfuerzo “muy relevante” en materia de formación y se han comprometido a hacer reformas en infraestructuras y mejorar el avituallamiento.

El consejero de Medio Ambiente ha defendido que el avituallamiento se hace “de forma profesional” y ha lamentado que el personal público responsable se ha visto “apesadumbrado” por los mensajes de redes sociales vertidos por perfiles anónimos en muchas cosas con “acusaciones insidiosas y falsas”. Quiñones ha reconocido que “no siempre” las cosas se hacen “bien” y que “puntualmente” puede haber “algún problema”. El consejero ha rechazado que la imagen de un bocadillo con dos rodajas de chorizo, que se hizo viral en redes sociales, sea algo generalizado. “Se establece un protocolo para maximizar los resultados de un avituallamiento correcto y adecuado”, ha afirmado el consejero.  

El responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Fernando Fraile, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo, aunque ha recordado que el sindicato es partidario de que el operativo sea 100% público y que dé servicio los 365 días del año. “Hay margen de mejora y desde este momento seguiremos trabajando en defensa de los intereses y las personas. Estaremos vigilantes para que el acuerdo se cumpla”, ha advertido.

El acuerdo “más difícil” y reproches a Mañueco

El secretario general de la CEOE, David Esteban, ha subrayado que esta ha sido una de las negociaciones en la que las posiciones iniciales estaban “más distanciadas” y ha reconocido la labor del Diálogo Social, sin el que “difícilmente se podría llegar a este tipo de acuerdos”.  

UGT ha asegurado que este ha sido el acuerdo “más difícil” que ha vivido el Diálogo Social con la excepción de los dos extraordinarios de pandemia. “Se ha negociado con Castilla y León en llamas, en un verano aciago con tres fallecimientos”, ha resumido el secretario de Diálogo Social, Raúl Santa Eufemia. El representante sindical también ha criticado que las Cortes de Castilla y León estuvieran “cerradas a cal y canto” mientras se negociaba este acuerdo y dice que habría agradecido que los procuradores hicieran una pausa en sus vacaciones para participar en las negociaciones.

Fraile ha recordado que los acuerdos con las consejerías del PP “se están respetando, cumpliendo y mejorando”, mientras que no es así con las consejerías que gestiona Vox (Agricultura, Cultura y Empleo). “Mientras, Mañueco permanece impasible y con los brazos cruzados”, ha reprochado el responsable de Comisiones Obreras, que ha avanzado que en los próximos días anunciarán junto a UGT actuaciones para reclamar el cumplimiento del Diálogo Social.

UGT ha afeado que la firma del acuerdo haya sido en la Consejería de Medio Ambiente en vez de en Presidencia y ha reclamado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que “empiece a gobernar” y no deje a sindicatos y patronal “a los pies de los caballos de Vox”, un partido “que destroza el consenso”. “Como han pasado las fiestas taurinas y de los pueblos, que coja el timón”, ha reprochado Santa Eufemia.

El consejero de Medio Ambiente ha defendido que el de Castilla y León “es un gobierno unido y único” en el que “priman los intereses generales” de la Comunidad. Unos intereses “que motivan al presidente [Mañueco] cada minuto del día”, ha subrayado.

Exigencias al Gobierno

Juan Carlos Suárez-Quiñones también ha reclamado que los criterios de la financiación autonómica tenga en cuenta el coste de la prevención y extinción de incendios forestales como servicios al territorio por la extensión de las áreas forestales de Castilla y León. El consejero ha asegurado que la práctica totalidad de los fondos destinados a este acuerdo procederán del propio gobierno autonómico, salvo “prácticamente nada” que procede de fondos interregionales de la Unión Europea.

La Junta de Castilla y León se ha comprometido también a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal para que el personal de primera línea sea reconocido como tal y no como manguerista u otra figura profesional.