Una pequeña hoguera ilegal “realizada de forma imprudente posiblemente durante el día anterior” por parte de un ciudadano francés que ha pasado a disposición judicial supuso el origen del incendio registrado este lunes en la zona del pinar de la localidad de Robledo de Sanabria, a apenas un kilómetro en línea recta del Centro del Lobo Ibérico.
Así lo ha confirmado este martes la Junta de Castilla y León tras las labores de investigación realizadas una vez se había asegurado el perímetro del fuego.
El incendio se había detectado a las 11.38 horas de este lunes, tras ser avistadas las llamas desde el puesto de vigilancia de Villarejo. A partir de ahí, “se realizó un rápido y contundente despacho de medios consistente en tres medios aéreos (un helicóptero y dos hidroaviones) de la base de Rosinos de la Requejada, cuatro agentes medioambientales, una cuadrilla helitransportada, una autobomba y una máquina buldócer”.
Todo ello permitió el control del incendio, que afectó únicamente a una superficie de 600 metros cuadrados de pinar. Hay que señalar que solo afectó al estrato inferior del pinar, sin llegar a las copas de los pinos, permitiendo su control a las 13.00 horas. Posteriormente, se incorporaron otra autobomba y una cuadrilla de tierra para labores de vigilancia una vez retirados los medios aéreos del primer ataque.
Desde la Junta han recordado que el uso del fuego en hogueras y fogatas está totalmente prohibido en cualquier época del año en el monte y en su franja circundante de 400 metros con el agravante de que esta es la época estival de peligro alto. De hecho, Zamora está en plena declaración de alerta por riesgo meteorológico debido a la ola de calor que afecta a todo el país.
“Esta grave negligencia puede suponer un hecho delictivo y conllevar responsabilidades económicas muy relevantes para el causante”, han recordado desde la institución autonómica.
El ciudadano detenido por esta causa reconoció haber realizado dicha hoguera durante una acampada de su ruta para calentar su comida, por lo que fue interrogado por parte de la Guardia Civil y quedó a disposición judicial para determinar las posibles responsabilidades penales.
En cualquier caso, el presunto causante tendrá que hacer frente a la cuantía económica que ha representado el despliegue del dispositivo de extinción “que sin duda evitó la generación potencial de un gran incendio forestal”.