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El Procurador del Común pide a la Junta la anulación de la declaración de impacto ambiental de la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca

Mina de uranio que explota Berkeley en Retortillo (Salamanca)

EFE

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El Procurador del Común ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León que deje sin efecto la Orden con la que dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto de mina de uranio impulsado por la multinacional Berkeley en la provincia de Salamanca.

A raíz de una queja formulada ante el Procurador del Común, esta institución inició una investigación y requirió diferente documentación, que le ha llevado a concluir que las últimas sentencias sobre esta cuestión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, contrarias al proyecto de Berkeley en los municipios de Retortillo y Villavija de Yeltes, deben conllevar que la Junta deje sin efecto su visto bueno ambiental.

El Procurador del Común recuerda que, con anterioridad, esta institución ya reclamó a la Junta que tomara una serie de medidas tendentes a evitar posibles daños medioambientales y a corregir irregularidades en la aprobación de normas urbanísticas vinculadas a este proyecto en los municipios mencionados.

En su argumentación, la institución entiende que aunque en las sentencias aludidas no se anula formalmente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable aprobada por la Administración autonómica, “sin duda la cuestionan”.

Además, añade que el Consejo de Seguridad Nuclear emitió en el año 2021 un dictamen técnico desfavorable de la solicitud de construcción de la instalación radioactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear “Planta de Concentrados de Uranio Retortillo”.

Por estos motivos, el Procurador del Común concluye que la DIA debe ser dejada sin efecto por motivos medioambientales y urbanísticos, y que, en caso de retomar la empresa el proyecto, se le requiera la tramitación de una nueva evaluación de impacto ambiental por parte de la Administración del Estado.

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