El Colegio de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) ha criticado la ausencia de avances en el ámbito de la podología en los diez años desde la propuesta de adhesión al Compromiso con la Sanidad Pública y ha planteado en concreto la creación e implementación de una Unidad de Pie Diabético en un hospital de tercer nivel “de acuerdo con los criterios de calidad y coste-efectividad que las sociedades científicas llevan demostrando desde hace años”.
Y, tras este primer paso, el Colegio de Castilla y León plantea la posterior y paulatina incorporación de podólogos en todos los niveles de atención mediante la creación de la categoría sanitaria de podólogo.
“Se han cumplido ya 10 años sin que se haya avanzado nada en el ámbito de la podología”, ha lamentado el presidente de los podólogos de Castilla y León, José Luis Muñoz, que ha recordado que en mayo de 2022 solicitó una reunión al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “sin que un año después se haya producido”. “Hoy el Colegio sigue sin ser escuchado ni atendido”, añaden en sus reproches a la Junta de Castilla y León.
El Colegio de Podólogos ha recordado que los podólogos son ya personal integrado en la sanidad pública en Madrid desde el pasado mes de diciembre y ha asegurado que otras comunidades, como Cantabria, Baleares o la Comunidad Valenciana, también han avanzado en este sentido.
Según sus datos, en Cantabria existen dos plazas desde el año 2005 mientras que en la Comunidad Valenciana están presupuestadas en 2023 cinco plazas en hospitales y ocho unidades de pie diabético. Por su parte, en Islas Baleares se ha incluido un podólogo en cada hospital público mediante nombramientos estatutarios de carácter eventual mientras que en La Rioja se ha incorporado un podólogo a la Unidad de Pie Diabético del hospital público con carácter temporal y como laboral para un proyecto de investigación sobre tratamiento y cuidado del pie diabético.
A esto añaden que en Madrid hay una resolución de 2019 en la que aparece la primera plaza de podólogo como personal laboral fijo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y aseguran que en Andalucía, a falta de publicación definitiva, se prevé la creación de unas 18 plazas. Finalmente, señalan que en Cataluña se presta atención podológica concertada con la Administración a las personas diabéticas con patologías vasculares y neuropáticas crónicas en febrero de 2009.
Por todo ello, el órgano colegial de Castilla y León ha reivindicado “la plena incorporación” de la podología al sistema público de salud de Castilla y León para lo que entregó “en su momento” un informe para avalar “un servicio importantísimo a la sociedad” que, según aseguran, supondrá un ahorro económico y una contención del gasto sanitario y mejorará la calidad asistencial a los pacientes “y significará una importante descarga de presión asistencial a otros recursos desbordados por una patología que presenta unas tasas de fracaso terapéutico y morbimortalidad elevadas, debido un manejo inadecuado y a la inexistencia del podólogo en los equipos multidisciplinares que deben tratarla”.
Además, el Colegio de Podólogos ha planteado su colaboración con la Consejería de Sanidad en la persecución del intrusismo profesional y la “irregular actividad de centros no sanitarios que ofrecen servicios de podología sin el pertinente registro sanitario ni los mínimos requisitos de calidad asistencial exigibles”.