El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes entre 20.215 quejas, un 18,9 por ciento más que el año anterior; 266 investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018, y 135 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a 327 del año precedente.
Así consta en el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado.
En relación con los recursos de inconstitucionalidad, el Defensor presentó dos en 2019: uno contra el polémico apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos, y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León. A lo largo de su historia, ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal.
Respecto a la procedencia geográfica de las quejas recibidas, la institución detalla en su informe que el mayor número de ellas fueros presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915). En el caso concreto de Castilla y León constan 1.269 quejas, la mayor parte, 277, realizadas por ciudadanos de León, con 253 casos en Valladolid, 220 en Salamanca, 156 en Burgos, 115 en Palencia, 69 en Segovia y otras tantas en Zamora, 67 en Ávila y 43 en Soria.
De las quejas presentadas en Castilla y León 233 hacen referencia al área de función y empleos públicos, 168 en estudio, 132 al área de administración de justicia, 92 a centros penitenciarios y 90 a asuntos de interior, con 79 casos de empleo y seguridad y otros tantos sobre educación, además de 52 sobre impuestos y otros 52 sobre servicios públicos.
En esta ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no ha acudido en persona a entregar el informe dada la situación de pandemia.
Al total de expedientes tramitados hay que añadir los ciudadanos que fueron atendidos personalmente, un total de 17.402, de los que 2.501 fueron presenciales y 14.901 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, formuló a las Administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
Situación de pandemia
“Algunas de las resoluciones formuladas a las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar”, ha afirmado Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, “tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad”. Como ejemplos, ha destacado la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.