La privatización del control ganadero que prepara Vox en Castilla y León enfada a los veterinarios: “Parece una venganza”

La Consejería de Agricultura de Castilla y León, de Vox, está tramitando una orden que pretende flexibilizar el control ganadero, la privatización de las inspecciones y la creación de una figura que coordine los saneamientos ganaderos, una responsabilidad que recae en los jefes de servicio y sección, actualmente funcionarios.

“Les pretenden poner una figura intermedia: un coordinador provincial y un director regional que va a encargarse de lo que les corresponde a ellos. Y eso es un indicio de por dónde van los tiros”, lamenta el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, Manuel Martínez. La agrupación sindical ha enviado varias alegaciones al Proyecto de Orden de la Junta, que también pretende derogar una orden de 2006 que fue anulada al año siguiente.

El Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal) considera que esta orden es “innecesaria” y “un flagrante ataque a los cimientos” de la Sanidad Animal, con la creación de dos cargos: el director regional y el coordinador provincial, que no existen en la estructura orgánica de la Consejería ni en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sivecal pone en duda la legalidad de estas figuras, que “socavan tendenciosamente” las figuras de los jefes de sección y del jefe de Servicio. Su presidente considera que estas figuras “ningunean y arrinconan” a los funcionarios.

“Se abre la posibilidad de que el director regional y el coordinador provincial no sean funcionarios, cuestión que resultaría de una gravedad extrema”, alerta el Sindicato Veterinario. Esto podría abrir la puerta a que los programas de erradicación sean redactados por una asociación de ganaderos o una Organización Profesional Agraria, advierte el sindicato, que no descarta acudir a los Juzgados si la orden mantiene su planteamiento.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez, asegura que no se sabe si estas figuras nuevas estarán por encima de los jefes de servicio y sección o no, y alerta de un posible “problema de relaciones laborales” entre los funcionarios y la Administración. “Esas supuestas funciones son las que tienen los jefes de servicio”, zanja Díez.

La externalización de las inspecciones

La Propuesta de Orden establece también la posibilidad de que veterinarios ajenos a los Servicios Oficiales puedan trabajar en los planes de alerta sanitaria, los programas sanitarios de vigilancia, control y erradicación de enfermedades o en los programas especiales de acción sanitaria “siempre que lo permita la normativa vigente” y se garantice que no hay conflicto de intereses. ¿Cómo se garantizará esto? Con una declaración de que no hay conflicto de intereses.

También será necesario un certificado de colegiación y un certificado de haber superado el curso de formación “en caso de exigirse por el correspondiente plan o programa”. Los veterinarios interesados podrán solicitar su habilitación por internet y la Consejería tendrá tres meses para resolver. El sindicato veterinario se muestra contrario a esta externalización y tampoco hay un apoyo unánime entre los ganaderos.

“Lo que se necesita es incrementar el número de efectivos. Es como si externalizara la Sanidad, como si tuviéramos otra vez que depender de ir al cirujano privado para que nos solucione un problema que debería solucionarse en la Sanidad Pública”, explica Martínez, que cree que en esta ocasión existe “una política de partido” como trasfondo de estas “políticas de liberalización”.

Piden aclarar qué supone un conflicto de intereses

El Colegio de Veterinarios reclama la ampliación de plazas para los veterinarios oficiales, incluso a través de fijos discontinuos o contratos temporales para las situaciones de mayor presión y la contratación de auxiliares de Administración que “liberen de burocracia” a los veterinarios. “También hemos pedido que aclaren qué se considera un conflicto de intereses, porque los funcionarios tienen que hacer el trabajo aunque los jefes no quieran, tienen que hacer cumplir la norma les guste o no”, explica a este diario el presidente del Colegio de Veterinarios.

Desde Upa-Coag, Aurelio González rechaza el “desmantelamiento” de los veterinarios oficiales e incluso el de las empresas externas que habitualmente contrata la Junta de Castilla y León porque a veces tienen “poca experiencia” y además sufren “malas” condiciones laborales y económicas. “Los veterinarios de explotación ya existen, son de la confianza de los ganaderos. Pero la campaña de saneamiento debe realizarse de manera oficial”, defiende González. En Asaja la opinión está dividida: “Hay provincias donde lo ven con buenos ojos y otras en las que prefieren que los saneamientos los haga el veterinario oficial”, apunta Donaciano Dujo. UCCL, que pide “perder el miedo” a la tuberculosis bovina

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), defendía estas habilitaciones porque los profesionales del sector privado “también son veterinarios” y se deben “a los mismos criterios deontológicos”, aunque sí distinguió entre la “potestad pública” que recae solo en los veterinarios oficiales y el trabajo que desarrollen los veterinarios privados como trabajo encargado por la Junta.

Una orden “que se queda corta” para los ganaderos

El coordinador de UPA, Aurelio González, exige una estrategia integral de control de la tuberculosis y unas indemnizaciones “justas”. “El Plan Nacional se queda muy corto: fija 400 euros de indemnización por una vaca que vale mil”, expone.

Asaja, que ha presentado alegaciones al Proyecto de Orden, reclama que faltan muchos puntos por concretar, como quién serán el coordinador provincial y el director regional, o varios aspectos relativos al control de enfermedades. Dujo critica que el saneamiento ganadero se organice de distinta manera en función de la provincia. “Debería estar muy bien atado para que no se deje a la interpretación de ningún funcionario”, afirma.

“La orden se queda muy corta para nuestras pretensiones”, critica el coordinador regional de la UCCL, Jesús Manuel Palacín, que cree que hay cierta “obsesión” por erradicar la tuberculosis, algo “imposible”. “Hay que convivir con la tuberculosis y flexibilizar los protocolos sin que suponga un perjuicio económico para los ganaderos”, lamenta Palacín, que asegura que la tuberculosis “apenas afecta a la productividad de la vaca”, al contrario que otras enfermedades como la brucelosis o la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

Flexibilización en el control de la tuberculosis

La Consejería de Agricultura y Ganadería da la posibilidad al ganadero para decidir qué hacer si en su explotación solo hay animales reaccionantes dudosos a la prueba de la tuberculosis y establece pruebas intermedias para el ganado.

El Colegio de Veterinarios explica que la flexibilidad sanitaria no es tan grande como la que pretendió la Junta de Castilla y León en mayo. “Hay un poco de flexibilidad con pruebas intermedias y se pretenden acortar los plazos para recuperar la categoría de 'libre de tuberculosis'”, explica el presidente del colegio profesional, que considera que las prisas “no son buenas” en este asunto. “Debería ser para casos puntuales en los que haya pocos positivos, esperamos que no sea la tónica corriente”, apunta Luciano Díez, que explica que han añadido una alegación relativa a la necesaria desinfección del cebadero para recuperar la máxima categoría sanitaria.