Cinco meses de acoso en casa, parte durante el fin del confinamiento. Una familia burgalesa de etnia gitana, con cuatro hijos menores de edad, sufrió entre mayo y septiembre de 2020 persecución por parte de sus vecinas de abajo. La madre y sus dos hijas, que les gritaban “hijos de puta” y “gitanos de mierda” entre otros insultos, ahora han aceptado tres meses de cárcel por un delito de coacciones con el agravante de la motivación antigitana.
La familia, finalmente, tuvo que dejar la vivienda de protección oficial en la que vivía ante el acoso que vivían. “Nuestros hijos tenían miedo de estar en casa, estaban aterrorizados cuando se les caía un boli al suelo”, afirman las víctimas. Los niños entonces tenían 6, 7, 14 y 16 años.
Este martes ambas partes firmaron una conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos. Según informa la abogada de la Fundación Secretariado Gitano, Selene de la Fuente, la Fiscalía pidió en su escrito de calificación también una indemnización a la familia, que finalmente no se ha incluido en el acuerdo. “A la familia no le interesaba el dinero, solo quería que aprendieran que no podían hacerles eso”, apunta.
De la Fuente asegura a este diario que esta no es la primera familia gitana que sufría acoso por parte de estas vecinas, de acuerdo con otros vecinos del edificio.
Escobazos en el techo, insultos y llamadas a la Policía
Las tres mujeres condenadas vivían en el piso de debajo de las víctimas. “Lo primero que les preguntaron fue si eran gitanos y que cuántos hijos tenían”, indica Selene de la Fuente. Los escobazos en el techo del piso (el suelo de la residencia de la familia gitana), las broncas y las llamadas a la Policía por supuestos ruidos eran recurrentes.
Las ya condenadas también les pusieron una carta en el buzón en la que se les llamaba “salvajes” y colgaron un cartel en el ascensor en el que pedían a los vecinos que fueran a su casa para comprobar los ruidos. “Han sido unos meses bastante duros... las señoras les insultaban y los niños no se podían quedar solos a cargo de la hermana mayor”, relata la abogada que ha representado a la familia víctima. “Estaban aterrorizados los niños, no eran capaces de estar solos en casa”, explica Henar, la agente de Policía que ha trabajado en el caso.
Además, una de las acusadas publicó en Facebook mensajes en siete páginas públicas con miles de miembros. En ellos se quejaba de la llegada de “familias numerosas problemáticas de etnia gitana”, lo que derivó en otros comentarios antigitanos de otros usuarios.
Apoyo de Secretariado Gitano y de la Policía Local
La Policía Local de Burgos entró en el piso y comprobó que los ruidos no superaban ningún umbral. Ahí es cuando entró en juego la Unidad de Gestión Policial de la Diversidad y Violencia de Género. De hecho, el Secretariado Gitano conoció este caso a través de los agentes de la Policía Local. Jorge y Henar han sido los policías que han llevado este caso. “Ha sido un conflicto muy largo. Es la primera vez que llevamos un caso por delito de odio que termina en condena y en el que trabajamos en coordinación la Policía Local, las víctimas y las asociaciones”, respaldan los dos.
“Al principio planteamos una mediación policial para apaciguar el conflicto, pero las mujeres no quisieron y no funcionó”, explica el oficial, Jorge. El seguimiento policial, sobre todo al principio, fue telefónico por las restricciones asociadas a la pandemia, o como mucho desde el portal del edificio. El cuerpo recibió “muchísimas” llamadas y correos electrónicos para quejarse de unos supuestos ruidos que nadie más oía.
“Controlaban las entradas y salidas de la casa y escuchaban por el telefonillo. Estaban obsesionadas con los ruidos y utilizaban términos ofensivos e insultos contra ellos y los niños. Incluso cuando la familia tuvo que mudarse, seguían llamando por ruidos pero no vivía nadie allí”, añade Henar, que explica que fueron a comprobar los ruidos también en estas ocasiones.
En el caso de los delitos de odio, a veces las víctimas prefieren marcharse y no interponen denuncia ante la Policía. Por eso los dos policías esperan que este caso anime a otras víctimas a acudir a ellos para “prevenir y perseguir estos delitos de odio”. “La familia ha sido muy valiente por haber denunciado”, expone Jorge.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Festejos y Sanidad, Blanca Carpintero, defiende que la unidad de Atención a la Diversidad trabaja en casos de riesgo de exclusión social, absentismo escolar, menores no acompañados, realiza un seguimiento de personas mayores... El Ayuntamiento está trabajando en una nueva organización del cuerpo de policía local para que sea “más eficientes”, con unidades nuevas como la de delitos medioambientales y viales. “También vamos a intentar asumir, por ejemplo, la mediación extrajudicial”, explica a este diario.