El 23% de los castellanos y leoneses del medio rural de Castilla y León está en riesgo de pobreza. Es decir, dos de cada diez ciudadanos que vive en los pueblos está en riesgo de pobreza. El medio rural, principalmente impulsado por los sectores agrario y ganadero, es el más castigado de la Comunidad. Precisamente los trabajadores del campo iniciaron movilizaciones a principios de año para reclamar mejores precios para sus productos.
Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de la población que reside en estos pequeños municipios depende de las pensiones de jubilación o viudedad, generalmente de las más bajas, para poder vivir por encima del umbral de la pobreza.
Aquellos que viven en el medio rural tienen el doble de riesgo que en las pequeñas ciudades como Segovia, Zamora y Ávila, que tienen una densidad intermedia. Así lo asegura el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), que no concreta a qué zonas hace referencia, pero que con una simple búsqueda en los registros de población salta a la vista.
Según el informe 'Políticas públicas para combatir la pobreza en Castilla y León', elaborado a iniciativa propia por el CESCyL con datos de 2017, la tasa de riesgo de pobreza es mayor en el medio rural y en zonas poco pobladas, como la capital de Soria (con menos de 50.000 habitantes y baja densidad). Castilla y León muestra mayores tasas de pobreza en las zonas rurales (23%), frente al riesgo de pobreza del 12,7% de las grandes ciudades.
La 'sorpresa' la dan las pequeñas capitales de Castilla y León, con una densidad intermedia, con las menores tasas de pobreza. Se trata de ciudades como Segovia, Zamora o Ávila, con una densidad superior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado y una población total de 50.000 habitantes o más, que tienen una tasa de riesgo de pobreza del 9,4%, inferior incluso a la media española.
En todos los casos, y especialmente en las zonas de densidad intermedia, las tasas de riesgo de pobreza son menores en Castilla y León que en el total nacional.
Se denomina área densamente poblada a una zona de áreas locales que tiene una densidad superior a 500 habitantes por kilómetro cuadrado, donde la población total para la zona es, al menos, de 50.000 habitantes (Valladolid, Burgos, Salamanca, León y Palencia). El área de densidad intermedia es una zona de áreas locales, que no pertenezcan a la zona densamente poblada, con una densidad superior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado y con una población total de 50.000 o más (Zamora, Ávila y Segovia). El área dispersa comprende todas las localidades que no pertenecen a las zonas anteriores (Soria, entre las capitales, y todo el medio rural).
Ante esta situación, el CES reivindica la importancia de las zonas con una densidad intermedia como las pequeñas capitales de provincia “por las mayores oportunidades de empleo, como factor de máxima importancia a la hora de luchar contra la pobreza y fijar población en el medio rural”.La Institución Propia de la Comunidad cree que desde áreas como Zamora, Ávila y Segovia es desde donde “mejor puede favorecerse una equilibrada cobertura de servicios públicos en el medio rural, esenciales para la calidad de vida y el desarrollo productivo”. Además, subraya, desde estas zonas se puede “aunar estrategias de desarrollo propio y de cooperación entre lo urbano y lo rural”.
Sin embargo, para el CES, la densidad de población no muestra “diferencias significativas en la probabilidad de ser una persona trabajadora en riesgo de pobreza” según se viva en zonas urbanas de densidad media o en áreas rurales, si no que influyen más otros aspectos como el trabajo a tiempo parcial involuntario, la composición del hogar (dos sueldos de dos personas mejor que uno), los estudios o la edad.
El 27,1% de los menores de 16 años está en riesgo de exclusión
Castilla y León registró una tasa de pobreza del 16,1%, inferior a la media nacional (21,5%), que prácticamente afecta al mismo porcentaje de hombres (14,4%) que de mujeres (14,5%). Por franja de edad, los menores de 16 años son los que presentan datos más preocupantes. Castilla y León registra una tasa de pobreza del 27,1%, por encima de la media nacional (26%).
Además, las tasas de riesgo de pobreza son “especialmente altas” en el caso de los hogares unipersonales con un menor a cargo (47,7%) o aquellos hogares de dos adultos con tres o más menores a cargo (45,3%), disminuyendo esta tasa en el caso de que sean dos personas adultas con una sola menor a cargo (3,4%).
Las tasas de riesgo de pobreza en los hogares unipersonales formados por personas de menos de 30 años son de las más elevadas, y superiores a la media nacional, ya sean hombres, (74,6% en Castilla y León y 34,4% en España), o mujeres, (62,7% en Castilla y León y 31,6% en España).
Mayor riesgo entre los inmigrantes
La tasa de pobreza de los inmigrantes es el triple que la de los nativos (35,8% frente a 12,8%), aunque está por debajo de la media española. Eso sí, la pobreza es mayor en Castilla y León entre los inmigrantes extracomunitarios, bien tengan nacionalidad española (tasa de riesgo de pobreza del 45,5% en la Comunidad) o no (61,8%). Normalmente el tipo de trabajos que suelen encontrar este tipo de personas están infrapagados, lo que los empuja hacia la exclusión social. “Al haber obtenido la nacional, se asociaría con una estancia de mayor duración en el país, lo que podría contribuir a una mayor inserción laboral y familiar”, agrega.
“A iguales características, la condición de inmigrante no está asociada con una mayor probabilidad de recibir prestaciones sociales, y cuando existen diferencias significativas es a favor del colectivo autóctono”, subraya el CES, que recuerda que los inmigrantes comunitarios cuentan con toda la documentación legal necesaria, frente a la “existencia de un contingente de inmigrantes en situación irregular”.
Esta institución autonómica ve en la población inmigrante “una solución para los problemas de despoblación” y considera que este flujo “ha supuesto un efecto mitigador y ralentizador de la evolución demográfica en los últimos años”, aunque este colectivo se encuentra “en una posición menos favorable” en el mercado de trabajo.
La Unión Europea ha desarrollado un indicador compuesto de pobreza, que integra la tasa de riesgo de pobreza monetaria (con una renta anual inferior al umbral de la pobreza, unos 8.000 euros) y otros dos indicadores.
El primer indicador es la carencia material severa de bienes. Es decir, cuando las familias no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems siguientes: irse de vacaciones al menos una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; temperatura adecuada en casa; no poder afrontar gastos imprevistos de 650 euros; retrasos en el pago de hipoteca, alquiler, recibos o en otras compras, tener automóvil, teléfono, televisor o lavadora.
El segundo criterio es una intensidad laboral muy baja en el hogar: a 59 años que hayan trabajado menos del 20% de su potencial total.
A partir de estos tres indicadores se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social: estar en riesgo de pobreza monetaria, sufrir carencia material o tener entre todos los miembros una muy baja intensidad laboral