Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en la tasa de pobreza infantil severa, con 3,5 puntos más, hasta el 14,1 por ciento, lo que supone la tercera vez que la Comunidad supera la media nacional, que en esta ocasión se sitúa en el 13,7 por ciento.
Así se desprende del análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2023 realizado por la Plataforma de Organización de Infancia (POI), que se ha presentado este miércoles, 18 de septiembre, en Valladolid y está basado en los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Hay menos niños pobres pero los niños que hay son más pobres”, ha advertido la técnico de incidencia del POI, Débora Quiroga, respecto a este “gran incremento” que se ha producido en la Comunidad en tasa de pobreza infantil severa, con el que se convierte en la segunda comunidad autónoma con mayor aumento, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. En términos absolutos, son 47.000 menores los que se encuentran en pobreza severa, 10.000 más que en 2022.
Quiroga ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que este incremento se puede haber producido al no haberse “mantenido en el tiempo” las ayudas temporales que se ofrecieron por la pandemia, que ayudaron a la Castilla y León a “recuperarse” en 20222 pero ahora “han hecho aumentar la pobreza severa”.
En el resto de datos de la ECV relacionados con la infancia, la Comunidad tiene cifras “más bajas” que el conjunto nacional. En concreto, la tasa Arope, que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ha bajado 1,3 puntos en 2023, hasta el 25,5 por ciento, frente al 33,9 nacional. Son 85.000 niños los afectados en la región.
Castilla y León se coloca así como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa Arope, lo que supone un dato “muy positivo”, pero aún “muy alto”, tal y como ha advertido Quiroga, que ha recordado que la media de la Unión Europea se sitúa en el 19,4 por ciento.
Así, ha hecho la misma reflexión sobre la tasa de pobreza infantil, uno de los factores que se tienen en cuenta para calcular la tasa Arope, junto a la carencia material severa y hogares con baja intensidad de empleo (tasa BITH).
En concreto, la tasa de pobreza infantil se sitúa en la Comunidad en un 22,6 por ciento, lo que afecta a 74.000 menores en términos absolutos, frente al 28,9 por ciento nacional. “Estamos hablando que mas de uno de cada cuatro niños en situación de pobreza”, ha precisado.
Incremento de la carencia material
Asimismo, la Comunidad tiene un 7,9 por ciento de infancia en situación de carencia material severa, por debajo de la media nacional del 10,8 por ciento y siendo la cuarta comunidad con tasa más baja de España.
No obstante, se trata del segundo porcentaje más alto registrado en Castilla y León y se ha experimentado un aumento de 1,8 puntos en el último año en este indicador -- el tercero más alto de España, junto a Baleares--, por lo que Quiroga ha pedido “ir con cuidado”. “Es cierto que Castilla y León tiene tasas muy bajas de carencia material severa infantil, pero hay una tendencia al alza desde 2021”, ha avisado.
Por otro lado, según los datos analizados por la POI, el 30 por ciento de los niños castellanoleoneses viven en hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos al vivir sus familias “prácticamente al día”, mientras la tasa de baja intensidad de trabajo en el hogar es del 5,2 por ciento en la Comunidad.
Como conclusión, Quiroga ha subrayado que Castilla y León tiene el cuarto puesto en menor porcentaje de tasa Arope y de carencia material en la infancia, pero ha alertado de su evolución “irregular” y del aumento en pobreza infantil severa, la segunda subida más alta de España, así como de 1,8 puntos en carencia material, el tercero más alto.
Además, ha incidido en que es la tercera vez en la historia que el indicador de pobreza severa infantil supera la media nacional y ha apuntado que si bien Castilla y León cuenta con una renta media por unidad de consumo de 20.109 euros, muy similar a la media nacional, de 20.676 euros, la renta nacional se ha incrementado en el último año en 1.516 euros y la de la Comunidad solo en 992 euros.
Mejorar la renta garantizada y el IMV
Ante ello, el presidente de la POI en Castilla y León, Hugo Abel Díez, ha expuesto una serie de propuestas, como la implementación de mejoras en la Renta Garantizada Ciudadana, la configuración de redes de apoyo, mejor coordinación entre administraciones o vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) al absentismo y el temprano abandono escolar.
Igualmente, ha reclamado garantizar espacios de ocio y educación, desarrollar itinerarios de inclusión social que tengan en cuenta la conciliación, mejorar las ayudas de emergencias o asegurar comedores escolares que permitan “al menos” una comida con proteínas “cada dos días”.
Asimismo, ha reclamado garantizar un sistema educativo “realmente inclusivo”, algo que ve más necesario en Castilla y León, una comunidad envejecida y con numerosas zonas rurales. En este sentido, ha reclamado también accesibilidad para las personas con discapacidad y la apertura de ayudas como el programa Releo al alumnado “sin NIE”.
También, ha demandado un incremento del parque de viviendas públicas, mientras Quiroga ha criticado también el “altísimo coste de la vivienda” que, unido a los “bajos salarios”, hace que “mucha gente dedique el 40 o 50 por ciento de su sueldo al gasto para vivienda”.
“España en general, en parte de vivienda social, no está ni tan siquiera cerca del nivel europeo. Necesitaríamos construir mucho más”, ha apostillado, para abogar también por “mejorar otro tipo de regulaciones, como las relacionadas con pisos turísticos y precios de alquiler y vivienda”.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, ha criticado que España tenga una tasa Arope y de pobreza en la infancia “tan elevada”, así como una tasa de pobreza extrema “muy superior a lo que parecería corresponderse con un Estado social y democrático con este nivel económico y políticas sociales”.
“Es absolutamente inaceptable”, ha dicho, para apoyar medidas que consigan “finalmente de una vez por todas” que España no esté “en esta situación”, “uno de los fallos evidentes del sistema de Estado social y democrático”.