Cuatro millones de euros en el limbo por el retraso en el convenio de nuevos profesores en las universidades de Castilla y León

Cerca de cuatro millones de euros de financiación universitaria se han quedado en el limbo porque la Junta de Castilla y León ha retrasado durante meses la firma del convenio 'Programa María Goyri' con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para contratar más de 400 profesores ayudantes doctor en los próximos seis cursos académicos. El convenio debía haberse firmado a partir de septiembre y hasta el 4 de diciembre para que el Ministerio abonara la parte proporcional correspondiente al 2024; pero como se ha rubricado después, ni Junta ni el Ministerio se ponen de acuerdo sobre qué pasará con esa cantidad.

Hasta este jueves, 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma no ha dado vía libre al acuerdo con el Ministerio, lo que imposibilita el uso del gasto de los meses correspondientes al 2024. En total lo asignado en el convenio para este año ascendía a 3.429.558 euros, dinero que las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León no saben si podrán usar o no, ya que los dos gobiernos discrepan sobre si se podrá disponer de los fondos o no. El Ministerio de Educación ha señalado a elDiario.es que los plazos eran iguales para todas las comunidades y que hay quien firmó en tiempo y forma, como Asturias, y pudo usar ya el gasto previsto y que es responsabilidad de quien no lo ha hecho hasta ahora.

El convenio pretende paliar los problemas de plantilla en las universidades públicas y ayudarlas a cumplir con la Losu, para lo que creará 445 plazas de Profesor Ayudante Doctor entre 2025 y 2031: 178 en la Universidad de Salamanca, 152 en la de Valladolid, 61 en la Universidad de Burgos y 54 en la de León. El convenio firmado tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de prórroga por otros tres ejercicios. El Gobierno de España financiará la contratación de 269 profesores ayudantes doctor y el Gobierno de Castilla y León, por su parte, financiará otras 176 plazas más y tendrá que asumir las nóminas de las plazas pagadas por el ministerio cuando venzan sus contratos, dentro de seis años.

Fuentes universitarias han señalado a elDiario.es que en noviembre la Junta de Castilla y León les confirmó —con reticencia— que firmaría el convenio con el Ministerio después de que las cuatro universidades públicas urgieran a la Junta de Castilla y León para que firmara desde septiembre y poder disponer de los fondos y contratar personal. Hasta la polémica pública de la ministra, Diana Morant, con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León no activó la firma del convenio, ratificada este mismo jueves de forma electrónica por los cuatro rectores y ambos gobiernos.

La Junta de Castilla y León asegura que no pierde financiación

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no se pierde financiación. “Si se hubiera recibido algo en el mes de diciembre de 2024 no se podría imputar al programa ninguna plaza con los requisitos que marca el Ministerio y, por lo tanto, se debería devolver con intereses”, apuntan desde el área que dirige la 'popular' Rocío Lucas.

La Junta de Castilla y León señala que “garantiza” que las plazas de ayudante doctor de las universidades públicas de Castilla y León imputables a este programa estarán cubiertas en el primer trimestre de 2025 “tal y como se ha pactado entre todas las partes y prevé el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria”. En ese momento el Ministerio aportará los fondos necesarios para hacer frente a la financiación de esas plazas y a partir de los siguientes cursos lo hará la Comunidad Autónoma.

La consejera de Educación aseguró en el pleno de las Cortes que han trabajado durante “meses” en el convenio, que se ha firmado tras realizar “unos trámites pendientes”. “En el 2024 no se podían ejecutar porque estamos en noviembre o diciembre y permitirían devolver esos fondos con intereses. Nada de perder fondos, pero tampoco de devolverlos con intereses”, insistió Rocío Lucas, que reconoció que este año [las universidades] no podían convocar ningún personal. “Será en 2025 cuando hagamos las correspondientes contrataciones”, anunció.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que se vaya a renunciar a ninguna aportación del Gobierno. “Lo que hemos decidido con las universidades es que es mejor aplicar del 2025 al 2031 por el importe global. No vamos a renunciar a ninguno de los fondos, lo implantaremos en el próximo año y gastaremos todo lo previsto”, ha rematado el también consejero de Economía y Hacienda, que ha hecho un cálculo en el que no ahonda el propio convenio, al que ha tenido acceso este diario.

18 millones de euros más en 2031

Según las estimaciones de Fenández Carriedo, en el último curso de vigencia del convenio, el Gobierno de España aportará once millones de euros en este programa y otros siete serán abonados por el gobierno autonómico. En el curso siguiente, los 18 millones de euros los pondrá Castilla y León.

Fernández Carriedo ha reprochado que el Gobierno prevea financiar parte de las contrataciones hasta el año 2031, cuando tendrá que pagarlo íntegramente la Junta de Castilla y León. “A partir de ahí, los profesores están contratados y no se les podrá echar; y alguien tendrá que financiarlas. Si el Gobierno no lo hace, tendrá que ser la Junta de Castilla y León, no les va a dejar tirados”, ha manifestado ante los medios, a los que ha insistido, antes de comparar esta situación con la de la Educación de 0 a 3 años: “Estamos viviendo el 'yo invito y tú pagas'. El Gobierno aprueba una serie de normas que implican a comunidades y las comunidades son las que pagan”.

En el parlamento autonómico, el Grupo Socialista preguntaba por esta cuestión a la consejera de Educación. El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, rechazó que las universidades de Castilla y León sean las quintas peor financiadas de España y que todavía no haya desarrollado apartados de la LOSU como la figura del profesor permanente laboral o que el gasto en universidades esté aún lejos de alcanzar el 1% del PIB autonómico, entre otros.

“Ha venido a decir que las 14 comunidades que han firmado han hecho el ridículo. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cómo puede decir a los representantes de todas las comunidades autónomas, que ellos han hecho mal firmando? No han hecho sus deberes y este año al menos van a tener menos dinero del que pudieran tener para el profesorado”, remató el portavoz socialista.