La Junta de Castilla y León calcula que el número de ataques de lobo a la cabaña ganadera se incrementó en 2024 hasta un total de 3.973, lo que supone un aumento del 11% respecto de los ataques registrados en 2023 (3.566 ataques), de un 23% respecto de 2022 (3.237) y de un 47% respecto de los de 2021 (2.694 ataques).
Según ha informado este martes en una rueda de prensa la Consejería de Medio Ambiente, el número de cabezas de ganado muertas por estos ataques fue de 5.985, con un incremento del 8% respecto a las de 2023 (5.567 cabezas); y que son un 10% más que en 2022 y un 39% más que en 2021, año en el que el lobo pasó a engrosar la lista de las especies protegidas no cinegéticas.
Por provincias, Ávila aglutina el 25% de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.525 reses muertas y 37 heridas; seguida de Zamora, con 1.108 animales muertos (19%), y Segovia, con 868 reses (15%).
Asimismo, la provincia de Burgos, con 813 animales muertos (14%), ha multiplicado por 8 los daños respecto del año 2021, pasando de 85 reses muertas en 2021 a 813 reses en 2024.
Preguntado por el motivo por el que provincias como Ávila, que tiene tan solo 15 de las casi 200 manadas de lobos de la Comunidad, es la provincia más afectada, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que esto se debe al carácter principalmente extensivo de su ganadería, que hace más fácil a los lobos atacar a los animales.
“La solución no es estabular a todo el ganado”, ha argumentado el consejero, que ha reconocido que la solución tampoco es “tan sencilla” como hacer una suma y una resta de los lobos que habría que retirar de la Comunidad para lograr ese equilibrio entre el cánido y la ganadería.
Finalmente, el consejero ha cifrado en 4,8 millones de euros las indemnizaciones abonadas a los ganaderos por los daños causados por el lobo en 2024, una cifra “muy superior” a la de años como el 2021, cuando no llegaron al millón de euros.
Por todo ello, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que “cada vez está más injustificada” la decisión del Gobierno de España de mantener al lobo en el listado de especies especialmente protegidas, sin posibilidad de ser cazados, cuando en Europa “la dirección es la contraria”, en alusión a la reciente decisión de la Comisión Europea de reducir el nivel de protección del lobo.
Por ello, Suárez-Quiñones ha avanzado que un total de 13 Comunidades autónomas harán un frente común para solicitar al Gobierno de España que desclasifique al lobo del LESPRE, visto que el recurso que estudia la Audiencia Nacional al respecto podría demorarse en el tiempo.
“Otra opción es que el Gobierno recapacite, haga caso a la corriente europea, y derogue esa orden ministerial”, ha apostillado el consejero, que ha recordado que el PP ha presentado una batería de medidas al respecto que llegarán al Senado y espera que superen el Congreso con el apoyo de otros grupos.
Las opas lo tildan de “catastrófico”
Por su parte, las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), que se han reunido este lunes en la Consejería para abordar estos datos de los ataques del lobo, han tildado la situación de “catastrófica” y han asegurado que, el que está hoy en peligro de extinción es el ganadero y no el lobo.
“Los datos asustan”, ha expresado el representante de Asaja, Donaciano Dujo; mientras que el de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha alertado de que la desaparición de la ganadería extensiva por los ataques del lobo traerá consecuencias mayores, como los problemas derivados con los incendios forestales por no estar los pastos limpios, ha apostillado.