Castilla y León reclama al Gobierno de España 9 millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, ha llegado este miércoles con esa reivindicación a la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales, una reunión de las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
García ha reconocido echar en falta en la celebración de este consejo, el primero que se celebra y con las elecciones ya convocadas, que se aborde la cuestión de la financiación de la Ley de la Dependencia, más aún cuando es, según la consejera, la primera reunión que Carcedo convoca en este ámbito, aunque en el orden del día no se encuentra esta cuestión, a pesar de que “el Gobierno hizo bandera de la recuperación de la financiación para la Dependencia”.
Por tanto, “las personas dependientes” en Castilla y León “van a dejar de recibir 9 millones de euros”, según ha asegurado García, que ha lamentado el “abandono” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las políticas sociales porque “ha estado más dedicado a cambiar ministros y ministras”. Ese aumento de la financiación, un 6%, fue aprobado por el anterior Gobierno. No obstante, la consejera de Familia ha recordado que Castilla y León es la autonomía del país donde es más eficaz la prestación de esta ayuda.
Lo que sí se ha tratado en este Consejo Territorial de Servicios Sociales que se ha convocado “de forma precipitada”, según Alicia García, ya que ha asegurado que las autonomías apenas han tenido información de los asuntos a tratar, cuestiones relacionadas con el Plan Nacional de Alzheimer y el Plan Integral contra la Violencia Infantil, cuestiones que ya fueron impulsadas por el anterior Gobierno del Partido Popular, tal y como ha señalado la consejera.