Mil profesores de 53 universidades piden a la ministra que investigue los casos de malas praxis en la investigación

Mil profesores de 53 universidades (46 públicas y 7 privadas) y del l Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) piden a la ministra, Diana Morant, y a la presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE), Eva Alcón, que investiguen los casos de malas praxis en la investigación sobre los que mostró “preocupación” por “cualquier conducta no ética” después de que la editorial Springer empezara a retirar 75 artículos del rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado. El máximo responsable educativo en Salamanca dice estar sufriendo una “campaña de difamación sistemática” y ser “acosado” para que dimita.

La elección de Corchado en mayo de 2024 fue, cuanto menos, polémica, con un tercio del voto que fue en blanco y un proceso electoral exprés marcado también por la dimisión de la rectora en funciones, que se produjo seis días después de que Ricardo Rivero dimitiera, una decisión que tomó dos años antes de que terminara su mandato.

La CRUE fijó su posición respecto a la investigación poco después de la decisión de Springer —dijo que no confiaba en los resultados y conclusiones—, aunque no aludió a este asunto directamente y sí hizo referencia expresa a los cambios en la afiliación principal de investigadores españoles a universidades de Arabia Saudí. El informe externo solicitado por el Comité de Ética de la Investigación aseguraba que Corchado tenía “un entramado editorial” y “una fábrica de publicaciones”. La propia universidad elaboró un informe —encargado al catedrático de la Universidad de León Salvador Rus Rufino y que el Comité de Ética calificó de “muy limitado”— que estableció que las autocitas de Corchado estaban “en los umbrales adecuados”.

En un manifiesto que ha circulado en el ambiente universitario, los profesores solicitan una investigación “independiente y vinculante” dirigida por una comisión integrada por personas “de reconocida trayectoria, con garantías procesales y de publicidad”. “No aclarar los hechos impide la defensa del acusado y afecta a la credibilidad del sistema universitario y de investigación, porque transmite la idea de que las instituciones responsables toleran el fraude y ofrecen impunidad”, reclama el escrito, que se entregará a Morant y Alcón “en los próximos días”.

También instan a crear una instancia estatal con capacidad disciplinaria y sancionadora que controle “el incremento de malas prácticas” y “refuerce” la “integridad y credibilidad” de los sistemas públicos. Los firmantes recuerdan la “autonomía universitaria” y el papel de los gobiernos autonómicos, pero consideran que el Ministerio tene “la obligación de intervenir” porque estas malas prácticas “buscan alterar deliberadamente la competitividad en la concesión de fondos públicos de investigación y el acceso a las plazas”.

El 23% de las personas que suscriben la petición están vinculadas a la Universidad de Salamanca, según los promotores de este manifiesto. Uno de cada tres firmantes son catedráticos y el 27% son profesores titulares de universidad, según confirman a este diario algunos promotores, que calculan que unos mil profesores se han adherido a este manifiesto. Este diario se ha puesto en contacto con el departamento de Comunicación de la Universidad de Salamanca por si quería hacer algún comentario al respecto, pero no ha obtenido respuesta.